Un 3,7% de las desapariciones en España fueron forzosas o involuntarias y 5.411 continúan sin resolver

Hay 5.411 casos de desapariciones no resueltos en España desde 2010, cuando el Ministerio del Interior empezó a recoger los datos de este fenómeno. Según su informe anual, esto supone un 2,2% del total de denuncias.

Además, un 3,7% de las desapariciones investigadas en 2021 fueron forzosas o involuntarias, es decir, la persona se ausentó en contra de su voluntad. Las causas, según explica a Newtral.es Joaquín Amills, cofundador y presidente de SOS Desaparecidos, son diversas, y “van desde las enfermedades cognitivas hasta la sustracción de menores”.

El mismo informe apunta que el año pasado el 64% del total de desapariciones en España se dieron en adolescentes de 13 a 17 años, de los cuales una parte fueron menores de los centros de acogida (pp. 46-50). La comunidad autónoma con más denuncias fue Canarias, con un 19% del total.

Un 3,7% de las desapariciones en 2021 en España han sido probadas como “involuntarias” o “forzosas”

En 2021 se interpusieron 22.285 denuncias por desaparición, de las cuales, la gran mayoría, un 87,2%, fueron probadas como voluntarias. Según Antonio Labrador, vicepresidente de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España (APDPE), esto significa que la persona se ausentó sin ningún tipo de condicionante externo. “Suele haber un motivo familiar, y se resuelven en tres o cuatro días”, concreta.

Amills explica que SOS Desaparecidos se ha encontrado con casos en los que hay personas que les llaman desde el extranjero explicando que se han ido por voluntad propia. De hecho, la asociación presentó un documento al Ministerio del Interior para crear un registro de personas que quieren desaparecer, algo que “ayudaría a que las estadísticas cambiasen”, explica Amills.

Esto está estrechamente relacionado con el alto porcentaje de denuncias resueltas, un 94,4%, y con los 5.411 casos que siguen activos. Según Labrador, estas desapariciones sin resolver podrían disminuir “si se hicieran las cosas bien”, y apunta a una falta de medios materiales y humanos y a un presupuesto bajo en España. A pesar de ser un 2,2% del total, “causa mucho sufrimiento a las familias”, declara.

Además, hay otras desapariciones denunciadas en 2021 que fueron involuntarias, 733 −un 3,29% de las registradas−, o forzosas, 103 −un 0,46%−. Tal como especifica el presidente de SOS Desaparecidos, una desaparición involuntaria es “aquella en la que el desaparecido lo hace por motivos ajenos a él”. Estos pueden ser un trastorno mental o demencia, entre otros. “Son involuntarias porque la persona es totalmente dependiente o vulnerable”, especifica Amills, por lo que “aunque la persona haya salido por su propio pie, su voluntad no es acorde a lo que está sucediendo”. Este tipo de casos son un ejemplo de muchas de las desapariciones no resueltas en España.

La desaparición forzosa, en contraste, es aquella que está basada en un hecho delictivo o una actividad criminal. “Son mínimas”, aclara Labrador, y las más comunes son las sustracciones parentales. Es decir, “uno de los progenitores se lleva a los hijos, casi a menudo a otro país, donde no se da prioridad al convenio de La Haya”, relata el detective. Otro ejemplo sería un asesinato, en el cual el cuerpo no es encontrado.

El resto de casos, 2.013, un 9,03% del total, no están catalogados.

Casi un 64% de las denuncias son por menores de edad de entre 13 y 17 años

De todas las denuncias interpuestas, el grupo de edad con mayor incidencia de casos en 2021 corresponde a menores de entre 13 y 17 años. En concreto, son el 64% del total, 14.256. 

Desde SOS Desaparecidos, tal como apunta el presidente, “hace tiempo que venimos alertando del incremento de estos casos, y también de la disminución de la edad”. Ahora, hay casos de menores desaparecidos con 13 y 14 años de edad, “por lo que algo está fallando”, destaca Amills, que explica que este año han gestionado el caso de un menor reincidente que ha sido denunciado más de 90 veces. Para Labrador, la rebeldía característica de esa edad influye en el elevado porcentaje, además de las familias desestructuradas. Aun así, apunta que estas desapariciones no suelen durar más de 48 horas, y “normalmente son las menos preocupantes”.

Otro factor que influye en este alto número es el de las fugas de menores de los centros de acogida. En 2021, hubo 313 desapariciones de este tipo, es decir, el 1,4% del total de desapariciones en España. Sin embargo, el Ministerio del Interior dedica un conteo especial a este colectivo en el informe anual desde 2018, cuando estos casos supusieron el 12,4%.

“Tenemos que investigar qué está pasando, si es por falta de recursos o por agujeros en la legislación”, apunta Amills. “Los centros son para proteger a un menor, pero si resulta que el menor se está fugando, es evidente que hay un problema”. Además, destaca que no hay transparencia en lo que sucede en estas fugas, ni en cómo se actúa ni qué remedio se le pone.

Canarias, la comunidad con más denuncias interpuestas en 2021, un 19%

Del total de desapariciones en 2021 en España destaca Canarias, con 4.240 denuncias. La cifra es especialmente alta, y supone un 19% del total. Teniendo en cuenta la provincia, Las Palmas sobresale con diferencia, con 3.446 denuncias por desaparición. De estas, el 90% fueron menores de edad.

Esta alta incidencia de los casos de desaparición en las islas, según apunta Amills, es por diversas razones. Por un lado, “están las fugas de centros de acogida, en algunos casos, repetitivas”, explica el presidente de SOS Desaparecidos. Además, la orografía del terreno, que es abrupto, con pozos y cuevas, “dificulta encontrar una persona”.

A esto se le suma el sistema de población. “Hay núcleos que forman un solo municipio, y hay enclaves semiurbanos o rurales que se consideran urbanos por esto”, explica el experto. En estos casos, apunta, la competencia de buscar a una persona desaparecida es de la Policía municipal, a pesar de que por las características tendría que pertenecer a la Guardia Civil, que cuenta con más recursos.

También, “en las islas hay formas de actuar que en la península están obsoletas”, según Amills. Por ejemplo, en los casos de personas vulnerables, que han dejado cartas de suicidio o que tienen un historial de problemas de salud mental, “se debería actuar inmediatamente”, explica. Pero “en Canarias no pasa, y las familias así lo denuncian a la asociación”.