El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este sábado 10 de octubre el anuncio de la compra de cinco millones de test rápidos para la detección de SARS-CoV-2 por el Ministerio de Sanidad. El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), responsable de la compra, encargó el pasado 30 de septiembre el lote de cinco millones de pruebas rápidas por valor de 22,5 millones de euros a la empresa Abbott Rapid Diagnostics Healthcare S.l.
Se trata de un tipo de test que reduce mucho el tiempo de espera entre la prueba y el resultado. Con una sensibilidad del 93,3% y especificidad (que no se confunda con otro patógeno) del 99,4%, estos tardan hasta 15 minutos en confirmar un positivo en COVID-19.
En el BOE del 10 de octubre también se anuncia la compra de PROPOFOL, un medicamento “necesario” para tratar a los “pacientes críticos en las UCI para hacer frente al COVID-19”. Por 74.100 euros, INGESA ha adquirido un “suministro” del medicamento (sin especificar la cantidad concreta) a la empresa Fresenius Kabi.
El PROPOFOL es un agente anestésico por vía intravenosa de corta duración (“entre 30 y 40 segundos”, según recoge la página oficial) que se utiliza para sedar a “pacientes con respiración asistida en Unidad de Cuidados Intensivos”. También se usa en procesos quirúrgicos.
Un recurso contra el Reglamento de Armas
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso interpuesto por la Asociación Nacional del Arma (ANARMA) contra la modificación del Reglamento de Armas (Real Decreto 137/1993). Según se anunció en el BOE del 5 de agosto de 2020, el fin del cambio en la normativa era “trasponer la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo” y “combatir el uso indebido de armas con fines delictivos y habida cuenta de los recientes atentados terroristas”.
De esta manera, se introdujeron dos tipologías nuevas de armas “dado el elevado riesgo de su transformación en verdaderas armas de fuego”: las acústicas y de salvas. Se trata del armamento de fuego que haya sido transformado para ser utilizado con “cartuchos de fogueo en recreaciones históricas, filmaciones, artes escénicas y espectáculos públicos”.
Se aprueba el plan de emergencia radiológica en Castilla y León
Además, el BOE también recoge la publicación del convenio entre el Consejo de Seguridad Nuclear y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León por la cual se aprueba un acuerdo para la “planificación, preparación y respuesta ante situaciones de emergencia radiológica”.
De esta manera, se crea una comisión de seguimiento formada por seis especialistas (tres elegidos por la Consejería y tres, por el Consejo de Seguridad Nuclear) y se establecen los pasos a seguir en caso de situación nuclear grave en la región.
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