Los cascos antidisturbios que compra la Policía se encarecen 88 euros cada uno por «la situación bélica actual»

La Policía Nacional ha licitado la compra de unos 1.000 cascos antidisturbios el pasado día 29 de junio. Según el anuncio de licitación que consta en el Portal de Transparencia, cada casco tiene un precio de unos 412 euros la unidad impuestos incluidos. La última compra de cascos que hizo este organismo fue en 2015 con 2.350 unidades. Por aquel entonces, el precio de cada casco era de 324 euros, también sin impuestos. Se encarecen así 88 euros por “la situación bélica actual”, según indican.

Además, en la compra la Policía Nacional incluye que esta licitación es para que sus agentes, en este caso de las Unidades de Prevención y Reacción, puedan protegerse de “determinados grupos violentos antisistema”. Expertos en contratación explican a Newtral.es que incluir “antisistema” en un contrato público es valorativo y no justificaría en sí la contratación. 

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Los cascos antidisturbios que compra la Policía se encarecen 88 euros por “la situación bélica actual”

La última compra de cascos que hizo este organismo fue en 2015 con 2.350 unidades. Por aquel entonces, el precio de cada casco era de 324 euros, también sin impuestos. Según señala la propia Policía Nacional, este aumento de 88 euros más se debe al incremento del Índice de Precios de Consumo (IPC). También a la “subida de la materia prima debido a la situación bélica actual” [página 15 del pdf], en referencia al estallido de la invasión iniciada por Rusia contra Ucrania en febrero de 2022. 

El plazo de presentación de ofertas termina el 2 de agosto de este año. El contrato tiene un presupuesto base de casi medio millón de euros, 498.0520 euros en total. El periodo de ejecución será de un mes desde el 1 de octubre de 2023 o desde la formalización del contrato si éste fuera posterior. 

El casco debe pesar máximo 1,9 kilos y llevar un protector de nuca

El casco antidisturbios debe de pesar como máximo 1,9 kilos, los materiales deben soportar la exposición al calor, al frío y a la humedad y no deben permitir el paso de líquidos al interior. Además, indican que en la parte posterior central inferior del casco, debe existir un cuadrado liso de 40x40mm. Para poder pegar las pegatinas que identifiquen la categoría de los mandos policiales. Además, debe llevar en la parte baja posterior del casco un protector de nuca que impida el deslizamiento de líquidos inflamables por la misma.

La Policía Nacional indica que esta compra de casos antidisturbios les ayudará a protegerse de determinados grupos violentos “antisistema”

Para justificar esta compra de 1.000 unidades, la Policía Nacional señala que estos son necesarios para resguardarse en manifestaciones, dispositivos de seguridad y eventos sociales multitudinarios. 

Además, indican que deben protegerse también de determinados grupos violentos “antisistema” [pág 2].  Y señalan que estos “se citan en eventos de carácter multitudinario para organizar agresiones con elementos punzantes o cortantes, buscando causar el mayor daño físico posible a los cuerpos policiales”.

Así indica que entre los riesgos a los que se enfrentan los miembros de Unidades de Prevención y Reacción (UPR) son objetos contundentes lanzados por manifestantes. Entre los que hay piedras, cascotes, escombros, bolas de acero o  adoquines, y sustancias químicas que pudieran inflamarse, “tipo cóctel molotov”, añaden.

No es la primera vez que la Policía Nacional ha licitado cascos antidisturbios y ha señalado que es también para protegerse de grupos “antisistema«. También lo hizo cuando licitó la reparación de 1200 unidades de cascos en el año 2022. 

“Sorprende que en la licitación de un contrato público se incluyan fundamentos que no tienen nada que ver con los intereses generales, puesto que, basar la compra de materiales antidisturbios en la supuesta actitud violenta, es una valoración ideológica”, señala Francisco Blanco, especialista en contratación pública que ha desempeñado cargos públicos en la administración de Cataluña en esta materia. 

En lo mismo coincide una abogada especialista en Derecho de la Competencia, quien prefiere no incluir su nombre: “Es una valoración que no aporta nada a la licitación, por lo que no deberían estar ahí”, indica. Desde Newtral.es se ha preguntado a la Policía Nacional al respecto, pero hasta el momento de esta publicación no se ha obtenido respuesta.