La Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno se publicó el 9 de diciembre de 2013 y entró en vigor al día siguiente, con el objetivo de regular la información que las entidades públicas deben poner a disposición de la ciudadanía. Analizamos las claves de la ley de transparencia en su décimo aniversario.
¿Por qué es importante? La ley desarrolla el derecho de los ciudadanos al acceso a los archivos y registros administrativos, previsto en el artículo 105 de la Constitución. Su objetivo es ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, así como establecer los estándares de buen gobierno que deben cumplir las administraciones públicas.
¿A quién afecta? La ley se aplica a todas las Administraciones públicas y a todo el sector estatal, así como a otras instituciones, como el Congreso de los Diputados, el Senado, la Casa Real, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional, el Banco de España, el Defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuentas, así como a las instituciones equivalentes a nivel autonómico y a las entidades de la Administración Local.
Puntos clave de la ley de transparencia:
- Publicidad activa: las entidades sujetas a la ley deberán publicar de forma “periódica y actualizada” la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad.
- Límites del acceso a la información: se establece como causa para limitar el acceso a la información que su publicación pueda suponer un perjuicio para la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores o la seguridad pública, entre otros aspectos.
- Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: se crea este organismo, adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, encargado de velar por el cumplimiento de la ley de transparencia. Para ello, puede dictar resoluciones o establecer medidas, entre otras funciones. El consejo está formado por el presidente, un diputado, un senador, y representantes del Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, la Agencia Española de Protección de Datos, la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).
- Portal de la Transparencia: la ley introduce la figura del Portal de la Transparencia, dependiente del Ministerio de la Presidencia, y mediante el cual los ciudadanos pueden solicitar información relativa a las instituciones públicas estatales. El plazo de respuesta para resolver las solicitudes es de un mes, ampliable a otro mes si es necesario por el volumen o la complejidad de la información. Además de este portal, existen otros similares a nivel autonómico y municipal, como el del Ayuntamiento de Madrid o el de la Generalitat de Cataluña.
Ojo al dato: Desde 2015, cuando el Portal de Transparencia comenzó a registrar las solicitudes, hasta octubre de 2023, últimos datos disponibles, ha recibido 66.587 solicitudes de información, de las cuales ha tramitado 65.025.
- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
- Portal de la Transparencia
El Consejo es un órgano unipersonal dirigido por su Presidente. Han confundido el Consejo con la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno.
No está adscrito al Ministerio de Hacienda sino vinculado porque es independiente.
Hay que enterarse mejor...