Los principales partidos, excepto Podemos, ya cuentan con un canal de denuncias como el que plantea la futura ley del denunciante

La futura ley del denunciante de delitos de corrupción -que en estos momentos se encuentra en la fase de informe- establece que los partidos políticos deberán implantar un canal interno de denuncias. Así, la normativa, que transpone la directiva europea conocida como Whistleblowers, pretende proteger a las personas que informen sobre corrupción y violaciones del derecho de la Unión Europea, tales como irregularidades en la contratación pública o información sobre la prevención del blanqueo de capitales.

El 17 de diciembre de 2021 era la fecha máxima para que los Estados miembros de la UE aprobasen una iniciativa que estableciera normas y procedimientos para proteger a los denunciantes de corrupción. Sin embargo, España no ha cumplido el plazo establecido para aplicar dicha directiva, por lo que Bruselas abrió un expediente sin sanción económica a nuestro país -y a otros 23 países de la UE- por no trasladar a tiempo la legislación europea sobre esta materia.

[Las sanciones a la difusión de secretos oficiales chocarían con la protección de los denunciantes de corrupción exigida por Bruselas]

No obstante, el PSOE y PP son dos de los principales partidos políticos que ya cuentan con un canal interno de denuncias, mientras que Vox y Ciudadanos apuestan por un canal ético en el que informar sobre infracciones. Por su parte, Unidas Podemos no especifica en sus documentos internos un mecanismo para proteger a los denunciantes.

Qué recogen los principales partidos políticos sobre un canal interno de denuncias

PSOE

Los socialistas tienen un canal de denuncias y de reclamaciones para denunciar cualquier hecho penal del que se tenga conocimiento de las personas sometidas a sus Estatutos, así como de infracciones de las obligaciones suscritas por sus Estatutos o por su Código Ético. Las acusaciones presentadas mediante este mecanismo se tratarán por el PSOE con “estricta confidencialidad” para el denunciante, además de no tomar represalias “de ningún tipo” contra esta persona. Eso sí, esta debe identificarse y acreditarse.

Sin embargo, la información proporcionada de dicho canal recoge que se quitará la protección al denunciante si existieran denuncias falsas cuando se iniciaran las acciones legales correspondientes, si hubiese un requerimiento judicial que solicite conocer los datos completos de la denuncia, o si se diese el derecho a una tutela judicial para la defensa en juicio.

Procedimiento. El PSOE detalla cómo es el proceso de gestión una vez que se registra una denuncia en el canal hasta su respectiva evaluación.

PP

Las personas sometidas al Código Ético y de Conducta de los populares que tengan conocimiento de su incumplimiento deberán comunicarlo “obligatoriamente” e “inmediatamente” al Órgano de Cumplimiento Normativo (OCN). Para llevar a cabo esta acción, el PP es otro de los partidos políticos que cuentan con un canal interno de denuncias. Una vez interpuesta la acusación, la conducta será investigada y, si procede, también sancionada de acuerdo con la normativa interna de esta formación.

Infracciones muy graves. Se considerará como tal incumplir con la obligación a denunciar, presentar una denuncia sabiendo que es falsa, y no respetar la confidencialidad mientras se está tramitando la denuncia presentada.

Vox

El Código de Conducta de Vox recoge que es “responsabilidad” de todos sus integrantes cumplir con los principios, los valores y las pautas planteados en este Código, aparte de velar “por su correcto cumplimiento”. Pero, si se diese el caso contrario, el hecho en cuestión se deberá poner en conocimiento de forma “inmediata” al partido a través de un canal ético habilitado para esto. El órgano encargado de esta función es el Comité de Garantías.

La formación de Santiago Abascal señala que estas acusaciones disponen de “las garantías necesarias para mantener la seguridad” de las comunicaciones que se realicen durante su tramitación, además de la confidencialidad. En todo caso, el denunciante será protegido contra “cualquier forma de represalia”.

Podemos

La formación morada indica en su Documento Ético que todo cargo público de Podemos tiene tanto el deber como la obligación de denunciar a la justicia “las ilegalidades” que se encuentre durante el ejercicio de su cargo, aunque no especifica ningún tipo de canal para llevarlo a cabo. Eso sí, el incumplimiento de los principios plasmados en este documento será considerado como infracción muy grave.

Ciudadanos

Ciudadanos pone a disposición de sus colaboradores un canal ético para permitirles denunciar cualquier incumplimiento de la normativa interna del partido del que tengan conocimiento. Aparte, también será utilizado para realizar consultas relacionadas con dicha normativa o con cualquier duda ética. Con esto, el canal tramitará y resolverá tanto denuncias como consultas de un modo “confidencial, trazable y auditable”.

Asimismo, y para intentar prevenir la corrupción, todo cargo electo o designado de esta formación que sea objeto de cualquier acto o tentativa de soborno o corrupción, deberá comunicar los hechos mediante el canal ético del partido. También se comunicará los hechos en el caso de haber rechazado el intento.

Procedimiento. Ciudadanos detalla cómo es el proceso de gestión desde que se envía una denuncia al canal hasta su respectiva respuesta.

De 1.001 hasta 300.000 euros: las sanciones que contempla la futura norma

El proyecto de ley del denunciante de delitos de corrupción establece, aparte de un canal de denuncias para los partidos políticos, un régimen sancionador contra las actuaciones que impliquen represalias contra los informantes. Así como contra los incumplimientos a la hora de establecer las reglas de los canales de comunicación.

Infracciones muy graves. Adoptar cualquier represalia frente a los informantes, vulnerar las garantías de confidencialidad y anonimato, y comunicar públicamente información que se sabe que es falsa serán infracciones multadas con una cuantía de 30.001 hasta 300.000 euros.

Infracciones graves. Intentar obstaculizar la presentación de informaciones e incumplir la obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de las informaciones serán acciones multadas con un importe que va desde los 10.001 hasta los 30.000 euros.

Infracciones leves. Remitir información de forma “incompleta, de manera deliberada” o fuera del plazo concedido para ello e incumplir la obligación de colaborar con la investigación de informaciones serán infracciones multadas con una cuantía de 1.001 hasta 10.000 euros.