Las claves de la muerte de Lili Ochisor, víctima de explotación sexual y desprotegida por la administración

“Entre todos mataron a Lili”, dice a Newtral.es Janet Mérida, portavoz de la asociación Putas Indignadas, uno de los colectivos implicados tanto en el procedimiento penal como en el de responsabilidad patrimonial que piden justicia por el “caso Lili”, víctima de explotación sexual. De origen moldavo, Lili Ochisor llegó a Barcelona en 2011 después de ser captada por una red de trata.

“Obligada a prostituirse por sus tratantes, Lili era una víctima de explotación sexual. Las administraciones públicas conocían su situación pero no se hizo lo suficiente para protegerla”, denuncia a Newtral.es Gema Fernández, abogada de la dirección legal de la organización feminista Women’s Link Worldwide.

El caso de Lili llegó a esta organización tras su muerte, en 2019, y una vez la causa penal (para perseguir a los tratantes) fue archivada. Ahora, tres colectivos y entidades que conocieron y acompañaron a la víctima, Fundación Ámbit Prevenció, GENERA y Putas Indignadas, están litigando para reabrir el caso por la vía penal. Además, han iniciado un procedimiento para pedir responsabilidad patrimonial a las administraciones implicadas “en la desprotección de Lili”, como señala Gema Fernández, la abogada de Women’s Link que lleva esta demanda administrativa.

Lili Ochisor: obligada a prostituirse en Barcelona más de 15 horas al día desde 2011

Lili Ochisor fue captada por una red de trata cuando el marido de esta falleció. Habían comenzado a explotarla sexualmente en Rumanía en 2006 y cinco años después, en 2011, la trajeron a España, donde siguieron explotándola.

Como explican a Newtral.es desde Women’s Link, que ha tenido acceso a todos los informes elaborados por distintas administraciones sobre el caso Lili, “en Barcelona, Lili era obligada a prostituirse en la zona del Raval, donde los tratantes ejercían violencia física y control sobre ella en todo momento”. “Todo el dinero que Lili obtenía se lo entregaba a la red y, lo que podía  se lo enviaba a sus dos hijos, que permanecían en Rumanía controlados por parte de la red”, añaden desde esta organización. 

Ya en 2011, “la Policía Nacional, la Guardia Urbana de Barcelona, los Mossos d’Escuadra y el Ayuntamiento de Barcelona tuvieron conocimiento de la situación de trata para fines de explotación sexual en la que se encontraba Lili”, explica Gema Fernández. Ella se autoidentificó como víctima de explotación sexual y reconoció temer por la vida de sus hijos. Sin embargo, no denunció a sus tratantes “por temor a las represalias contra ella y sus hijos”, cuenta Janet Mérida, quien conoció y acompañó a Lili desde el principio, igual que el resto de integrantes del colectivo Putas Indignadas.

Sin una denuncia mediante, Lili no obtuvo el estatus de víctima de explotación sexual, un estatus que únicamente otorga la Policía Nacional. “La Policía tiene una visión de persecución del delito y de política migratoria. Es decir, ellos te dan ese estatus y te ofrecen protección si les das algo a cambio. Por ejemplo, una denuncia para abrir una investigación contra los tratantes. Pero Lili tenía miedo, y la administración antepuso sus intereses a los derechos humanos”, sentencia la abogada Gema Fernández.

En este sentido, Nuria Monfort, abogada de oficio, miembro de la cooperativa Iacta Sociojurídica y experta en trata y explotación, explica a Newtral.es que “la Policía condiciona el estatus de víctima a que exista una colaboración o de que hayan pruebas para la persecución de los tratantes”.

Janet Mérida relata que Lili era “obligada a prostituirse durante más de 15 horas”. Esto conllevó que la Guardia Urbana la detuviese “por vulnerar la ordenanza municipal que tipifica como infracción administrativa el ofrecimiento de servicios sexuales en la vía pública”, como señala Nuria Monfort. “Esto empeoró porque Lili no tenía documentación. Cuando la Guardia Urbana te detiene por esto y no tienes identificación, la Policía Nacional te abre un expediente por estar en el país sin documentación, que es lo que le pasó a Lili”, añade esta abogada.

2019: Lili fallece tras una agresión física por parte de su tratante

Sin protección y con un expediente para expulsarla del país, “Lili comenzó a desconfiar de todas las instituciones”, apunta Janet Mérida, de Putas Indignadas: “Enfermó de leucemia pero no quería ir al médico porque le daba pánico que la expulsasen. Su salud fue empeorando cada vez más”, añade.

En 2019, como relatan desde Women’s Link, “Lili recibió una brutal paliza por parte de su tratante porque no había conseguido entregarle la cantidad de dinero diaria que le exigía”. Sus compañeras de piso trataron de convencerla de que acudiera al médico, pero se negó por el miedo a ser expulsada. “Finalmente, Lili tuvo que ser trasladada al Hospital del Mar donde ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Pocos días después, el 30 de marzo de 2019, falleció”, prosigue el informe realizado por esta organización jurídica y feminista.

¿Qué pasó tras la muerte de Lili Ochisor? Un procedimiento penal y otro administrativo

Tras la muerte de Lili Ochisor, como explica la abogada Gema Fernández, “la Fiscalía ordenó la investigación de la red de trata, pero el procedimiento fue archivado porque no se podía localizar a los investigados”. Esta decisión ha sido recurrida y está pendiente que se revuelva, un procedimiento que cursa por la vía penal y que tiene como objetivo perseguir a los tratantes.

Por la parte administrativa, Women’s Link lidera el proceso para pedir responsabilidad patrimonial a distintas administraciones, como señala Gema Fernández: “Es un proceso que nos permite cuestionar las omisiones de las diferentes administraciones. Se ha iniciado contra el Ayuntamiento de Barcelona, contra la Generalitat y contra el Gobierno central. Del primero depende la Guardia Urbana; del segundo, los Mossos; y del tercero, Fiscalía y Policía Nacional. Todos tenían conocimiento de la situación de Lili y no se le dio protección, sino que encima pesaba sobre ella una orden de expulsión”.

Nuria Monfort critica el ordenamiento jurídico español en tanto que la ley de extranjería supone “violencia institucional contra mujeres como Lili”: “Si estás indocumentada, te abren un expediente y puedes acabar en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). Es hacer que una persona ya vulnerable de por sí lo sea aún más”, añade.

Gema Fernández puntualiza que “el proceso de expulsión no se paralizó formalmente”: “La detuvieron y solicitaron autorización judicial para internarla en un CIE, pero no la obtuvieron porque no cumplía los requisitos. Sin embargo, el expediente de expulsión seguía abierto”.

En este sentido, Fernández recuerda que “con estos procesos de expulsión, la Policía tiene margen para acelerarlos o ralentizarlos”. En el caso de Lili, “seguía abierto y pesaba sobre ella como una amenaza. La administración trataba de presionarla para que denunciase a cambio de paralizar la orden de expulsión y darle protección”, añade la abogada de Women’s Link.

Una ley contra la trata que no llega

Nuria Monfort fue la abogada que consiguió recientemente que una víctima de explotación (en este caso, de narcotráfico y no sexual), es decir, una “mula”, recibiera el estatus de víctima sin necesidad de que se lo otorgase formalmente la Policía. 

La víctima, peruana y en una situación de extrema vulnerabilidad, se vio obligada a transportar droga para un red de narcotraficantes. Se enfrentaba a cinco años de prisión por este delito, pero el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la absolvió por considerarla víctima de trata.

Como explicaba a Newtral.es Margarita Martínez, catedrática de Derecho Penal en la Universidad Complutense de Madrid, la decisión del TSJ de Cataluña es pionera por ser “la primera vez que un tribunal penal tiene sensibilidad ante esto y no necesita un reconocimiento formal de que es víctima de trata porque con las pruebas practicadas y con los indicios puede deducir que sí lo es y que ha cometido ese delito en ese contexto de trata, explotación y vulnerabilidad”.

Por ello, Gema Fernández señala que aunque en materia de políticas públicas para víctimas de trata “está todo por hacer y mejorar, se podría haber priorizado la vulnerabilidad de Lili y su necesidad de protección en vez de priorizar la política migratoria, es decir, la persecución a redes de trata extranjeras”.

Sobre las ausencias legislativas, Nuria Monfort considera que “hay que cambiar la ley de extranjería”, así como que resulta necesaria “una ley específica de trata”, algo a lo que el Ministerio de Igualdad se comprometió pero de lo que todavía no hay detalles.

Fernández recuerda que “hay muchas otras Lilis”: “Quizá no acaban muertas, pero malviven y están en riesgo porque quedan fuera del circuito de protección al no ser útiles para los fines policiales”, concluye.