Las claves de la proposición de ley de amnistía: sin indemnizaciones y con un plazo de dos meses para su aplicación

La futura ley de amnistía, pactada entre ERC y Junts per Catalunya con el PSOE, ya está registrada en el Congreso de los Diputados a escasos dos días de la investidura de Pedro Sánchez, donde los votos de los independentistas serán claves.

Los socialistas registraron este lunes en solitario la Proposición de ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña en la Cámara Baja. De este modo, ahora comienza su tramitación parlamentaria por la vía de urgencia, una petición que debe aceptar previamente la Mesa y que sirve para acortar los plazos a la mitad. La iniciativa, que finalmente no recoge el término lawfare, supondrá la anulación de los procedimientos judiciales y de las penas derivadas de los hechos producidos en el marco del procés.

En medio de manifestaciones y protestas. La propuesta se materializa después de la manifestación convocada por el PP el pasado 12 de noviembre en todas las capitales de provincia contra la amnistía y tras una semana de protestas frente a la sede socialista en Ferraz.

Los argumentos del PSOE para defender la iniciativa y que incluye el preámbulo de la norma

Una proposición de ley “impecable”. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática en funciones, aseguró que el documento registrado en el Congreso es “impecable desde el punto de vista constitucional y un paso de gigante para la convivencia en Cataluña”. Además, Bolaños subrayó que “el hecho de que se encargue al Congreso la solución de la mayor crisis política sufrida en décadas es ejemplo de que reforzamos las instituciones y el estado de derecho”.

La futura ley de amnistía pretende alejarse de la unilateralidad. El preámbulo de la norma recoge que “todos los caminos deben transitar por el marco jurídico nacional e internacional”. También destaca como una de las claves que la amnistía no busca beneficiar a individuos concretos, sino que se decanta por el “interés general”, buscando la mejora de la convivencia y de la resolución de “conflictos políticos y sociales arraigados”.

La amnistía no está “prohibida”. El texto asegura que “la Constitución no prohíbe la institución jurídica de la amnistía, sino solo una manifestación concreta del derecho de gracia, como son los indultos generales”. Estos, según la iniciativa, cuentan con “una naturaleza jurídica muy diferente a la que es propia de una ley orgánica de amnistía, al ser el indulto una prerrogativa del Poder Ejecutivo”.

Estas son las claves de la proposición de ley de amnistía

Los episodios que se exoneran desde 2012 hasta 2023

Tiempo de aplicación. La iniciativa sitúa el conflicto independentista desde el 1 de enero de 2012 hasta el 13 de noviembre de 2023 –fecha en la que se presentó la proposición de ley–. Estos casi 11 años abarcan la consulta del 9 de noviembre de 2014 y su preparación, el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y los disturbios tras la sentencia del procés en 2019.

Los actos que quedarán amnistiados y los que no

Delitos que sí entran. La malversación de caudales públicos y la usurpación de funciones, siempre que tengan una relación directa con el proceso independentista, quedarán sin efecto. Asimismo, la norma cubriría los actos de desobediencia y los delitos derivados de las acciones policiales que se realizaron para intentar impedir las consultas de 2014 y de 2017 en Cataluña.

Delitos que no entran. Por su parte, otras de las claves de la iniciativa pasaría por excluir de la amnistía los actos dolosos con resultado de muerte, las torturas, los actos de terrorismo, la traición, los delitos que afecten a intereses financieros de la Unión Europea y los actos racistas.

• Un matiz relevante. La propuesta descartará los actos de terrorismo condenados mediante una sentencia firme, por lo que habrá que ver si las acciones de Tsunami Democràtic y los CDR, que aún se están investigando, entrarían o no en la aplicación de la ley. Una tarea que recae sobre los jueces encargados del proceso.

La iniciativa alcanzará a la responsabilidad penal, administrativa y contable

Responsabilidad penal. El texto recoge que el órgano judicial competente ordenará la “inmediata” puesta en libertad de las personas amnistiadas que se hallen en prisión. También se eliminarán los antecedentes penales que conlleve la condena amnistiada, y quedarán “sin efecto” las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión que correspondan, además de las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención.

• Alzamiento de medidas. La entrada en vigor de la propuesta implicaría el alzamiento, es decir, que quedarían sin efecto, de las medidas cautelares que hubieran sido adoptadas respecto a acciones u omisiones amnistiadas en relación con las personas beneficiadas.

Responsabilidad administrativa. La futura ley de amnistía establece como otra de sus claves el archivo “definitivo” de todo procedimiento administrativo comenzado para hacer efectivas las respectivas responsabilidades administrativas.

Responsabilidad civil y contable. El texto señala que desaparecerá la responsabilidad civil y contable de quienes estén siendo investigados por el Tribunal de Cuentas.

El texto también hace alusión a los empleados públicos y cierra la puerta a indemnizaciones

Antigüedad, sí. La iniciativa determina que los empleados públicos que hayan sido cesados por algún acto relacionado con el procés se reincorporarán en sus respectivos cuerpos. En este sentido, se reconocerá su antigüedad como “si no hubiera habido interrupción en la prestación de los servicios”.

Indemnizaciones, no. Estos trabajadores no tendrán derecho a pedir indemnizaciones ni retribuciones por el tiempo que no han ejercido su actividad, pero se eliminarán las “notas desfavorables” en sus hojas de servicio.

• Indemnizaciones y multas. Una de las claves de la futura ley de amnistía es que no dará “derecho a percibir indemnización de ninguna clase ni generará derechos económicos de ningún tipo en favor de persona alguna”. Tampoco se devolverá el dinero abonado en multas que queden ahora amnistiadas.

Dos meses para que los tribunales apliquen la amnistía

Tramitación “urgente” y aplicación en dos meses. Los tribunales que investiguen o que hayan condenado delitos que queden amnistiados por esta proposición de ley deberán aplicar la amnistía en el plazo de dos meses. Esta se tramitará con carácter “preferente y urgente” por los órganos judiciales, administrativos o contables en cada caso “cualquiera que fuera el estado de tramitación del procedimiento administrativo o del proceso judicial o contable de que se trate”.

• Aplicación. La amnistía deberá aplicarse por los órganos judiciales “en cualquier fase del proceso penal”, o bien a instancias de parte o del Ministerio Fiscal.

Otras cuestiones del texto

Modificación del Código Penal. A partir de ahora, se incluirá la amnistía entre los casos de extinción de la responsabilidad penal. De esta manera, si el artículo 130 del Código Penal comprendía la desaparición de la responsabilidad criminal por el indulto, ahora se añade la amnistía.

Reforma de la ley del Tribunal de Cuentas respecto a la responsabilidad contable. Otra de las claves de la futura ley de amnistía también modifica el artículo 39 para indicar que “quedarán exentos de responsabilidad quienes hubiesen cometido actos que hayan sido amnistiados”.