Claves de la multa de 30.001 euros a Yelmo Cines en País Vasco por prohibir el acceso con comida del exterior

El Instituto Vasco de Consumo, Kontsumobide, ha impuesto a Yelmo Cines una multa de 30.001 euros por impedir a los clientes el acceso a sus salas en la comunidad con comida y bebida adquirida en el exterior de sus establecimientos.

El organismo autonómico inició en enero una investigación hacia la compañía de cines tras recibir varias reclamaciones presentadas por ocho particulares y las denuncias interpuestas por la Asociación de Personas y Consumidoras y Usuarias Vasca (EKA/ACUV) y Facua-Consumidores en Acción, al considerar que Yelmo Cines incurre en una práctica de carácter “abusivo” e “ilegal” hacia sus usuarios.

• Ambas asociaciones defienden que la actividad principal que presta Yelmo Cines es la exhibición de películas y no la restauración, por lo que consideran que la empresa no puede acogerse a este motivo “para impedir la entrada con comida y bebida del exterior cuando, además, dentro del propio recinto pueden adquirirse alimentos”.

Por su parte, desde Yelmo Cines han explicado a Newtral.es que el procedimiento de multa en el País Vasco “continúa en curso” y que por el momento “no hay una resolución firme” de sanción hacia la empresa. 

• Además, defienden que su actuación en relación con limitar la introducción de alimentos y bebidas del exterior en los cines en los que operan estaría amparada por el artículo 51.3 del Decreto 17/2019, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento regulador del derecho de admisión en espectáculos públicos y actividades recreativas en la comunidad autónoma.
• Esta normativa incluye como condiciones específicas de admisión las “limitaciones de entrada y salida del espectáculo o actividad cuando las actividades ya estén iniciadas antes de su finalización” y “los límites al consumo de bebida o comida”, entre otras.

¿Por qué las asociaciones de consumidores están a favor de imponer una multa a Yelmo Cines?

Facua-Consumidores en Acción señala en un comunicado que la cadena cuenta en sus establecimientos de todo el país con carteles en los que recoge que “la compañía no permite el acceso a estas instalaciones con alimentos y/o bebidas adquiridas fuera de Yelmo, reservándonos por tanto el derecho de admisión” y se acoge a la ley de cada comunidad autónoma. La empresa muestra un mensaje similar en su página web al vender entradas para muchas de sus salas.

En este sentido, la asociación considera que con este comportamiento por el que ha sido multado, Yelmo Cines estaría llevando a cabo una “cláusula abusiva” hacia sus clientes, recogida en el artículo 82.1 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que establece como tales todas aquellas prácticas que causen “un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato”.

• Además, la asociación indica que Yelmo Cines “pretende ampararse” en el ejercicio del derecho de admisión, algo que, consideran, “no puede ejercer” como si sus establecimientos se tratasen de restaurantes. “La actividad de exhibición cinematográfica existe con independencia de que la empresa ofrezca un servicio de ambigú, no requiriendo a este para la existencia de aquel”, añade.

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Facua-Consumidores en Acción ha presentado reclamaciones similares contra la empresa en otras comunidades autónomas

Rubén Sánchez, portavoz de Facua-Consumidores en Acción, explica a Newtral.es que Yelmo Cines estaría cometiendo esta prohibición en todas sus salas del país, algo que califica de una “práctica ilegal que no debe hacerse en ninguna comunidad”, salvo en aquellas “cuya normativa de espectáculos sí lo permite”, como ocurre en el caso de Galicia.

Sánchez indica que desde la asociación han denunciado a Yelmo Cines por este mismo motivo ante las autoridades autonómicas competentes de Andalucía, Madrid, Cataluña y Canarias, además del País Vasco, donde se ha impuesto una multa no firme por el momento sobre la empresa.

Asimismo, el portavoz de Facua- Consumidores en Acción señala que este tipo de denuncia llegó a ser impuesta también ante el Ministerio de Consumo que lideraba Alberto Garzón en la última legislatura “al tratarse de una práctica que ocurre en toda España”. Sin embargo, señala Sánchez, al no haber obtenido contestación por parte del Gobierno a la reclamación, posiblemente volverán a trasladar su petición al nuevo Ministerio de Derechos Sociales y Consumo.