Caso Astapa, cronología de la trama de corrupción que sacudió a Estepona

Tras 16 años de investigaciones, el 9 de enero arrancó en la Ciudad de la Justicia de Málaga el macrojuicio por el caso Astapa, una operación de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Estepona entre 2003 y 2007.

Los hechos tuvieron lugar durante el mandato del exalcalde socialista Antonio Barrientos, detenido en 2008 y en prisión provisional durante seis meses después de que le imputaran varios delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales, como informó entonces RTVE. Además del exalcalde, dentro del caso Astapa están implicados empresarios, concejales del PSOE y del Partido de Estepona (PES). Repasamos las claves del caso.

Estepona 2008: las detenciones

Los presuntos delitos de los que les acusan tuvieron lugar entre 2003 y 2007 según recoge Efe, pero no se comenzaron a investigar hasta que dos ediles socialistas dieron la voz de alarma y avisaron a la dirección provincial socialista sobre posibles irregularidades, como informaron medios como 20 minutos. Tras ello, presentaron un escrito junto con numerosas pruebas  ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional , según afirma la agencia de noticias Efe.

Pero el caso Astapa no vio la luz pública hasta 2008, cuando se produjeron las primeras detenciones. El entonces alcalde fue detenido junto con otros implicados, como recogió El Mundo. Entre ellos estaban José Flores (jefe del gabinete de la Alcaldía de Estepona y con gran influencia en la toma de decisiones, como informó Diario Sur), Manuel Reina (exconcejal de Economía y Hacienda y del PES) o empresarios como el arquitecto Arturo Cebrián, señaló el Diario de Sevilla. 

¿De qué se acusa a los imputados del caso Astapa?

En los 16 años desde el comienzo de las investigaciones hasta que ha arrancado el juicio, la causa ha llegado a tener más de 100 personas imputadas y los delitos estudiados ha sido, principalmente, los de “cohecho, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, fraude y prevaricación”, como recoge la agencia de noticias Europa Press.

Durante los días que dure el juicio, se abordarán acusaciones como las de actuaciones urbanísticas ilegales, supuestos pagos por conceder licencias, cobros de comisiones o financiaciones irregulares, como detalla la agencia de noticias, que recoge que Anticorrupción también ha denunciado a los acusados por tener una “‘Caja B’ con aportaciones de promotores con intereses inmobiliarios”.

Ya en 2008, la Fiscalía Anticorrupción consideró que las operaciones ilegales que tenían lugar en el Ayuntamiento del municipio malagueño funcionaban “con el mismo patrón” que lo que ocurrió en Marbella durante la conocida como operación Malaya, como señaló El Mundo. De hecho, la memoria de Fiscalía de Andalucía publicada en 2019 sobre el ejercicio del año anterior recoge el interés informativo del caso Astapa “conocido como la pequeña Malaya”. 

¿Qué pide la Fiscalía Anticorrupción y cuáles son los siguientes pasos?

Desde la Fiscalía calculan que el caso Astapa supuso para las arcas de Estepona un perjuicio de aproximadamente 28 millones de euros. Como recoge Efe, el fiscal presentó en 2018 un escrito de acusación por el que solicitó 10 años y nueve meses de prisión para el exsocialista Barrientos, así como 38 años de inhabilitación. 

Sin embargo, las condenas no se conocerán por el momento. Desde el 9 de enero hasta el 17 del mismo mes tendrá lugar la vista oral, en la que defensa y acusación podrán exponer sus causas. Una vez que el Tribunal haya estudiado y tomado decisiones sobre lo presentado hasta el momento, comenzará la fase del desarrollo de la prueba, fechada para el 7 de marzo. 

La falta de medios, el principal motivo del retraso del caso Astapa

Las operaciones de corrupción dentro del Ayuntamiento de Estepona no se han comenzado a juzgar hasta 2023, lo que supone un periodo de espera de 15 años desde que se produjeron las primeras detenciones y 16 desde que se empezó a investigar. 

Como denunciaba el Tribunal de Justicia andaluz en el acta de enero de 2020, el caso Astapa cuenta con más de 800 tomos “estando un funcionario encargado en exclusiva de su tramitación”. Aunque reconocen que “es indudable que la tramitación de un procedimiento de estas características supone un esfuerzo y dedicación especial de la Juzgadora”, concluyen que esta “va en detrimento de los demás procedimientos y del juzgado en general”. 

Como conclusión, una de las principales críticas que recoge el documento es la falta de personal. “El juzgado tiene una considerable carga de trabajo”, explican para a continuación añadir que “el problema más acuciante es la inestabilidad del funcionariado que impide la formación de un equipo de trabajo capaz de asumir el reparto de tareas que le incumben“.

Desde el poder judicial de Andalucía asumen que es un problema generalizado en los juzgados. “La carencia de medios personales es la principal causa del inadecuado funcionamiento de los órganos judiciales y de este en particular”, sentencian.