Debates entre candidatos, umbral para conseguir escaño, financiación pública… así es la normativa electoral que regula las elecciones de Castilla y León

Este 28 de enero ha comenzado una campaña electoral en Castilla y León en clave nacional. En los comicios adelantados que convocó Alfonso Fernández Mañueco para el 13 de febrero los partidos se juegan más que su representación en las cortes autonómicas, unas cortes a las que se accede siguiendo los requisitos que marca la ley electoral castellanoleonesa. 

Esta norma tiene una serie de especificidades que hace estas elecciones diferentes a las que se celebraron en Madrid en el mes de mayo o las de Galicia y País Vasco en julio de 2020. Y es que, en España, 16 de las 17 comunidades cuentan con su propia ley electoral. 

La excepción la representa Cataluña, donde se aplica la norma estatal porque desde 1981 los partidos no son capaces de alcanzar un acuerdo. De esta ley nacional – la LOREG-  parten todas las normas territoriales, por lo que comparten semejanzas en cuanto a la fórmula por la que se reparten los diputados (Ley D’Hont) o la duración de la campaña electoral (15 días), entre muchos otros. Las diferencias llegan a la hora de determinar el voto, fijar las subvenciones electorales por cada representante obtenido o idear un mecanismo antibloqueo en la investidura.

Umbrales de voto diferentes

Todas las comunidades autónomas tienen un umbral de voto, esto es, un porcentaje mínimo de papeletas que cualquier candidatura tiene que obtener para obtener representación. 

En clave castellanoleonesa: umbral de voto del 3% en la circunscripción. Este requisito a quien más puede afectar es a las aspiraciones de la España Vaciada, por ser pequeñas candidaturas sin una base electoral sólida. Se presentan por primera vez a las elecciones en cinco provincias (Valladolid, Soria, Palencia, Burgos y Salamanca), pero las primeras encuestas solo les dan representación en Soria, circunscripción por la que concurre el movimiento con más bagaje y recorrido: Soria ¡Ya!. 

Como Castilla y León, la inmensa mayoría de regiones cuentan con el mismo umbral que se establece para las elecciones generales (el 3%), pero hay cinco autonomías que decidieron dar un paso más y subir este requisito hasta el 5% de los votos de la circunscripción: Baleares, Cantabria, Galicia, La Rioja y Madrid. Precisamente, esta diferencia de dos puntos fue lo que impidió que Ciudadanos lograra representación en la Asamblea madrileña en las últimas elecciones del 4 de mayo, pues obtuvo el 3,57% de los votos. 

Por su parte, Canarias y Extremadura presentan un sistema híbrido, pues posibilitan que los partidos logren representación por la vía de la circunscripción como las demás pero, también, si las candidaturas superan un porcentaje de votos a nivel autonómico. Finalmente, la Comunidad Valenciana tiene únicamente en cuenta el umbral del 5% de las papeletas válidas en el conjunto del territorio. 

Parlamentos autonómicos de tamaños muy diversos

La heterogeneidad también se aprecia en el número de diputados que componen cada cámara autonómica, una cifra supeditada en algunos casos al nivel de población, como es el caso de Galicia o Aragón. 

En clave castellanoleonesa: 81 diputados. En esta comunidad la cifra de diputados por provincia cambia en función de su población. Su Estatuto fija que cada provincia cuente con una cifra inicial de tres escaños a la que se van sumando asientos por cada 45.000 habitantes o fracción superior a 22.500 vecinos. 

Son La Rioja y Castilla-La Mancha las que tienen un parlamento más pequeño, conformado en ambos casos por 33 representantes. En el punto contrario se encuentra Madrid, que con 136 asientos tiene la cámara más grande aunque no es el territorio con más habitantes. Le siguen Cataluña (135) y Andalucía (109).

Subvenciones por los gastos de la campaña electoral

La celebración de elecciones suponen un desembolso de dinero público, ya no solo por lo que acarrea su organización sino, también, por las cantidades que se dan a los partidos políticos para los gastos que puedan tener. 

A este respecto, las comunidades dan varios tipos de ayudas a las formaciones que obtienen representación. Entre ellas, una cantidad por escaño logrado y otra por voto conseguido en cada circunscripción donde hayan logrado al menos un diputado. 

En clave castellanoleonesa: 10.205 euros por diputado. Aunque el marco es común, el rango de estas compensaciones es amplísimo, como demuestra que el próximo 13 de febrero los partidos cobrarán 10.205 euros por cada procurador que logren. Se trata de una cifra que no llega ni a la mitad de los 27.939 euros que se endosaron las formaciones en los comicios vascos de 2020. 

Debate durante la campaña electoral

Solo Castilla y León, Murcia y País Vasco tienen la obligación de celebrar debates durante la campaña de los comicios autonómicos. En el caso de los dos últimos, deberán realizarse al menos un debate en los medios de comunicación públicos (en País Vasco, uno en cada lengua oficial). A estas citas solo podrán acudir los candidatos de los partidos que lograron representación en las últimas elecciones.

En clave castellanoleonesa: dos debates, como mínimo. En la campaña electoral de las elecciones del 13 de febrero tendrán lugar al menos dos debates, pero la normativa de Castilla y León es más estricta que la murciana y la vasca. Solo permite que participen los partidos que tuvieran grupo propio en la cámara autonómica (PP, PSOE y Ciudadanos), un criterio que deja fuera a VOX. El partido de ultraderecha lo recurrió, pero el Tribunal Supremo ha rechazado su pretensión de acudir a los debates del 31 de enero y del 9 de febrero. 

En el resto de comunidades, que se celebren estos debates dependen de la voluntad de los políticos, con las limitaciones que esto supone.