El ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, anunció el miércoles 31 de enero la intención del Gobierno de cambiar la ley para “prohibir” que la Administración requiera a los ciudadanos pedir una cita previa obligatoria para ser atendidos.
¿Qué anunció Escrivá? “Para reforzar la confianza de los ciudadanos en la administración pública tenemos que poner fin a la cita previa obligatoria”, anunció Escrivá. “Para ello se requiere un cambio normativo del artículo 14 de la Ley de procedimiento administrativo común de la administraciones públicas” para que la norma refleje “claramente” que para interactuar con la administración “no hace falta tener una cita previa con carácter obligatorio”. De esta forma, según indicó el ministro, “el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos será por el canal que cada uno elija”.
¿Qué dice el artículo 14? El artículo 14 regula los derechos y obligaciones que tienen los ciudadanos a la hora “de relacionarse electrónicamente” con las Administraciones públicas. Tiene tres epígrafes.
- El primero indica que “las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos o no”.
- El segundo, enumera los sujetos que sí están obligados a relacionarse con la administración a través de medios electrónicos.
- El tercero permite a las Administraciones establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos si así lo necesitan.
¿Cómo cambiará la ley el Gobierno y a quién afectará? Escrivá no dio detalles sobre el desarrollo normativo de este anuncio para poner fin a la cita previa obligatoria.
“Esta ley hay que modificarla y veremos cómo la traemos al Parlamento lo antes posible”, declaró. Cuestionados al respecto, fuentes del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública informan a Newtral.es que este cambio legislativo se hará “añadiendo un cuarto punto al artículo 14 y afectará a todas las administraciones a todos los niveles, Administración General del Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos”.
¿Cómo está regulada ahora la cita previa? Según los expertos consultados, el problema es que esta norma tiene un vacío legal que ha permitido a los organismos públicos y administraciones aprobar la cita previa obligatoria.
“La cita previa carece de habilitación legal básica e incluso en las leyes de la Administración General del Estado no aparece, la cita previa obligatoria se puso durante la pandemia por normas reglamentarias, o simplemente a través de circulares e instrucciones”, explica a Newtral.es Carlos Amoedo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad da Coruña. De la misma forma se expresa Diego Gómez, abogado especialista en Derecho Administrativo. “Desde la pandemia hasta ahora, los organismos públicos han requerido la cita previa obligatoria y se ha dado en España una situación completamente irregular porque las Administraciones no tienen habilitación legal expresa para imponerla, ni existe una previsión legal expresa que regule el requerimiento de cita previa obligatoria para poder ser atendido”. También lo explica a Newtral.es José Vida, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid. “Con la modificación del artículo 14 el Gobierno pretende prohibir su obligatoriedad. Es decir, garantizar a los ciudadanos que no se les obligará a obtener cita previa para relacionarse con la Administración“. En cualquier caso, “no significa que desaparezca la cita previa, sino que se excluye su obligatoriedad“, insiste Vida.
- Contexto. Como explican los expertos, la cita previa obligatoria no está prevista en la legislación. De esta forma, esta práctica se extendió durante la pandemia para poder gestionar la atención no presencial de los ciudadanos que debían cumplir con las exigencias sanitarias impuestas para frenar la propagación del virus. Sin embargo, cuando el coronavirus remitió, este sistema se mantuvo.
Incluso la propia Seguridad Social requería solicitar cita previa para realizar trámites, como contamos en Newtral.es. Una práctica que crea colapsos importantes en la administración, como `contó una investigación de Civio. Los periodistas mapearon el acceso a la Seguridad Social buscando cita tres veces al día durante dos semanas del mes de marzo del 2023 y concluyeron que “en 43 de las 414 oficinas abiertas no había ninguna para gestionar pensiones, la cifra subía a 63 de 394 para Ingreso Mínimo Vital; y, cuando sí la había, la mitad de veces era para, como mínimo, dos semanas más tarde”. Además, la proliferación de la obligatoriedad de citas previas para ser atendido abrió la puerta al fraude. En concreto, el negocio se desató con los trámites relacionados con Extranjería: una red que bloqueaba el sistema de citas, las conseguía y luego las vendía a través de un intermediario.
- Diego Gómez, abogado especialista en Derecho Administrativo
- Carlos Amoedo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad da Coruña
- José Vida, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid
- Ministerio de Transformación Digital y Función Pública
- Intervención de Escrivá en la comisión de Hacienda y Función Pública
- Artículo 14 de la Ley de procedimiento administrativo común de la administraciones públicas
- Investigación de Civio: «Las colas invisibles de la Seguridad Social: ni un robot consigue encontrar cita previa»
Es de muy poca consideración que surja una incidencia,te acerques a una oficina pública y te cierren la puerta. Que mendigues una cita al guarda de seguridad y que salga diciendo que es obligatoria atención con cita, que la dan para otro dia.
Tienes que solicitar hoja reclamaciones y vuelve a preguntar al funcionario de turno.
Una vez atendido con malas formas por el funcionario/a te dice que verá si es una urgencia o no y te atenderá o no.
Por favor si la ley no dice nada de la obligatoriedad de la cita que se valore el quitar esa orden.
No había nadie en la oficina sólo lad funcionarias y chics seguridad, que te abre la puerta con malas maneras.
El problema central no es en sí la cita previa, es el procedimiento que patrocina la corrupción, donde hoy hay carteles de gestores que comparten comisiones con funcionarios públicos administrando las citas previas. Es suficiente que se libere el calendario de citas, se regule la cantidad mínima ofértable por día y además se puede siempre asistir a cualquier oficina pública sin cita previa y se atienda por orden de llegada.
El Ministro miente. En Organismos como el SEPE, la cita previa se instauró en 2011, no se inventó nada en pandemia. Y se hizo para evitar lo que sucedía hasta entonces: Larguísimas colas dentro y fuera de las oficinas que impedía que los expedientes se resolviesen a tiempo por tener todo el día (de 8:30 a 14 horas de atención) siempre una persona delante. El público cobraba a los 2, 3 y hasta 4 meses y entonces había hasta conatos de guerra civil por ello. A esto es a lo que pretende volver el señor ministro...