Tras analizar la gestión de la vacunación en España, la comisión de investigación ha concluido que si bien esta experiencia ha de convertirse “en modelo a mantener en las siguientes crisis sanitarias”, también ha tenido algunos aspectos mejorables. Por ejemplo, considera que ha faltado una “mayor” transparencia en los acuerdos de adquisición anticipada con las farmacéuticas o que los “cambios en las especificaciones de conservación o de caducidad” han dificultado el proceso.
Estas observaciones llegan después de que el 2 de febrero de 2021, Más País, Compromís y Nueva Canarias propusieran crear una comisión de investigación para analizar la gestión de las vacunas contra la COVID-19. Y así fue: todas las formaciones políticas del Congreso de los Diputados dieron su visto bueno el 11 de marzo de 2021 a esta comisión, excepto Vox, PNV, PDeCAT, PRC y un diputado de la CUP que se abstuvieron.
Después de su creación, el PP decidió no participar en esta comisión debido a que el PSOE y Unidas Podemos rechazaron su listado de comparecientes, en el que estaban Salvador Illa, exministro de Sanidad, y Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. De esta manera, los populares tacharon de “tomadura de pelo” esta decisión y consideraron de “pantomima” la comisión, según informó Europa Press. Vox y Ciudadanos también renunciaron a participar en este órgano.
Un año después, con un total de cinco sesiones y 25 comparecencias, se ha aprobado el dictamen con sus respectivas conclusiones y recomendaciones. El documento señala que en el desarrollo de la campaña de vacunación frente a la COVID-19 han existido “incidencias puntuales” ante lo que llaman “un escenario de incertidumbre” como es la pandemia. A continuación, se definen las conclusiones y los casos en los que consideran que se han producido dificultades.
¿Cuáles son los puntos negativos que ha observado la comisión de investigación sobre las vacunas?
Según el dictamen de esta comisión, ha habido problemas en el suministro de los fabricantes en los primeros meses de 2021, pues se “exigía una readaptación constante con la planificación del programa de vacunación”. Además, hubo incidencias en los procesos de aprobación y cambios en las recomendaciones de uso de la vacuna, por lo que fue “necesario ajustar de manera continua los modelos de seguimiento y de predicción”.
También se exponen como dificultades en la estrategia de vacunación contra la COVID-19 en España “cambios en las especificaciones de conservación o de caducidad” de las inoculaciones. Aparte de “errores e incidencias asociados a la logística” de esta campaña.
Por otro lado, la comisión de investigación reclama a partir de ahora una “mayor” transparencia en los acuerdos de adquisición anticipada con las empresas farmacéuticas, así como en las inversiones destinadas a la compra de vacunas frente a la COVID-19. De igual modo, se sugiere cambiar los mecanismos de colaboración público-privada entre la Comisión Europea y dicha industria para que se conozcan los procesos de producción de medicamentos y el coste real de estos.
¿Qué aspectos positivos ha habido durante la campaña de vacunación frente a la COVID-19?
Los expertos subrayan que la vacunación “ha sido una experiencia que ha de convertirse en modelo a mantener en las siguientes crisis sanitarias (…) para responder a las necesidades actuales y futuras del Sistema Nacional de Salud”.
Otro aspecto positivo, y que esta comisión espera que continúe siendo así, es el compromiso del Gobierno de España respecto a “una vacunación equitativa” a nivel global, prevaleciendo la salud pública de todos “frente a cualquier interés”. El dictamen señala que, aparte de donar estas inoculaciones, se debe acompañarlas de “otros materiales precisos”, como jeringuillas.
Los comparecientes apuestan por mantener e incrementar la investigación frente al virus SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19 en España mediante financiación pública de proyectos de ciencia e innovación en organismos públicos, como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
¿Cuáles son las recomendaciones que se proponen?
El proceso de vacunación contra la COVID-19 demanda “medidas ordinarias” de farmacovigilancia para el control “adecuado de una campaña de vacunación extraordinaria” de las posibles reacciones adversas a las inoculaciones. Por lo tanto, el dictamen sugiere que la farmacovigilancia debe complementarse con “grandes” bases de datos de historias clínicas y, de esta forma, el control de acontecimientos adversos será “en tiempo real”.
Otra propuesta pasa por “reforzar la confianza” de la ciudadanía en futuros procesos de vacunación. Para ello, los expertos apuntan a “evaluar la necesidad de establecer medidas de acompañamiento a las personas afectadas” por las reacciones adversas de las vacunas, como asistencia médica y psicológica o prestación de servicios de rehabilitación.
Asimismo, se pide impulsar la plataforma COVID-19 Technology Access Pool (C-TAP), que tiene como fin promover la transferencia voluntaria de derechos de propiedad intelectual. Aparte, se apuesta por avanzar en la creación de un sistema de información de vacunaciones, teniendo como referencia la experiencia obtenida con el sistema REGVACU (plataforma para la emisión de certificados de vacunación).
Finalmente, los expertos ven la necesidad de crear una Reserva Estratégica para “garantizar el suministro de aquellos bienes y servicios que sean considerados como de primera necesidad y carácter estratégico”.
Fuentes:
- Congreso de los Diputados – Dictamen de la comisión de investigación relativa a la gestión de las vacunas y el Plan de vacunación en España
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