El Pleno del Congreso ha dado este martes luz verde a tramitar la propuesta de PSOE y Unidas Podemos para limitar las funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando se encuentre en funciones, como ocurre ahora.
[Tú lo pagas | El Consejo General del Poder Judicial]
El órgano de Gobierno de los jueces tendría que haberse renovado hace dos años, algo que no ha ocurrido por la falta de entendimiento entre los socialistas y los populares. La mayoría de tres quintos (210 diputados y 159 senadores) exigida en las normas hace imprescindible que los dos principales partidos lleguen a un acuerdo para elegir a los 20 vocales del CGPJ.
Hasta que no cierren un pacto, seguirán ejerciendo de forma interina los actuales miembros, de mayoría conservadora porque llegaron al cargo cuando el PP era el partido con más representantes en las Cortes. Por eso, la prisa que tienen en Ferraz para ejecutar esta renovación es inversamente proporcional a la que muestran en el número 13 de la calle Génova.
La propuesta de PSOE y UP
Los grupos parlamentarios del Gobierno de coalición defienden que un Consejo General del Poder Judicial en funciones no puede llevar a cabo nombramientos de altos puestos judiciales, tales como los de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional o los presidentes de Sala y los magistrados del Tribunal Supremo.
Para garantizarlo, proponen añadir un nuevo artículo a la Ley Orgánica del Poder Judicial (el 570 bis) que enumere las acciones concretas que el CGPJ podría realizar una vez se haya terminado su mandato. Entre otras, incluyen:
- Participar, según está previsto, en la selección de jueces (por oposición) y magistrados (por concurso)
- Resolver lo referido a formación de los jueces, provisión de destinos, ascensos reglados, situaciones administrativas y régimen disciplinario
- Mantener las labores de inspección de los Tribunales y recibir las quejas de los ciudadanos respecto a la Administración de Justicia
- Garantizar el funcionamiento de los programas formativos de la Escuela Judicial, a la que acuden quienes han aprobado las oposiciones
- Elaborar los informes sobre los anteproyectos de ley y las disposiciones que le corresponden
PSOE y Unidas Podemos sostienen que estas son las funciones imprescindibles para “garantizar el normal funcionamiento” del órgano y que las demás deberían reservarse para cuando el siguiente CGPJ fuera elegido.
“La existencia de una normativa apropiada para estos casos supone una garantía básica para el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, así como un medio para favorecer la renovación, pero, sobre todo, resulta fundamental de cara a salvaguardar la legitimidad del órgano”
Proposición de Ley de PSOE y UP
Los apoyos que necesita. Al ser una propuesta para reformar una ley orgánica, la iniciativa tiene que contar con el sí de una mayoría absoluta del Congreso. Es decir, de 176 diputados.
PP, Vox y Ciudadanos -que suman 150 escaños- han manifestado su oposición. Así, la única vía posible para que saliera aprobada es que, como ha ocurrido, la apoyara el bloque de la investidura y de los Presupuestos de 2021 formado por PNV, ERC y EH Bildu, entre otros.
Aplicación. Según recoge la proposición de ley, de superar toda la tramitación parlamentaria y ser aprobada, la norma entraría en vigor al día siguiente de que se publicara en el Boletín Oficial del Estado.
Un poco de contexto
La medida aprobada por el Pleno no es nueva. Es un cortapega de una parte de la proposición que ya presentaron PSOE y Unidas Podemos en octubre, donde también defendían que había que reducir la mayoría parlamentaria para elegir a los vocales del CGPJ.
Esta propuesta, sin embargo, se encuentra congelada por dos motivos: la postura en contra de la Comisión Europea -que aboga por “reducir la influencia del poder legislativo o ejecutivo sobre el judicial”- y el posible acuerdo con el PP para renovar el actual CGPJ.
Respecto a este pacto, la opinión pública vive ante una realidad confusa. Por un lado, el PSOE asegura que está “hecho” y que lo único que queda es que los populares lo hagan público. El PP, por su parte, niega la mayor. Ni está cerrado ni lo va a estar mientras no se cumplan sus tres condiciones: retirar la reforma propuesta en octubre por los partidos de la coalición, que se excluya a Podemos de la negociación y que se acepte la medida impulsada por el partido en materia judicial.
El ‘truco’ de presentar una proposición de ley y no un proyecto de ley
Como ya ocurrió en la anterior ocasión, PSOE y Unidas Podemos han optado por que la reforma la presenten sus grupos parlamentarios en el Congreso mediante una proposición de ley en lugar de que lo haga el propio Gobierno a través de un proyecto de ley.
La diferencia va más allá de la nomenclatura, pues supone que la norma se pueda tramitar más rápido. Si se tratara de una iniciativa salida del Ejecutivo (un proyecto de ley), este debería solicitar un informe preceptivo a distintos órganos del Estado, un paso innecesario si la medida la impulsan las formaciones en la Cámara baja.
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