El PSOE ha registrado en el Congreso una proposición de ley con la que prevé habilitar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como coordinador de servicios digitales en España para, entre otros, cumplir con el reglamento europeo de servicios digitales (DSA, por sus siglas en inglés).
- España designó a la CNMC para supervisar el funcionamiento de las plataformas digitales, pero el organismo no ha empezado a operar, según una respuesta dada a este medio en agosto. La CNMC no puede desempeñar sus tareas en el marco de la DSA, necesitaba que se le nombrase de manera oficial y se pudiera modificar su estatuto para contar con más personal y medios para llevar a cabo las nuevas funciones asignadas.
Ya hay algo similar en marcha. El Gobierno ya presentó, en julio del año pasado, un proyecto de ley (actualmente en fase de enmiendas en el Congreso) que incluía el nombramiento de la CNMC como coordinador de servicios digitales. Este texto incluía otros aspectos relacionados con la regulación de los medios de comunicación para aplicar la ley europea de libertad de medios.
Entre líneas. Al registrar esta Proposición de Ley, el PSOE abre una vía paralela más rápida para cumplir con Bruselas en materia de servicios digitales, evitando que todo el bloque de «regeneración democrática» (que afecta a la prensa) retrase la puesta en marcha de la operatividad de la CNMC frente a las grandes tecnológicas.
Qué dice la propuesta. La iniciativa del PSOE incluye las siguientes medidas:
- Se designa a la CNMC como coordinador de servicios digitales.
- Se dota a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) de poder para vigilar prohibiciones como que no se muestre publicidad basada en datos personales sensibles o que no se cree publicidad personalizada dirigida a menores de edad.
- Se establecen normas para que los jueces puedan ordenar a las plataformas la retirada de un contenido ilegal, incluso si estas tienen su sede en otro país, recayendo en la CNMC la función de transmitir una copia de estas órdenes al resto de coordinadores de servicios digitales europeos.
- Se podrá ordenar la retirada temporal de contenidos ilícitos o suspender temporalmente la actividad de un servicio como medida provisional si existe un riesgo grave de incumplimiento.
- Las plataformas digitales tendrán que aplicar medidas para proteger los derechos fundamentales de sus usuarios, evitar la desinformación, proteger a los menores, combatir la ciberviolencia y la violencia de género, y proteger la salud pública.
- Se crea un listado de infracciones, que podrán ser leves, graves o muy graves, para castigar a las empresas que incumplan las normas. Las plataformas digitales podrán enfrentarse a sanciones de hasta el 6% de su volumen de negocios anual en el caso de cometer una infracción muy grave.
El cambio a la estructura de la CNMC. El texto plantea modificar la ley que creó la CNMC, una norma de 2013, para reformar el organismo.
- Un nuevo departamento. Se propone la creación de la Dirección de Servicios Digitales, encargada de investigar y tramitar todos los expedientes relacionados con las plataformas digitales como podrán ser las reclamaciones de usuarios. Además, la ley establece que este nuevo departamento también asumirá todas aquellas funciones adicionales que expresamente le atribuya su estatuto.
La relación con la DSA. Esta norma está directamente relacionada con la DSA en la medida en que el texto europeo exigía que cada Estado miembro designase a una autoridad responsable de supervisar y regular el funcionamiento de las plataformas y servicios digitales en cada país, a lo que España respondió nombrando a la CNMC.
- Como España no había dotado a la CNMC de los recursos necesarios, la Comisión Europea llevó al país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Próximos pasos. La proposición, que fue registrada este martes en la Cámara Baja, tendrá que someterse a una votación de toma en consideración.
- Para que el texto salga adelante y pueda avanzar en el trámite parlamentario necesitará una mayoría simple de votos a favor por lo que, previsiblemente, el Gobierno necesitará del apoyo de Junts para obtener el visto bueno del texto.
