Qué es la ‘causa Vialidad’ por la que la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner ha sido condenada

La expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) ha sido condenada a seis años de cárcel e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, por un delito de administración fraudulenta, en relación a irregularidades en la concesión de obras viales mientras se encontraba al frente del país. Este proceso es conocido como ‘causa Vialidad’.

• La Corte Suprema ha hecho firme este martes una condena dictada en 2022 tras rechazar un recurso de queja presentado por la defensa de la expresidenta argentina. 

• Además de esta, Kirchner acumula varias causas en su contra, algunas de ellas pendientes de juicio oral. 

La condena. La exmandataria deberá afrontar una condena de seis años de prisión y quedará inhabilitada para ejercer cargos públicos por la ‘causa Vialidad’.

• De este modo, no podrá postularse como diputada provincial en las elecciones del 7 de septiembre de 2025, en la provincia de Buenos Aires, como había anunciado. 

• Kirchner podría cumplir la pena desde su domicilio al contar con 72 años de edad. Según recoge Chequeado, uno de los supuestos en los que se pueden basar los magistrados para conceder la prisión penitenciaria es que el detenido “supere los 70 años de edad”. Por tanto, la defensa de la expresidenta podría solicitarla en este caso.

Qué es la ‘causa Vialidad’. Esta causa se inició en 2016 por una denuncia de Javier Iguacel, director Nacional de Vialidad durante la gestión de Mauricio Macri como presidente (2015-2019).

La investigación judicial analizó el direccionamiento de obras viales en la provincia de Santa Cruz (situada en la Patagonia) a favor del empresario Lázaro Báez entre 2003 y 2015, durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner.

• Se adjudicaron 51 obras públicas viales a empresas del grupo Austral Construcciones, de Báez, con un perjuicio al Estado estimado en más de 1.000 millones de dólares.

Principales pruebas. Según la investigación, en este proceso Cristina Fernández de Kirchner habría firmado el Decreto 54/2009 durante su mandato como “instrumento para la maniobra criminal”. A través de esta norma estableció el traspaso de funciones y recursos desde la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) hacia una nueva entidad: la Agencia de Vialidad Provincial de Santa Cruz, bajo el argumento de descentralizar y hacer más eficiente la gestión vial.

• Según el tribunal, el decreto “proveyó una fuente ilimitada de financiamiento al ente vial y le permitió agilizar paulatinamente el proceso de pagos reduciendo la burocracia preexistente” y brindó el “contexto de opacidad suficiente para que el Administrador General” del organismo dispusiera libremente de esos recursos”.

Además, entre otras pruebas, parte del dinero obtenido por Báez mediante esta maniobra fue redireccionado a los Kirchner a través de las operaciones investigadas en la causa Hotesur, sugiriendo que “parte del dinero erogado por el Estado tenía como destino final las empresas familiares de la expresidenta”.

También aludieron, a partir de los chats del ex secretario de Obras Públicas José López, al abandono de las obras después de las elecciones presidenciales de 2015, en las que Macri fue elegido presidente del país en sustitución de Kirchner, según  explica el medio de verificación argentino Chequeado, miembro de la red IFCN al igual que Newtral. 

El proceso. El caso, en el que la principal acusación contra Cristina Fernández de Kirchner era ser la presunta cabecilla de una asociación ilícita destinada a cometer fraude al Estado, se elevó a juicio oral en 2018.

El juicio comenzó en mayo de 2019 en el Tribunal Oral Federal Nº2. Durante las sesiones, Kirchner declaró como investigada y se negó a responder a las preguntas de la fiscalía. Además denunció al tribunal como parte de una supuesta persecución política, mediática y judicial.

Tras quedar paralizado durante la pandemia de covid-19, el juicio por la ‘causa Vialidad’ continuó en 2022. El fiscal, Diego Luciani, solicitó que Kirchner fuese condenada a 12 años de prisión por delitos de asociación ilícita, en calidad de jefa, y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública.

El 6 de diciembre de 2022, el tribunal absolvió a Kirchner del delito de asociación ilícita y la condenó por administración fraudulenta, lo que conlleva una pena de seis años de cárcel. 

• La defensa de la expresidenta presentó varios recursos contra la sentencia, el último ante la Corte Suprema que ha sido rechazado este martes, dejando la condena en firme. 

• Entre los fundamentos, el máximo tribunal argentino ha señalado que la apelante no realizó una “crítica concreta y razonada de los argumentos en que se basó la sentencia que se impugna”.

Argumentos de la defensa. Kirchner cuestionó durante el proceso que el tribunal autorizó la incorporación de pruebas de otras causas en el último momento, sin control de las partes, aunque los jueces señalan que la documentación sí fue puesta a disposición de las defensas.

Además, los abogados han denunciado diversas irregularidades. Entre ellas, la “parcialidad de los jueces y fiscales” y que se violó el principio de culpabilidad, ya que “todos los testigos […] afirmaron en el juicio que Kirchner jamás impartió directivas a fin de beneficiar a ningún contratista”, recoge La Nación. 

• También han cuestionado la incorporación del Decreto 54/2009 en la sentencia, alegando que no fue “debatido en el juicio” y que sigue vigente.

Otros condenados en la ‘causa Vialidad’. Además de la sentencia sobre la expresidenta, el tribunal ha condenado por este caso a varias personas más que tuvieron relación con estas irregularidades. Entre ellas, el empresario Lázaro Báez, el exsecretario de Obras Públicas José López y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti, según Chequeado.