¿El Estado haciendo cártel contra el Estado? La CNMC sanciona a una empresa pública por amañar el mercado

Este mes, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC, ha sancionado a dos de las principales empresas de servicios de bases de datos de información empresarial en España, con 3,5 millones de euros cada una: Bureau Van Dijk e Informa D&B. En su escrito indica que ambas han formado un cártel para repartirse el mercado a su favor, al acordar el reparto de clientes y la fijación de precios entre ellas. 

La primera, Bureau Van Dijk, es filial de la agencia de calificación de riesgo Moody’s. Esta finalmente no ha tenido que pagar la multa por confesar la pertenencia al cártel. La segunda, Informa D&B, una sociedad mercantil estatal que pertenece a la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), cuyo accionista mayoritario es el Estado español, también ha reconocido su pertenencia al cártel, aunque tiene que pagar los 3,5 millones que le corresponden. 

En su escrito, la CNMC indica que durante 20 años, las dos empresas se han estado reuniendo para intercambiar información sobre clientes, para que no negociasen con los clientes de cada una.  Y también para fijar descuentos y precios de venta sobre sus productos. Estos productos se elaboraban conjuntamente por Bureau Van Dijk e Informa, aportando una el software de análisis y otra la información financiera y comercial.

La actividad del cártel estaba centrada en la comercialización de productos de inteligencia empresarial y de información sobre empresas contenidas en bases de datos, de alcance regional, nacional e internacional. 

• Este tipo de productos suelen ser muy demandados por entidades financieras, aseguradoras, auditores, economistas y consultores, despachos de abogados, así como el mismo sector público. Para hacerse una idea, estos productos sirven para conocer quiénes son los administradores y accionistas de una empresa, así como su información financiera, balances anuales o número de trabajadores.

Ambas empresas confesaron ante la CNMC, en 2021, haber formado este cártel, ya que decidieron acogerse al programa de clemencia. Bureau Van Dijk, y su matriz Moody’s, quedaron exentas del pago de la multa por haber sido la primera empresa en presentar la solicitud de clemencia. Mientras que en el caso de Informa D&B la multa se redujo en un 30% quedando en 3.558.135 euros. La CNMC extendió la sanción a su empresa matriz, CESCE, participada por el Estado en un 50,25%. 

La propia CNMC señala que la empresa estatal, Informa D&B, es “líder” en su sector, ya que según datos que se desprenden del expediente sancionador, la cuota de mercado de la empresa estatal se sitúa en una horquilla entre el 50% y 60%. El expediente de la sanción no cuantifica los contratos públicos y privados se vieron afectados por este cártel, así cómo el beneficio económico que obtuvieron ambas empresas. 

En los últimos ocho años, la empresa estatal sancionada por la CNMC ha recibido 212 contratos públicos

Sin embargo, según un análisis de Newtral con información obtenida del registro mercantil y el Portal de Contratación del Estado, en los últimos ocho años la empresa estatal, Informa D&B, ha sido adjudicataria de 212 contratos públicos, entre sus clientes se hallan multitud de entidades y organismo públicos como es el caso de Correos, la Universidad Complutense de Madrid, Renfe, e incluso el mismo Ministerio de Industria, Energía, Comercio y Turismo. 

Las dos compañías sancionadas comenzaron sus relaciones comerciales en la década de los 90, con la firma de dos acuerdos. En ese momento, no había problema, porque solo Informa D&B comercializaba en España. De hecho, tal y como se desprende de un correo interno de Informa del 28 de agosto de 1997, se indicaba que no debían olvidar que Bureau Van Dijk tenía la intención de “instalar una oficina en España” y que utilizarían “cualquier excusa para saltarse el “acuerdo de caballeros” para quitarles la exclusividad en España.

El “pacto de caballeros” entre ambas empresa se rubrica en 2002

En el año 2002, Bureau Van Dijk abre sus oficinas en España y ambas empresas se reúnen el 16 de septiembre de ese año y alcanzan un acuerdo que afectará a la comercialización de sus productos. En concreto, se acordó que ninguna de las dos empresas podrían negociar con los clientes de la otra, y además fijaron descuentos y precios de venta sobre sus productos.

Bureau Van Dijk aportó a la CNMC un documento de la consejera delegada de su empresa donde se plasmaba el acuerdo. Según el documento, ambas empresas no podían contactar con los clientes potenciales (clientes ‘hot’) de la otra en un plazo de seis meses. Para ello, “cada mes se intercambiarán listas de clientes potenciales”. 

• Ambas empresas no podían tocar a los clientes ‘hot’ de la otra durante 6 meses

Según el correo de la alta directiva, en el caso de que hubiese los potenciales clientes fuesen grandes empresas o conglomerados empresariales, ambas empresas podían acordar, dentro del cártel, descuentos “especiales” para “evitar discusiones de precios difíciles”. En el email se enfatizó que “una parte nunca contactará a un cliente de la otra”.

Como atestiguan los correos electrónicos internos de ambas empresas, recabados por la CNMC, el cártel no siempre pasó por sus mejores momentos. El 16 de enero de 2004 empezó a circular un correo interno de la empresa estatal Informa, en el que reconocían que tenían problemas con Bureau Van Dijk en España:

Estos roces llevaron a que ambas empresas se reunieran el 20 de diciembre de 2007 para rehacer el acuerdo que ya tenían. En este nuevo se precisó que ninguna de las dos empresas podían hacer ofertas que hagan “caer o peligrar acuerdos” que ya hayan contraído cada empresa con sus respectivos clientes.

Acordaron que cada dos meses tendrían que pasarse entre ellas una lista con 25 clientes ‘hot’ (potenciales). Estos no se podrían tocar por la otra compañía en 6 meses. También se unificaron los descuentos que ofrecían cada compañía.

Las discusiones que se producían entre ambas empresas provocaron que en 2010 se modificaran todos los acuerdos. En este se limitaba a Informa D&B a negociar con los clientes y determinar el precio de los productos internacionales. Se acordó que si algún cliente de la empresa estatal mostraba interés sobre los productos internacionales, esta tenía que notificárselo a Bureau Van Dijk y si este cliente estaba en su cartera de consumidores, podía quedárselo Informa D&B.

En 2017 el “pacto de caballeros” empieza a resquebrajarse

En 2017, la agencia de calificación de riesgo Moody’s compra Bureau Van Dijk por 3.000 millones de euros. Moody’s implanta su código ético en la compañía adquirida y este supone un obstáculo en cuanto a su participación en el cártel. De hecho, pocos años después, en 2019, la propia Bureau Van Dijk se acogió al programa de clemencia de la CNMC y confesó todo.

• Sobre el final de este cártel hay dos versiones, para la filial de Moody`s las prácticas terminaron en 2019 (cuando se acogió al programa de clemencia). Por su parte, para la empresa estatal los acuerdos se mantuvieron hasta el 2 junio de 2021 (el mismo día que la CNMC inspeccionó su sede).

Tras su investigación, la CNMC concluyó que ambas empresas habían quebrantado “el correcto funcionamiento competitivo del mercado” y lo han hecho “con un claro objetivo de restringir la competenciao”. Añaden que las prácticas de reparto de mercado y de fijación de precios son de las conductas más graves que puede haber en los mercados. Esta conducta está prohibida expresamente en nuestro país, tal y como marca el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.

Ante la sanción, la empresa estatal alegó a la CNMC que no podían considerarse culpable porque la empresa no era consciente de la ilicitud de sus conductas. Argumentando que se trataba de un caso de comercialización conjunta que podría estar también amparado en la ley. Esta justificación no convenció a la CNMC.

"¿Quién vigila a los vigilantes?"

"Quis custodiet ipsos custodes?" (¿Quién vigila a los vigilantes?), se pregunta Juan Luis Jiménez, Doctor en Economía por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y Profesor Titular en la misma. Para Jiménez, este es el ejemplo de cómo desde el Estado se puede hacer un daño enorme a la defensa de la política de competencia.

“Dentro de lo general, lo que me asombra, me enfada, cómo puede ser que una empresa pública durante 20 años haya formado un cártel para robar a entidades públicas y empresas privadas”, afirma el experto. También se pregunta “Cuánto dinero ha robado este cártel durante 20 años”. A juicio del experto, “el cártel es lo más agresivo en la política de las competencias”. 

¿Qué pasa con los directivos de la empresa estatal sancionada?

El Doctor en Economía recalca que si se consultan los expedientes de las sanciones de los últimos años, se puede apreciar “una tendencia importante a la hora de no solo sancionar a las empresas, sino también en los directivos que han participado en los cárteles”. En este sentido, se pregunta, ¿cómo es, que en esta ocasión no se ha sancionado a ningún directivo del Consejo de Administración de ninguna de las dos empresas sancionadas?

En el caso de Informa D&B, al ser una empresa estatal, el experto se pregunta si su Consejo de Administración conocía las actividades de la empresa sancionadas de la CNMC. Para el Doctor en Economía, el Estado debería de actuar de oficio y “cesar inmediatamente a todos los directivos que participaron en el cártel”, así cómo reclamar ante la Justicia una compensación económica por los daños derivados de infracciones del derecho de la competencia.

El experto entiende que hay bastantes afectados por el cártel y que por ello el Estado y todas las entidades públicas afectadas deberían ir a los juzgados de los mercantiles a denunciar a las empresas sancionadas para ser compensadas.

“El Estado y organismos públicos afectados deberían reclamar a las empresas sancionadas por la CNMC para ser compensadas”

Recuerda que algo parecido sucedió con ‘El cártel de los coches’, un caso que estalló en 2015, cuando la CNMC decidió multar a los principales fabricantes automovilísticos por aliarse para intercambiar información "secreta, futura y estratégica" con la que frenar el desarrollo de coches menos contaminantes. 

Esta sanción motivó que muchos consumidores que compraron un coche entre el año 2006 y el 2013 llevasen sus casos a la Justicia para recibir una indemnización, en función del valor del vehículo. Precisamente, el año pasado, el Juzgado de lo Mercantil n.º 5 de Madrid dictó la primera resolución que reconocía el daño que sufrió un comprador que se vio afectado por el acuerdo de precios, tal y como informó El Confidencial.

Newtral ha contactado a CESCE e Informa D&B para conocer su versión y saber si, tras la sanción, han llevado a cabo alguna medida contra los altos cargos que participaron en el cártel. Ambas empresas explican que la sanción de la CNMC se refiere a la comercialización de productos elaborados conjuntamente por Bureau Van Dijk e Informa, aportando una el software de análisis y otra la información financiera y comercial.

Informan que han tomado "todas las medidas necesarias para poner fin a esta situación" y a tal efecto en abril de 2022 firmaron con Bureau Van Dijk unos nuevos acuerdos de comercialización de estos productos. Precisan que estos contratos han sido enviados a la CNMC "para asegurar el escrupuloso cumplimiento con el Derecho de Competencia, por lo que podemos decir que la situación ya está normalizada". Confirman que no se ha planteado despedir a ningún directivo.