Las compensaciones económicas del Estado a las familias republicanas: 21.600 millones de euros, la mayoría en pensiones

El líder del PP, Pablo Casado, ha vuelto a repetir uno de los argumentos que ya citaba hace tres años sobre la Ley de Memoria Histórica y su propuesta de cambiarla por una ley de concordia. Se trata de una cifra, la de 16.000 millones de euros en compensaciones económicas que se “han ido dando a las familias republicanas desde que hay democracia en España”, como decía el pasado lunes 19 de julio.

En 2018 repitió el mismo argumento: “La estimación que hacemos es que desde que hay democracia en España a los represaliados por el franquismo se ha otorgado 16.000 millones de euros en fondos, se han rehabilitado pensiones de oficiales del Ejército, las pensiones de viudedad se han reconocido…”, como recoge Europa Press. 

El cálculo al que se refiere Casado sale del ‘Informe general de la comisión interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo’. En ese documento se consideraba que, desde la Transición y hasta 2005 se habían destinado un total 16.356 millones de euros “a resarcir en la medida de lo posible los efectos económicos más adversos de la Guerra Civil en el sector republicano”.

Sin embargo, no aparece en el preámbulo de la Ley de Memoria Histórica como él dice, y además el dato está desactualizado. La cifra más reciente es de 21.600 millones de euros, como ha precisado el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros del 20 de julio.

¿De dónde sale el cálculo de esa cifra de compensaciones al sector republicano?

Aunque Casado afirma que la cifra está en el preámbulo de la ley, lo cierto es que se trata de un documento anterior, el 28 de julio de 2006, remitido a las Cortes junto con el proyecto de ley.

La Comisión interministerial creada para elaborar este informe estimó que de los 16.356 millones de euros entregados entre 1975 y 2005, 391 correspondían a indemnizaciones por tiempo de prisión y el resto, 15.965 millones de euros, a pensiones. Además, contabilizaba otros 5,1 millones de euros “abonados en concepto de cuotas a la Tesorería General de la Seguridad Social por los períodos transcurridos en prisión”. 

El informe también precisaba que el número de beneficiarios de las pensiones concedidas había ido disminuyendo “por razón de la consolidación del sistema de ayudas y por la edad del colectivo afectado”, que pasó de 105.019 en enero de 2005 a 95.943 en enero de 2006. En total, en esos 30 años se llegó a reconocer a 513.000 beneficiarios de estas ayudas.

En la “Nómina de pensiones de Guerra” de ese año figuraban: 22.397 causantes directos, con una pensión media mensual de 707,55 euros; y 73.546 familiares, con un importe medio mensual de 398,4 euros. 

¿Qué implicaciones tuvo esta cifra, según el informe?

El monto asignado a las pensiones y ayudas concedidas por el Estado llegó a suponer el 25% del total de las pensiones de Clases Pasivas, como agrega el informe. Aun así, la Comisión recomendaba incrementar la cuantía de determinadas pensiones de orfandad “congeladas desde 1981”, y flexibilizar el acceso a otras.

El informe también hace una valoración del impacto de estas medidas. “Todas estas consideraciones de carácter meramente cuantitativo evidencian, sin embargo, una dimensión cualitativa que no puede ser olvidada: la sensibilidad que, en diverso grado, han demostrado los sucesivos Gobiernos constitucionales democráticos ante la necesidad de reparar las consecuencias de la Guerra Civil y de la dictadura”.

¿Cuánto se ha entregado desde 2005 hasta ahora?

Durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Bolaños ha señalado que desde el fin de la dictadura hasta ahora se han entregado 21.600 millones de euros en compensaciones económicas a 608.000 beneficiarios por pensiones de viudedad, orfandad, militares profesionales y no profesionales, entre otros.

El anteproyecto de la nueva ley de Memoria Democrática no contempla nuevas indemnizaciones económicas por parte del Estado, “más allá de las que ya se han venido compensando” en los últimos 45 años.