Legislar el consumo del cannabis: qué proponen los partidos y cómo es la recaudación de impuestos en otros países

El PP, el PSOE y Vox bloquearon la tramitación de la primera ley para regular el cannabis. El Congreso de los Diputados tumbó el martes 19 de octubre la toma en consideración de la proposición de ley integral del cannabis impulsada por el partido Más País por 263 votos en contra, 75 a favor y 9 abstenciones.

Esto significa que no se tramitará la propuesta del partido liderado por Íñigo Errejón, que proponía, entre otras medidas, regular el consumo recreativo y medicinal, el cultivo profesional y sobre recaudación de impuestos, crear uno especial sobre este producto que pueda ser superior al 35% sobre el precio de venta.

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Pese a este rechazo, otros dos partidos han registrado sus propias propuestas de ley para la regulación del consumo de cannabis, ERC y Unidas Podemos. El último en registrar su proposición de ley fue el grupo parlamentario de Unidas Podemos.

Así se ha abierto de nuevo el debate en España sobre legalizar o no el consumo de cannabis, cuánto dinero recaudaría el Estado en este sentido y la preocupación sobre la protección de su consumo entre menores de edad.

Te contamos qué proponen los partidos y cómo son los modelos de recaudación de impuestos en países como Estados Unidos, Canadá o Uruguay. 

Qué proponen los partidos sobre la legalización del cannabis

Los tres partidos permiten la posesión de cannabis y su transporte por la vía pública “sin realizar ostentación”. Pero respecto al consumo tienen distintas posiciones. También regula el autocultivo. 

Desde Unidas Podemos limitan el consumo combustionado, fumar, al ámbito privado y a los clubes habilitados para ello (art.20.1) además del acceso a través de dispensarios de cannabis. 

En las propuestas de Más País y ERC hablan de acceso al cannabis a través del autocultivo y mediante asociaciones y clubes. Aunque en Más País sí incluyen la venta a través de dispensarios y en ERC no. Sobre su consumo en la vía pública se acogen a las medidas de la ley del tabaco, es decir, sí lo permiten.

Unidas Podemos deja fuera el uso medicinal del cannabis, como recoge el artículo 5.2 de la proposición de ley.  “Se excluyen del ámbito de aplicación de la presente ley los usos y consumos terapéuticos, medicinales, médicos o farmacéuticos del cannabis y la investigación ligada a los mismos”, plantea el texto. 

Por su parte, tanto ERC como Más País incluyen la regulación del cannabis a través de su  uso medicinal. Así, lo dejan sujeto a prescripción médica y a la normativa sanitaria vigente en materia de medicamentos.

Para la recaudación de impuestos Más País propone la creación de un impuesto especial sobre el cannabis que ”no podrá exceder de un gravamen máximo del 35% sobre el precio final de venta al público”. Queda excluido del impuesto la producción, fabricación y el uso medicinal y la competencia será del Estado, quién podrá ceder la recaudación a las comunidades autónomas.

En esta línea, ERC también prevé la creación de un impuesto especial sobre el cannabis pero no especifica el porcentaje de gravamen y hace más énfasis en la distribución de competencias entre las comunidades autónomas. Unidas Podemos sostiene que la creación de este impuesto especial sobre los productos del cannabis sea gradual según el contenido de THC total de los productos puestos a la venta. Además, añade que las comunidades autónomas se encargan de la recaudación.

Pero, ¿qué impuesto gravaría el consumo de cannabis?, ¿cuánto recaudaría el Estado?  Desde Newtral.es hemos hablado con varios expertos para ofrecer algunos detalles que plantea este nuevo marco.  

¿Cómo sería la tributación?

Para Teresa Pontón, profesora de  Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Cádiz, el principal problema es decidir cómo se va a tributar ya que se trata de un producto que se puede aplicar en diversos formatos. Se puede fumar, ingerir e incluso aplicar como producto cosmético. Entonces, ¿qué impuesto se le aplica?.

Hay distintos tipos de impuestos que se aplicarían y con los que el Estado puede recaudar: 

• Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA): afecta a la venta directa del producto. En el caso del tabaco tributa al máximo, el 21%.
• Impuesto especial sobre el cannabis: porcentaje que se grave afectará al producto a la hora de su venta, a la producción y a los ámbitos que aplique la ley .
• Impuesto de sociedades: con el que se grava a empresas de producción y distribución de productos procedentes del cannabis.
• Impuestos sobre la renta y cotizaciones a la seguridad social como el IRPF o las cotizaciones de trabajadores de empresas y asociaciones de cannabis.
• Impuesto a la exportación: si hay empresas que deciden exportar a países donde es legal la comercialización de esta sustancia.

Los impuestos sobre el cannabis en otros países

Desde Newtral.es hemos hablado con el Observatorio Europeo del Cannabis y con Constanza Sánchez, politóloga y doctora en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, y directora de Ley, Políticas Públicas y Derechos Humanos en ICEERS, para conocer cómo es la tributación en otros países donde es legal la venta y el consumo de cannabis. Te explicamos algunos detalles. 

• Estados Unidos: El impuesto varía en función del estado. La tasa puede establecerse en función de la cantidad (gramo), del porcentaje de venta o según cuánto tetrahidrocannabinol (THC) tiene el producto. En 11 de los 17 estados en los que es legal el uso recreativo de la marihuana se aplican tasas.

Según los datos del Urban Institute, el estado de Colorado recaudó 387 millones de dólares en 2020 a través del impuesto a la marihuana, y en Washington, 474 millones de dólares. Lo que equivale al 1% de los ingresos generales a nivel estatal en cada estado. 

• En Canadá la fiscalidad también cambia según la región, pero en su mayoría está cargado sobre el porcentaje de venta, que varía del 5% al 15%. En el caso más alto significa que si compras 100 euros vas a pagar 15 euros en impuestos. Además, se grava la planta o partes de la misma. 

• Uruguay: el objetivo en este país fue obtener recursos para el IRCCA (Instituto estatal de regulación de cannabis) y para ello se aplica un canon del 10% al precio del gramo que se destina a la gestión del organismo, explica Constanza Sánchez. Su acceso es a través de autocultivo, clubes y venta en farmacias, donde no hay que acreditar que sea para uso medicinal. Los requisitos para acceder a la compra del cannabis parten de ser mayor de edad y estar inscrito en un registro, entre otros. 

¿A qué precio?

“Si es más caro que lo que cuesta en la calle no va a funcionar”, comenta Bernardo Soriano, portavoz de Regulación Responsable a Newtral.es. Explica que la gente ya tiene las necesidades de compra cubiertas, aunque sea mediante de forma ilegal, y que el mal mayor es tener que pagar una multa. Por lo que para Sorianola clave es ser inteligente en la política de tasas que aplique el Estado. 

Además de la necesidad de sacar a flote todas esas actividades que se están haciendo de forma ilegal, desde la plantación, al tratamiento, distribución y venta del producto, de manera que también refloten los trabajos precarios y anclados a ilegalidad, añaden. “El cannabis ya se cultiva, se transforma en España y se vende, o sea que ya tenemos la red logística”. 

Constanza Sánchez coincide en que es importante tener en cuenta la transición de lo ilegal a lo legal y por tanto que el impuesto en principio sea moderado. Así, ve correcto no tasar el autocultivo ni los clubes y sí el  uso recreativo, como recoge la propuesta de Más País. 

Otro tema es el dinero que el Estado dejaría de recaudar en cuanto a sanciones administrativas por consumo y/o posesión de cannabis, comenta Sánchez. De hecho, España es el país europeo que más multas pone en relación al cannabis pese a ser el cuarto país que más consume, según publicó eldiario.es. 

Según la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, el consumo o tenencia de estupefacientes se califica como infracción grave. Este tipo de infracciones se sanciona con multas de 601 a 30.000 euros. 

Sánchez añade que la regulación también le permitiría al Estado ahorrar en el gasto que tiene sobre el control del narcotráfico.

Cuánto se pretende recaudar

Un estudio publicado por la universidad Autónoma de Barcelona, que también comparte Más País en su propuesta, estima que con la regulación del cannabis en España se ingresarían 3.312 millones en concepto de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social.

“Es una estimación muy variable e incluso a la baja, al no tener en cuenta la exportación de las semillas”, indican desde el Observatorio Europeo del Cannabis, quienes creen que en esto sería lo mínimo que recaudaría el Estado y que en el mejor de los casos se podría incluso multiplicar esta cantidad por diez si se tiene en cuenta la exportación.

Por su parte, Pontón comenta que es “poco viable calcular la recaudación ya que se hacen estimaciones en relación a otros países de la Unión Europea que no tienen el mismo sistema fiscal que el español”.

Sobre si el Estado está preparado para la creación de un nuevo impuesto, Pontón afirma que España tiene las infraestructuras administrativas pero que para ello hay que asignar personal. 

A dónde quieren llevar la recaudación de impuestos

En la proposición de ley integral del partido que lidera Íñigo Errejón recogen que el 60% de la recaudación derivada de este impuesto especial se destinará a las partidas de presupuestos asignadas a la sanidad pública.

Desde el Observatorio Europeo del Cannabis están de acuerdo con lo que plantea Más País. De hecho van más allá, piden que este dinero vaya a programas de daños, riesgos y consumo porque el objetivo “no es aumentar el consumo sino su regulación”.  

Unidas Podemos también dedica unas líneas al destino del dinero que recaude la Administración. “Dos terceras partes del impuesto especial recaudado deberá destinarse a partidas presupuestarias relativas a educación, sanidad y Agenda 2030”, sostienen. 

En cambio, ERC habla del destino del dinero que provenga de las sanciones impuestas. Así recoge que las Administraciones competentes podrán destinar total o parcialmente los importes al desarrollo de programas de investigación, de educación, de prevención y de control de las adicciones.