En un escenario en el que luchamos contra agentes patógenos invisibles al ojo humano, y contamos con estudios científicos sobre las formas de contagio desde hace más de un siglo, nos encontramos en un momento histórico en que la tecnología permite el análisis de cantidades masivas de datos casi en tiempo real. La crisis mundial de la COVID-19 ha mostrado que la clave para ser efectivos contra el virus consiste en saber extraer conocimiento fiable de esos enormes registros de información. Pero para conseguirlo, la recolección de los datos tiene que ser metódica, tiene que responder a unos criterios y estar coordinada con múltiples sistemas, leyes, poblaciones, protocolos y culturas.
En el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, España acaba de crear la Oficina del Dato, y se convierte en uno de los pocos países con un jefe de datos gubernamental, o un Chief Data Officer, como denominan al puesto desde el Gobierno.
Su figura está en línea con uno de sus ejes estratégicos en la Agenda Digital 2025: favorecer el tránsito hacia una economía del dato, garantizando la seguridad y la privacidad y aprovechando las oportunidades que ofrece la Inteligencia Artificial. La Oficina del Dato deberá “dar respuesta a los principales retos que existen hoy en la economía del dato, definiendo los marcos legales y políticos de compartición y gobernanza de datos”, según el Ministerio de Asuntos Económicos.
El primer Chief Data Officer de España se llama Alberto Palomo Lozano, y ha venido de Estados Unidos, donde ha trabajado los últimos años liderando la división de Data Science en Avangrid, la filial de Iberdrola en ese país. Antes de eso, estuvo un año en una planta de investigación de Huawei sobre hardware para inteligencia artificial en Toronto, Canadá. Está doctorado en Física Teórica, y se encuentra realizando el Certificado de Management, Technology and Innovation por el MIT.
Qué es y qué hace un Chief Data Officer
El jefe de datos o Chief Data Officer, como se conoce en muchas empresas del ámbito anglosajón, es quien se encarga de supervisar la recolección, la gestión y el almacenamiento de datos masivos en todas las áreas de una organización. Suelen ser los responsables de analizar y derivar el conocimiento que se extrae de los datos para nutrir la estrategia de negocio y producir valor.
Forman parte generalmente del equipo ejecutivo de las empresas. Históricamente, el puesto del gestor de los datos no entró al grupo de perfiles de alta dirección hasta los años 80. A medida que las empresas reconocían la importancia estratégica del análisis de datos en el negocio, este rol se ha ido volviendo más crucial. La crisis financiera de 2008 hizo que muchos bancos y entidades financieras adoptaran esta figura, y en 2020 la situación de pandemia demostró que en situaciones cambiantes las organizaciones necesitan saber leer los datos para adaptarse e innovar, y por lo tanto sobrevivir. El 67,9% de las compañías más grandes reportaron haber nombrado un Chief Data Officer en 2019, un aumento del 12% desde 2012, según Forbes.
Algunas economías que dan relevancia a los datos también han creado esta figura. En 2014 Francia se convirtió en el primer país en nombrar un Chief Data Officer gubernamental. Le siguió Canadá en 2016, Estados Unidos en 2019 y Reino Unido, a principios de 2021.
La gestión de datos en España
“Que los datos se conozcan, se miren y se discutan también genera problemas y, sobre todo, carga de trabajo adicional en los organismos que los recopilan”, dice Carlos Gil Bellosta, consultor estadístico que lleva muchos años trabajando con datos públicos tanto en proyectos en el sector privado como en administraciones públicas. Lo ha hecho para el Banco de España, para el Instituto de Estadística de La Rioja y para el Instituto de Salud Carlos III, entre otros.
Cree que España tiene un solo problema con la gestión de los datos: “el de los incentivos; luego, sus manifestaciones son multiformes”. Dice que entre los casos concretos que conoce en primera persona, operan incentivos muy concretos para que la situación sea precisamente esa y no la contraria, y pone un ejemplo: “He visto al instituto de investigación A negarle datos al instituto de investigación B con una excusa circunstancial, siendo la verdadera que no querían que los otros sacasen el artículo antes”.
La información que proviene de algún ministerio es oficial y por lo tanto, según Gil Bellosta, “se consideran la verdad indubitable”, lo que hace que los responsables de su publicación (o de su no publicación) anden “con pies de plomo, lo que implica publicar poco y tarde”.
Cuenta que un amigo suyo trabaja en una agencia pública, y un día habló con él sobre los datos con los que trabaja en su proyecto. “Yo le preguntaba si los iban a colgar: al fin y al cabo, son de todos. Su respuesta: que tienen errores y no pueden publicar datos sucios; pueden limpiarlos, pero es muy costoso. Así que nadie sabe ni que existen”, se lamenta Gil Bellosta. ¿Qué pasaría con la nueva economía del dato? Se “propondría algo así como que la agencia A publicase esos datos tal cual y tal vez una empresa viese una oportunidad de negocio en limpiarlos y revenderlos. Es el ejemplo de libro, de hecho. Pero no se hace”, señala.
Un Chief Data Officer como solución
Le preguntamos si cree que la creación de la Oficina del Dato o un Chief Data Officer pueden ser parte de la solución a estos problemas. Gil Bellosta cita el caso de la digitalización de los registros civiles en España, que comenzó en 2007 y aún no está terminada. «¿Va a desempantanar ese problema el nuevo CDO?”, se pregunta.
¿Podría ser este uno de los casos prácticos en los que un jefe de datos español mejore la gestión de datos? Hemos enviado algunas preguntas a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA) para averiguarlo, pero desde Comunicación de SEDIA prefieren esperar para enviar preguntas a Palomo, porque “está recién llegado”.
El BOE establece que la Oficina del Dato depende directamente de la persona titular de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. El puesto de Chief Data Officer tiene rango de nivel 30, superior en la Administración, y el sueldo de Alberto Palomo es de 70.058,30 euros brutos al año, según nos ha confirmado la SEDIA.
Gil Bellosta se pregunta «si va a ir un subsecretario de Estado al Ministerio de Justicia a poner orden, o si le van a coger el teléfono en el Registro Mercantil. ¿Y en las comunidades autónomas?». Gil Bellosta tiene sus dudas. “Es posible que, a lo más, coordine algún tipo de convenio para intercambiar datos entre distintos organismos, tal vez restringido a investigadores debidamente acreditados, pero dudo que en dos o tres años digamos: ‘¿os acordáis de cómo en 2021 teníamos que descargarnos los datos meteorológicos históricos de Huelva de la AEMET de EE.UU. porque la de España no lo permitía? Pues ahora, gracias a la eficaz gestión del CDO ya no es necesario’. Mi impresión es que ni los que vivimos en el mundo de los datos vamos a sentir de manera efectiva el trabajo de este señor”, concluye.
La pandemia y los datos de las Comunidades Autónomas
Isabel Valdés es periodista de Sanidad y Salud, y ha estado cubriendo la información sobre el COVID-19 para El País desde los primeros días de la pandemia. Ella y otros periodistas han estado trabajando con los datos del COVID-19 a diario, en un contexto en el que los sistemas de recolección y registro de datos no estaban en los formatos adecuados, no eran interoperables o simplemente no existían.
Cuando la primera ola arrasaba en los hospitales y la población estaba confinada, el acceso a datos fiables era “prácticamente imposible”, ha escrito Valdés. La Consejería de Sanidad de Madrid hizo apagón informativo y entonces, infectólogos de 42 hospitales públicos y privados de la comunidad tuvieron que tirar de un grupo de WhatsApp para compartir información sobre casos clínicos.
En conversación con Newtral.es, Valdés cree que la gestión de datos de la pandemia en España “desde luego, no ha sido perfecta”, y explica que una de las mayores dificultades desde el inicio fue conjugar los 17 sistemas de información por comunidades, con condiciones de 17 territorios distintos, formas de trabajar diferentes y situaciones muy dispares.
En un momento de crisis sanitaria la información, lo más depurada, transparente y rápida posible era clave para conocer qué estaba pasando. Según Valdés, “esto nunca ha terminado de suceder”, por retrasos en las notificaciones, diferencias entre las cifras que aparecen en el Ministerio de Sanidad y en las que dan las regiones en sus propios informes diarios, procedimientos diferentes para contabilizar ocupación de camas, de camas UCI o de fallecimientos, o comunicación no siempre clara ni periódica en todas las comunidades autónomas.
Valdés recogió la opinión del epidemiólogo Miguel Hernán, que consideraba que uno de los aspectos más sorprendentes de la gestión de la pandemia es que España tenga una app de rastreo digital puntera en desarrollo tecnológico, protección de la privacidad e interoperabilidad europea y que sin embargo no se haya implementado bien en todas las autonomías. Se refiere a Radar COVID, y como hemos analizado a lo largo de estos meses, su gestión también tiene margen de mejora.
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Radar COVID
Una ventana tecnológica perdida con la pandemia
La clave puede estar en dotar de presupuesto y coordinar mejor los procesos de recolección, análisis y publicación de los datos. Valdés, que habla casi a diario con expertos y expertas, técnicos y técnicas, y científicos y científicas en el campo de la Salud pública dice que “una de las cuestiones que más repiten es que este ámbito está infradotado, tiene carencias generalizadas, no sólo en sus plantillas sino también en sus recursos materiales. Ella cree que “con los suficientes profesionales y la tecnología y los protocolos adecuados, adaptados y flexibles a cada momento, la recopilación, análisis y publicación de datos hubiese sido mucho más fácil, más fiable y más ajustada a la realidad”. Aclara que no significa que se haya hecho “mal”, sino que quienes han tenido esta tarea lo han hecho lo mejor que han podido con lo que tenían.
Además de la dotación de recursos, Valdés considera que se podría “empezar a plantearse homogeneizar los sistemas de información y esos procedimientos y protocolos de gestión de la información por todas las comunidades autónomas, además de establecer una red compartida que facilitase el acceso por parte de todos los agentes que intervienen (regionales y nacionales)”. Sería “una buena forma de empezar a mejorar un sistema que aunque no sea tan visible ni mediático como las UCIs o las urgencias de los hospitales, es clave para conocer la realidad”. Porque sólo entendiendo la información que recolectamos y haciéndolo con el menor retraso posible, se puede decidir qué medidas son las más adecuadas para frenar esta pandemia. “O las que vengan”, reflexiona Valdés.
Fuentes
- Secretaría de Digitalización e Inteligencia Artificial
- Isabel Valdés, periodista de El País
- Carlos Gil Bellosta, consultor estadístico y CEO de Circiter
- BOE Orden ETD/803/2020, de 31 de julio, por la que se crea la División Oficina del Dato y la División de Planificación y Ejecución de Programas en la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial
- Agenda Digital 2025 [PDF]
- Ficha de Alberto Palomo en Transparentia
Foto: Irwan iwe | Unsplash
