Carta de Derechos Digitales: esto opinan los expertos

La Carta de Derechos Digitales (PDF) en su versión final ha sido presentada esta semana por el presidente Pedro Sánchez, que se ha referido a ella como “uno de los compromisos más importantes del Gobierno”, y ha estado acompañado de la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño; Pilar Llop, ministra de Justicia; Diana Morant, ministra de Ciencia e Innovación y la secretaria de estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas. 

Para su confección, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA) había convocado a un grupo multidisciplinar de expertos (lista completa al final de este artículo) que han estado trabajando desde junio de 2020. El 17 de noviembre entregaron un borrador que se sometió a consulta pública. En esa ocasión, la Carta de Derechos Digitales recibió críticas de parte de otros expertos en tecnología y letrados, tanto por su fondo como por la forma, que recogimos en Newtral. La principal consistía en que el texto no tiene ningún tipo de fuerza legal y los derechos que  plantea ya se encuentran protegidos por normativas vigentes. 

En esta ocasión, Sánchez, ha explicado que esta Carta «no tiene carácter normativo», sino que propone «un marco de referencia para la acción de todos los poderes públicos, que, siendo compartido por todos, permita navegar el entorno digital aprovechando y desarrollando todas sus potencialidades y oportunidades». Además, «pretende servir de guía para futuros proyectos legislativos y desarrollar políticas públicas más justas, que nos protejan a todos».

La Carta de Derechos Digitales, que consta de 15 páginas [PDF], incluye seis categorías principales de derechos: derechos de libertad; de igualdad; de participación y de conformación del espacio público; del entorno laboral y empresarial; digitales en entornos específicos y de garantías y eficacias.

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Para qué sirve la Carta de Derechos Digitales

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El jefe del Ejecutivo ha dicho que con esta iniciativa «damos cumplimiento a uno de los mandatos de la Agenda España Digital 2025», que es uno de los grandes hitos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado formalmente esta semana por Bruselas. Un plan que «va a dedicar el 28% de sus casi 70.000 millones a la transformación digital de nuestra economía, en múltiples ámbitos y sectores», recordó.

Para Gemma Galdon, directora de Eticas Consulting y asesora en ética de los algoritmos para la OCDE, la ONU o el Parlamento Europeo, la carta es una oportunidad perdida. Celebra “que el Presidente la presente y que sea una prioridad. Pero para que sea una prioridad de acción y no solo de intención, eso requiere dar unos pasos que aún no se han dado y que espero que estén en la agenda. Pero no aparecen en la carta ni en ningún compromiso que vaya más allá de esas buenas intenciones”, observa. 

Hemos contactado con los expertos (lista completa al final) que han estado trabajando en el documento para conocer su opinión sobre la Carta de Derechos Digitales tras este tiempo y saber cuáles son sus aciertos y sus puntos débiles. Aquí las respuestas de los que han podido contestar a las preguntas de Newtral.es.

¿Cómo valora la versión final de la Carta de Derechos Digitales?

Susana de la Sierra: La valoración final es positiva. Creo que es un acierto promover un proceso de reflexión sobre los desafíos jurídicos que comportan los entornos digitales y, en particular, sobre su impacto en los derechos de la ciudadanía. En este sentido, con la Carta se identifican los grandes debates y los aspectos que requieren acción normativa, el desarrollo de políticas públicas y el establecimiento de un adecuado sistema de garantías.

Ricard Martínez: La carta como todo documento es perfectible. Los derechos digitales, en esencia, la respuesta del derecho frente al avance de la tecnología y a los resultados de la investigación, se mueven siempre en un terreno particularmente incierto. Es decir los ciclos de innovación y de investigación son cada vez más acelerados y los resultados de la ciencia cada vez nos plantean problemas nuevos y diferentes. Por lo tanto creo que la versión final del documento se merece alguna valoración, que es la de haber puesto sobre la mesa los principales elementos del debate que está en juego. Desde ese punto de vista, creo que el documento puede ser valorado positivamente, pero no tengo la menor duda de que podría haber sido seguramente más amplio y que está llamado a crecer en el marco de un debate que no es nacional, yo creo que es europeo. 

Manuela Battaglini: Lo que más valoro es que se haya publicado una Carta de Derechos Digitales. La versión última del documento no representa los valores y principios de todo el grupo de expertos. No es tarea fácil alinearlos, pues muchos teníamos puntos de vista diferentes sobre la misma cuestión, pero ya se ha dado un paso hacia delante en la defensa de los derechos e intereses de las personas.

Borja Adsuara: Valoro muy positivamente la aprobación de la Carta. Creo firmemente que es mejor tener una Carta de Derechos Digitales que no tenerla. Aporta elementos al debate y, sobre todo, a la agenda política. En cuanto a la versión ‘final’ del documento, ha mejorado respecto de la versión que se sometió a consulta pública, gracias a las aportaciones de mucha gente, pero no se trata de una foto fija, inamovible, sino que es un proceso dinámico y abierto a modificaciones y mejoras; entre otras cosas, porque se debe plasmar en iniciativas legislativas, aprobadas en el Parlamento, y en políticas públicas, impulsadas desde el Ejecutivo.

Moisés Barrio: El objetivo de la Carta no es el de elaborar un proyecto de norma jurídica (algo que ha decepcionado a no pocos estudiosos de los derechos digitales) sino el de redactar un documento que pueda servir de referencia para una futura ley que actualice la insuficiente regulación de los derechos digitales, por ejemplo en materias como la inteligencia artificial o las neurotecnologías.

Celia Fernández Aller: Creo que es una versión de consenso, que permite ir dando pasos al Gobierno para poder recoger en leyes vinculantes los compromisos de la carta.

Carissa Véliz: En temas de privacidad, me habría gustado ver algo más en la línea de lo que propongo en mi libro, Privacidad es poder (Debate, septiembre 2021). En ese libro propongo que los datos personales sean algo que no se puede vender o comprar, igual que no compramos ni vendemos votos. La carta menciona muchas de las áreas cruciales en las que nos debemos enfocar, pero me habría gustado que se hubiera aprovechado esta oportunidad para proponer algo más ambicioso. 

Ofelia Tejerina: La Carta debe servir de eje para las próximas iniciativas regulatorias, y también organizativas de cara a nuevos proyectos e inversiones de partidas de gasto público. Por esta razón era necesaria. Su contenido ordena la perspectiva digital de nuestra convivencia, y ya no puede pasar desapercibida en ningún sentido. Más aún tras el «revolcón tecnológico» que nos ha dado la pandemia. Estemos más o menos de acuerdo con la expresión de cada uno de los aspectos que recoge, debemos estar satisfechos con el listado de derechos que pregona. Este es un documento del Gobierno que me merece mucho respeto porque se ha elaborado escuchando muchas voces, y ello, con independencia de que se pueda discrepar e incluso esperar mejoras, porque no debemos recibirlo como algo estático sino dinámico, como un punto de partida necesario.

Simona Levi: Hay un problema de fondo grave: las cartas de derechos (como la de la ONU), en ningún caso dicen que se promueve un derecho siempre que esté dentro del marco de la ley. Justamente las cartas de derechos sirven para modificar las leyes, para mejorarlas, ampliarlas y modificar las partes en las cuales las propias leyes no amparan los derechos. Hay que recordar que lo que coarta los derechos son leyes. (…) La propia forma que se escoge, que es muy encorsetada, hace que sea un documento en general muy inferior al resto de cartas de derechos que están circulando en los países libres, como Canadá, y de las que desde hace mucho tiempo se están haciendo desde la sociedad civil, que ella sí es pionera en este tema. El Gobierno de España está diciendo que es pionero mientras llega bastante tarde. 

Javier Ruiz Díaz: La Carta ha sido un buen esfuerzo pero es una lástima que al final no vamos más allá de los límites de la legislación vigente. En el proceso de elaboración se incorporó a un grupo de gente de muchísimo calibre y se miraron las necesidades de reformas legales para desarrollar la Carta en más detalle y que tenga impacto, pero al final eso no ha avanzado lo suficiente. En momentos en los que la UE está planeando legislación sobre inteligencia artificial y el control de las grandes plataformas nos hemos quedado cortos mirando solo a lo que ya tenemos.

¿Cuáles son los aciertos de la Carta de Derechos Digitales?

Susana de la Sierra: En mi opinión, la Carta concibe los procesos de transformación digital en positivo, como procesos que pueden facilitar el entorno personal, laboral y de relaciones con las Administraciones Públicas. Asumiendo que la vida en el entorno digital es el reflejo de la vida sin dispositivos ni herramientas digitales, se vela por la protección de individuos y colectivos. Se apuesta de forma decidida por el principio de igualdad como elemento tractor y se identifican colectivos específicos que requieren la adopción de políticas públicas asimismo específicas.

Ricard Martínez: Como primero de ellos, yo señalaría la existencia de uno que no se encuentra en la propia carta, sino en un diseño estratégico previo. Que el plan de transformación digital y su dimensión de inteligencia artificial hayan pensado en su génesis la necesidad de tener en cuenta la evolución del ordenamiento jurídico es algo poco habitual. (…) Esto implica una afirmación muy clara: aquello de “no se le pueden poner puertas al campo” no es cierto. Cualquier tecnología encuentra su límite intraspasable en la garantía de la dignidad humana y el respeto de los derechos fundamentales.

El segundo elemento que yo destacaría de la carta es la apuesta por la igualdad, por la inclusividad, por no dejar a nadie atrás. El tercer elemento es la apertura de la carta a aspectos innovadores. (neuroderechos, inteligencia artificial). Y el último es creo que el equilibrio entre aquellos aspectos que los expertos han identificado como riesgos, entornos en los que nuestros derechos podían estar en peligro (por ejemplo la atención a los menores), y aquellos elementos en positivo, las oportunidades.

Borja Adsuara: El principal acierto de la Carta es su existencia. El segundo es el proceso participativo seguido para elaborarla: con las aportaciones de expertos y, sobre todo, con dos consultas públicas. Y el tercero es abrir el debate sobre la garantía del ejercicio de los derechos fundamentales en el entorno digital, resaltando los más importantes (como la Libertad de Expresión), indicando nuevos derechos que no estaban recogidos en la Constitución, pero que se han desarrollado en otras leyes y por la jurisprudencia (como el derecho a la identidad digital y al pseudonimato) y apuntando derechos emergentes (ante la Inteligencia Artificial y los neuroderechos).

Moisés Barrio: La Carta sigue la línea de lo que actualmente ya regula en nuestro país la Ley de Protección de Datos. (…) España quiere seguir en una posición de vanguardia internacional en la protección de los derechos de la ciudadanía y contribuir activamente a las diferentes iniciativas y debates que se están desarrollando en el ámbito europeo y global, a fin de servir de herramienta para que el Gobierno y el Parlamento, que son quienes tienen constitucionalmente atribuida la iniciativa legislativa, puedan adoptar próximos pasos, tanto legislativos como de políticas públicas.

Celia Fernández Aller: Esta Carta de Derechos Digitales es una iniciativa que transmite un mensaje potente. Y aunque no es jurídicamente vinculante (tampoco lo es la Declaración Universal de los Derechos Humanos), tiene un valor que va más allá de lo meramente jurídico. Es una valiosa guía que establece pautas de acción consensuadas. El siguiente paso ha de ser regular todo aquello que se insinúa en la carta, para dotar a la ciudadanía de herramientas que les permita defenderse ante posibles vulneraciones de sus derechos digitales.

Ofelia Tejerina: La mera idea de crearla es ya en sí un acierto incuestionable, porque se  trata de criterios de respeto hacia derechos fundamentales. De hecho, en mi opinión llega con retraso,  pero no por ello con menos valor. Desde 2017 venimos trabajando en ello, y ha sido ahora cuando se ha formalizado, apuntalando esa perspectiva digital que ya está en la Constitución Española, pero que requería luz. La mayor parte de lo que se recoge son aciertos. Como gran baza, quiero destacar que se entiende y promueve la educación en competencias digitales como la base de cualquier sociedad tecnológicamente saludable.

Simona Levi: En la anterior Ley de Protección de Datos española hay una buena defensa de la Neutralidad de la red, la carta lo vuelve a reiterar, pero incluso esta reiteración es un poquito inferior a lo que ya está en la ley española del anterior gobierno socialista. Los aspectos de los derechos en el ámbito laboral son bastante pioneros y avanzados. 

Javier Ruiz Díaz: La Carta es muy completa y nos da un «photo-finish” de los principales aspectos de la gobernanza digital a día de hoy. 

¿Cuáles son los puntos débiles de la Carta de Derechos Digitales o con los que no coincide?

Susana de la Sierra: En mi opinión, la Carta abarca todos los aspectos que se encuentran en el debate académico y especializado. Muchos de ellos se encuentran también en el debate público. Lo hace de manera genérica, porque tampoco lo puede hacer de otra forma, debido al tipo de documento de que se trata. En este sentido, es importante que se proceda a elaborar las normas que corresponda y a adoptar las políticas públicas necesarias para que estos derechos y libertades sean reales y efectivos. Hay quien se ha sorprendido del lenguaje “legalista” de la Carta y apuesta por una visión más basada en la ética. Sin embargo, los derechos son lo que son y su protección viene dada por normas y por instrumentos de garantías. La ética es importante, pero las garantías sólo pueden venir dadas por el Derecho.

Ricard Martínez: No le puedo dar una respuesta clara. Afirmar que la carta carece de puntos débiles sería absolutamente desmesurado. Todo en la carta es manifiestamente mejorable. (…) Es posible que otros expertos piensen que hubiera debido ser una carta menos peleada, más de principios. Sinceramente creo que valorar las carencias de la carta corresponde al conjunto de la sociedad y debería ser un elemento de mejora continua. Creo que nuestra sociedad necesita personas dispuestas a contribuir desde la crítica.

Manuela Battaglini: En la defensa de los derechos de las personas ante la inteligencia artificial, en todos los sectores en los que puede ser aplicada, hay muchos conflictos de intereses. Sobre todo, por parte de las administraciones públicas y grandes corporaciones. Ahí es donde debemos seguir empujando y trabajando para que las decisiones automatizadas y perfilados no supongan un daño para las personas, ni aumenten las desigualdades ni discriminaciones sociales ya existentes. De hecho, que no las repliquen en absoluto. Esto, hoy por hoy, no está contemplado.

También debemos seguir trabajando para que la regla general sean los contratos de las administraciones públicas con empresas de software libre y open source, sobre todo en educación. El punto ha de ser puesto en los efectos de la tecnología en la sociedad, en las implicaciones en las personas, y no en la tecnología, porque si ponemos el punto de mira sólo en auditar un algoritmo, o en la transparencia algorítmica, perderemos el contexto por completo, y esto tampoco está contemplado de esta manera.

Borja Adsuara: El punto ‘débil’ de la Carta, al decir de algunos juristas, es que no tiene valor normativo. Pero eso es criticar su propia naturaleza. No es una Ley ni, mucho menos, una Constitución digital. Es una Hoja de Ruta o una Carta de Navegación que indica al Gobierno las modificaciones legislativas y políticas públicas que se deben impulsar en materia de derechos digitales. Es imposible coincidir totalmente con el tratamiento de todos los derechos recogidos en la Carta. Cada uno tendrá su opinión y eso es lo bueno: poner estos temas sobre la mesa y abrir el debate público para establecer los mecanismos de protección eficaces en el entorno digital.

Moisés Barrio: A mi juicio, hay que seguir avanzando en las garantías jurídicas. Creo que tenemos que ir dando los pasos para crear una nueva jurisdicción para los asuntos digitales. Esto ya ha sucedido antes en otros momentos de la historia: por ejemplo con el orden jurisdiccional social, para proteger a los trabajadores, y en otros países hay más órdenes jurisdiccionales, ya sea para proteger a los menores, los especializados en temas tributarios, etc. No olvidemos que los Tribunales actuales están pensados para la era analógica, no la digital, y trabajan con procedimientos, medios y plazos pensados para ese mundo. Por eso, esta nueva jurisdicción se diseñaría desde cero, con un nuevo paradigma procesal, y resolvería en horas o en días, no en meses o años.

Celia Fernández Aller: La carta no aporta mucho en el ámbito de la  protección de datos. Establecer que el tratamiento de datos se base en la legislación vigente no constituye ninguna aportación. Se podría añadir mucho en cuestión de protección de datos: que el ‘default’ sea la no recolección de datos personales (porque el modelo de consentimiento actual no funciona), que no se comercialice con datos personales, que no se permita el uso de datos personales para focalizar anuncios o propaganda, y mucho más. Otros expertos, como Carissa Véliz, han defendido esta idea.

Ofelia Tejerina: En mi caso, y tanto por mi trayectoria profesional como por mi cargo en la presidencia de la Asociación de Internautas, es obvio que los apartados sobre la libertad de expresión y libertad de información, y sobre el «derecho a recibir libremente información veraz», no son del todo conformes con cómo creo que debería estar enfocado. La responsabilidad de los prestadores de servicios de la sociedad de la información no se puede convertir en especie de facultad «imperativa» de control de contenidos en Internet, y esto debía estar más claro. Seguiré defendiendo mi criterio con cada iniciativa pública que se proponga, sea del color que sea. 

Sin embargo, esta Carta no deja de ser una propuesta del Gobierno y no de quienes hemos aportado humildemente nuestra opinión, de manera que no está en mi ánimo distorsionar el trabajo realizado. Al contrario, quiero alabar el enorme esfuerzo de todos los expertos que han participado y felicitar a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial por organizarnos, en especial, mi agradecimiento a Carme Artigas por habernos involucrado en el proyecto. 

Simona Levi: Claramente no se dice que no se puede llevar a cabo el perfilado; que la privacidad y por lo tanto el no-perfilado se deben dar por diseño y por defecto. Lo deja en torno a una ambigüedad, en torno a cierto consenso que será informado… Pero todos sabemos que el consenso y el estar informado no impide que nos atropellen. 

Javier Ruiz Díaz: Hay cláusulas que perpetúan problemas actuales, como el perfilado, donde referirse a la normativa existente puede no ser útil en la práctica ya que hay bastante confusión. 

Otras aunque bienintencionadas podrían crear nuevos problemas. Por ejemplo, en relación con el derecho al pseudonimato, requerir una orden judicial para la re-identificación es progresista en muchos contextos, pero el artículo en su conjunto podría ser interpretado como una nueva obligación de los gestores de sistemas de mantener capacidades técnicas para re-identificar a usuarios. 

Otro punto problemático son las medidas de verificación de la edad, que han sido discutidas de forma extensa aquí en el Reino Unido, donde el gobierno introdujo una ley para obligar a páginas de servicios para adultos a controlar el acceso de menores, que no ha llegado a funcionar. Aunque parece de cajón controlar el acceso infantil, en la práctica es difícil hacer esto bien sin crear muchos riesgos de privacidad para millones de personas.

La directiva europea de servicios de medios audiovisuales (AVMSD) introduce medidas parecidas, y Youtube (Google) ya esta pidiendo copias del DNI o tarjeta de crédito. Lo mínimo sería pedir que los sistemas de verificación no deben de procesar datos adicionales sino simplemente corroborar que la edad entra en unos baremos, que esos sistemas deben ser tratados como procesado de alto riesgo con las obligaciones existentes y que los datos recogidos no deben de ser usados para otros propósitos que la verificación.

Fuentes

• Carta de Derechos Digitales [PDF]

(*) En una primera versión de este artículo se mencionaba que Gemma Galdon había formado parte del equipo que redactó la primera versión de la Carta. Galdon ha explicado a este medio que estuvo al principio pero al tener un contrato su consultora Eticas con SEDIA le pidieron que saliera por incompatibilidad. Desde SEDIA indican que nunca ha formado parte del grupo de expertos de la Carta de Derechos Digitales. Se ha modificado el texto para que la información sea la correcta.