Canarias apela a la “solidaridad obligatoria” para repartirse la tutela de menores extranjeros no acompañados

Este fin de semana más de 300 migrantes llegaron a las costas canarias según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias. De estos, 55 menores llegaron a La Gomera y 27 a El Hierro, pero aún no están bajo tutela de la Dirección General de Protección a la Infancia, como explican a Newtral.es desde la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.

El número de menores extranjeros no acompañados que llegan a las islas no ha dejado de crecer, al igual que la migración en general en las Islas Canarias, que ha aumentado en un 144,4% en lo que va de año hasta el 15 de agosto respecto al mismo periodo del año anterior, como reflejan los datos del Ministerio del Interior.

La comunidad autónoma enfrenta problemas para atender a los menores desde hace meses, como explicaba la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, ya en diciembre de 2020.  En sede parlamentaria, Santana señaló que la comunidad pasó a tutelar cuatro veces más niños en diez meses, de 500 a más de 2.200. “Ni siquiera en la crisis de los cayucos de 2006 hubo tantos niños y niñas tutelados por esta comunidad autónoma”, dijo.

A día de hoy hay 2.355 menores tutelados entre el Gobierno autonómico y los cabildos insulares, según señalan a Newtral.es desde la Consejería de Derechos Sociales. “Este dato será un poco mayor porque durante el fin de semana llegaron más”, aclaran.

Ante esta situación, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, busca el apoyo del Gobierno y de otras comunidades para “activar la solidaridad obligatoria” y repartir la tutela de estos menores, como señaló el pasado 30 de julio tras la Conferencia de Presidentes celebrada en Salamanca, ante los medios de comunicación (a partir del min. 07:30).

El 68% de los menores tutelados siguen pendientes de un informe que determinen su edad

Como ya explicamos en Newtral.es, el proceso por el que tienen que pasar los menores extranjeros no acompañados desde que llegan a España es complejo. El artículo 35 de la Ley de Extranjería indica que, en caso de que los menores lleguen indocumentados y su minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad, el Ministerio Fiscal determinará su edad, colaborando con las instituciones sanitarias necesarias. 

Una vez se haya conseguido determinar la edad del menor, el Ministerio Fiscal “lo pondrá a disposición de los servicios competentes de protección de menores de la comunidad autónoma en la que se halle”. Sin embargo, este trámite puede ser lento. 

Esto ha hecho que, en junio, el 68% de los menores tutelados en Canarias seguían pendientes de un informe que determine su edad, como informa la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias.

En diciembre de 2020, se aprobó una subvención de 10 millones de euros a Canarias para la atención de menores inmigrantes, una subvención extraordinaria como la que se hizo en mayo de este año a las comunidades autónomas que acogieron a menores extranjeros tras su llegada a Ceuta. Sin embargo, el presidente afirma que «no es cuestión exclusivamente de recursos económicos, que son insuficientes los que se trasladan, sino de un concepto».

“Solidaridad obligatoria”: ¿a qué se refiere el Gobierno canario?

El pasado marzo, el presidente Torres anunció en una rueda de prensa (min. 22:40) que nueve comunidades autónomas (Cataluña, Navarra, Cantabria, Valencia, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Asturias y Aragón) aceptaron acoger a 200 inmigrantes. En lo que llevamos de año, se ha trasladado a 152 menores, indica la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud a Newtral.es. Sin embargo, esta cifra es insuficiente para el Ejecutivo canario.

David Ojeda Merino, jefe de la Oficina de Relaciones con los medios de esta consejería, explica que el Gobierno de Canarias se refiere a la idea de corresponsabilidad compartida, a ese reparto entre comunidades. “Desde las islas se entiende que es un problema de Estado y que, como tal, se tiene que actuar, porque los recursos en Canarias están a su máxima capacidad”, añade. 

La solidaridad obligatoria, en el contexto de las declaraciones de Torres, hace referencia a la solidaridad interterritorial, como explica Lucía Alonso Sanz, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid. “Este principio ya es una obligación, como viene regulado en la Constitución Española (arts. 2 y 138)” añade. Alonso aclara también que el principio de solidaridad exige que todos los poderes públicos, estatales y autonómicos, actúen teniendo presente tanto el interés general como los intereses propios de los demás entes territoriales.

En el caso de las tutelas de menores extranjeros no acompañados, “la solidaridad se ha materializado en momentos puntuales mediante acuerdos sobre el número de menores que acogería cada comunidad” cuenta la experta. Reconoce que un sistema de reparto obligatorio y regular no sería fácil jurídicamente. Las normas sobre menores son las que deben regular el estatuto jurídico de los migrantes menores de edad, no las de inmigración. El problema “es la falta de competencia del Estado para actuar en materia de protección pública de menores, pues esta es una competencia autonómica”.

Torres ha insistido en que “habrá que cambiar la ley” y, a ser posible, antes de que se acabe la legislatura. En caso de que no se consiga durante este tiempo, el presidente ha reconocido que “habrá que tomar una iniciativa legislativa en Canarias para que los menores no acompañados sean competencia del gobierno autonómico junto al Gobierno central y el resto de las autonomías”.

El nuevo pacto europeo de migración y asilo incluye la “solidaridad obligatoria”

Canarias no es el único territorio que exige colaboración interterritorial ante la migración. En septiembre de 2020, en la presentación del nuevo pacto de migración de la Unión Europea, la comisaria de Interior, Ylva Johansson, expresaba la necesidad de establecer un “mecanismo de solidaridad obligatoria” debido a la “presión migratoria”. 

El nuevo pacto de migración europeo (pág. 7) incluye este mecanismo. Se descartan las cuotas de reparto obligatorias, pero se establecen las reubicaciones y los “patrocinios de retornos”. Estos se basan en el apoyo logístico y operacional entre países. En principio son voluntarios, pero, en caso de crisis, los estados miembros “podrán elegir entre la reubicación o el patrocinio de retornos”, como aclaró la comisaria europea. 

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante una intervención ante medios sobre este mismo pacto, expresaba que “no se trata de si los estados miembros deben apoyarse con solidaridad y contribuciones, sino de cómo deben hacerlo”.

La ruta Canaria: 428 migrantes han perdido la vida en 2021

En lo que llevamos de año, y con datos recogidos por el Ministerio del Interior hasta el 15 de agosto, han llegado 8.222 migrantes a las costas canarias, un 1.378,7% más que en 2019. “Es muy difícil señalar un solo factor que explique las causas detrás de este aumento”, explica Agustin Mussini desde la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Entre algunas de las razones que obligan a los migrantes a emprender la peligrosa travesía de la Ruta Atlántica de África Occidental se encuentran las crisis económicas —agravadas por la pandemia de la COVID-19—, la guerra y la violencia, la inseguridad política y la degradación medioambiental, entre otros motivos. A estos habría que sumarle los “factores de atracción” que llevan a los migrantes a querer llegar a Europa, como la aspiración a un futuro mejor o la posibilidad de enviar remesas a la familia.

En 2021, de acuerdo a los datos del proyecto Missing Migrants de la OIM, se han registrado 428 muertes y desapariciones en la ruta Canaria. Esta cifra incluye 79 mujeres y 25 niños. Mussini indica que estos datos son estimaciones a la mínima, pues hay casos de naufragios “invisibles” que son imposibles de documentar.