¿Qué ha pasado para que un país con una sanidad, aparentemente, reconocida a nivel mundial haya tenido semejantes cifras de contagios y muertes por COVID-19? Bajo esa premisa, una veintena de investigadores españoles, afincandos dentro y fuera del país, demandaron en The Lancet una evaluación independiente y apolítica de lo ocurrido en la crisis del coronavirus.
Algo un mes y medio después, el mismo grupo de investigadores ha escrito una nueva carta en la que reclama al Ejecutivo que ponga en marcha la evaluación «inmediatamente».
La carta, publicada en la misma revista científica, recuerda que España está viviendo «un resurgimiento» de la pandemia «con algunas de las peores cifras de Europa».
Sanidad contactó el jueves pasado a este grupo de especialistas. Se reunirá la semana que viene con una representación de estos para abordar mecanismos de evaluación.
La carta de la ‘segunda ola’
En agosto de 2020, recuerdan los investigadores, «instamos al Gobierno central y a los gobiernos regionales a que evaluaran de forma independiente su respuesta a la crisis de la COVID-19 para identificar las áreas en las que hay que mejorar la salud pública y el sistema de atención sanitaria».
La nueva carta subraya que para que esta evaluación tenga éxito, el primer requisito es que comience «inmediatamente» y que se informe periódicamente hasta el final de la pandemia.
En un país con «tensiones políticas elevadas», apunta la carta, el segundo requisito es que la evaluación cuente con el apoyo de los partidos políticos, las asociaciones científicas, los profesionales de la salud, los pacientes y los cuidadores, y la sociedad en su conjunto.
Entrevista con la impulsora de la petición, la experta internacional en Salud Pública Helena Legido-Quigley
El tercer requisito, es «un compromiso firme del Gobierno central y los gobiernos regionales de escuchar las recomendaciones propuestas en la evaluación y actuar en consecuencia».
Además, para asegurar «el éxito del proceso», los científicos advierten de que es esencial que los expertos que realicen la evaluación sean «independientes» y no hayan trabajado en el Gobierno y no tengan «intereses contrapuestos», y aconsejan que el equipo de evaluación esté formado por académicos españoles y expertos internacionales.
Entre los científicos que firman la misiva se encuentran el investigador Alberto García-Basteiro, del Instituto de Salud Global de Barcelona, Carles Muntaner, profesor en la Universidad de Toronto, miembro de la Academia Canadiense de Ciencias de la Salud y experto en desigualdades y salud, y la viróloga Margarita del Val, del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CSIC-UAM).
55 sociedades, por la evidencia científica
No tomar medidas sin base científica o sanitaria. Esa es la demanda común de otro documento, en forma de manifiesto, firmado por 55 sociedades médicas y de investigación y presentado al término del Congreso Nacional COVID-19.
El presidente del Comité Organizador del Congreso, el doctor Antonio Rivero, ha calificado la situación actual de «preocupante». En estos momentos de crisis, «pedimos a todas las personas e instituciones que tienen responsabilidades políticas en la gestión de la pandemia que se guíen por criterios estrictamente sanitarios, basados en la mejor evidencia científica disponible, y desligados de cualquier otro interés que no atienda al interés general de la población», reza el manifiesto.
El objetivo del mismo es ofrecer a las autoridades sanitarias y la opinión pública un documento de reflexión para mejorar la gestión de la pandemia.
Las sociedades apelan a la lealtad y colaboración entre partidos e instituciones
Las sociedades científicas que lo firman -y que representan a un total de 171.356 profesionales sanitarios- ven imprescindible la «lealtad y colaboración entre partidos políticos e instituciones» y apelan a su responsabilidad «para alcanzar un clima de diálogo y consenso que permita adoptar las mejores decisiones y estrategias en la gestión de la pandemia».
Recuerdan que hasta que haya vacunas o fármacos seguros y eficaces «las medidas no farmacológicas de salud pública son el pilar del control de la pandemia» y por ello piden que se dote a los organismos gestores de «las herramientas legales, técnicas y administrativas necesarias para implementar medidas de forma rápida», y que se establezcan las modificaciones legales y administrativas necesarias.
Además, reclaman que se garantice el principio de equidad de toda la población en el acceso tanto a las estrategias preventivas como a los recursos sanitarios frente a la infección y subrayan que «es imprescindible» constituir una reserva estratégica nacional de material destinado tanto a la prevención como al tratamiento de los pacientes.
Recado, también, a la ciudadanía
«No hay justificación alguna para el comportamiento de aquellas personas que, al eludir las medidas de aislamiento, ponen en riesgo la salud y la vida de las personas de su entorno laboral, social y familiar», censuran los sanitarios.
En este sentido, el manifiesto recuerda a las administraciones que su deber no es sólo dictar las medidas de prevención, sino «hacerlas cumplir sin ambigüedades y sin excepciones».
Y apela a los medios de comunicación para luchar contra la desinformación, la generación de falsas noticias y las campañas negacionistas.
Los firmantes de este documento reclaman la puesta en marcha de planes estratégicos para el desarrollo de la ciencia y la investigación, y se lamentan de que los medios destinados a esta materia en España son muy inferiores a los de países de nuestro entorno.
