La Cámara de Representantes de Estados Unidos −el equivalente al Congreso de los Diputados en España− y el Senado son dos cámaras legislativas independientes, con elecciones diferenciadas y en las que los partidos con mayoría no tienen por qué coincidir.
Aunque parezca una incongruencia con el sistema legislativo de España en mente, en Estados Unidos no lo es. De hecho, lo más común es que tras unas elecciones intermedias o midterms, que se producen a la mitad de los mandatos presidenciales, los presidentes de Estados Unidos pierdan, al menos, una de las cámaras.
La traducción de esto en Estados Unidos sería que si, por ejemplo, el presidente en ese momento es del partido demócrata, los resultados de las elecciones intermedias podrían hacer que perdiera el control en la Cámara de Representantes, el Senado o incluso ambas, si el partido que termina siendo mayoritario tras la votación es el republicano. Eso sí, cuando esto sucede, lo que resta del mandato del presidente puede complicarse.
Nada que ver con lo que sucede en España. En el caso español, al no ser un sistema presidencialista, el poder ejecutivo emana de los resultados electorales de las Cortes Generales.
Qué pasa cuando la Cámara de Representantes o el Senado no coinciden con el partido del presidente de Estados Unidos
Puede darse que tras unas elecciones en mitad del mandato de un presidente, su partido pierda el control de la Cámara de Representantes, del Senado o de ambas. Y esto, en Estados Unidos, es más común de lo que parece.
Aunque depende de la cámara en la que el partido pierda la mayoría, lo que suele generar es una dificultad a la hora de aprobar nuevas leyes, como explica María Corres, profesora del departamento de Relaciones Internacionales e Historia Global de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y del departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid. Esto se debe a que las iniciativas legislativas que se quieran aprobar deben tramitarse en ambos órganos, así como la creación de comisiones de investigación o la continuación de las que ya estaban aprobadas.
Para la experta, la forma de solucionarlo pasaría por que los partidos fueran capaces de ponerse de acuerdo, ya sea en la Cámara de Representantes o en el Senado, y que negociaran. Aunque apunta que “cuando no coinciden, lo que suele pasar es que se tienden a aprobar leyes más neutras, que no tengan tanta carga ideológica, pero que sean necesarias para el bien del país”. Y pone el ejemplo de los paquetes de medidas para paliar los efectos de la covid durante la presidencia de Donald Trump, cuando perdió la Cámara de Representantes ante el partido demócrata.
Cómo funciona la tramitación legislativa en Estados Unidos
El hecho de que se pierda la mayoría en alguna de las cámaras condiciona la agilidad y facilidad con la que un presidente y su partido pueden sacar leyes adelante. Esto se debe a que las iniciativas legislativas tienen que pasar por ambos órganos.
Si la Cámara de Representantes es del partido contrario al del presidente, la oposición podría aprobar normas en la Cámara Baja. Pero si el Senado sigue siendo del partido en el poder, podría bloquearlas y “hacerlas morir ahí”, como explica Corres.
El procedimiento es similar al de España: se aprueba un texto normativo en la Cámara de Representantes, se traslada a un comité específico para que haya un proceso de enmiendas y después se eleva al Senado, que sigue el mismo procedimiento. También puede suceder que la norma emane del Senado, pero, de nuevo, el texto tendría que ser respaldado por la Cámara de Representantes, aunque el partido mayoritario sea el mismo.
En el caso de que el Senado o la Cámara cambien el texto o consideren que debe hacer modificaciones, se puede crear una Comisión Mixta con representantes de las dos cámaras. Para Corres, es en este punto donde los partidos estadounidenses deberían abogar por ponerse de acuerdo y sacar adelante las normas.
Una vez el tratamiento legislativo concluya y se firme el texto definitivo, la última palabra la tiene el presidente de Estados Unidos.
Las opciones del presidente de Estados Unidos cuando se aprueban leyes contrarias a las ideas que defiende su partido
Como explica Corres, una vez el presidente recibe la norma tiene varias opciones. La primera sería firmar y aprobar la ley. La segunda pasaría por vetarla, pero ahí tendría el riesgo de que las cámaras levantaran el veto con una votación de dos tercios a favor de ello. Una tercera opción sería no hacer nada, y en ese caso la ley se aprobaría en un plazo de diez días, el mismo que tiene el presidente para aplicar el resto de opciones. Por último, existe la opción conocida como el ‘veto de bolsillo’.
El ‘veto de bolsillo’ también implica no hacer nada por parte del presidente, pero las circunstancias son diferentes. Si la sesión de las cámaras termina o entra en un periodo vacacional, como, por ejemplo, las Navidades, antes de que se cumpla el plazo de diez días y si el presidente no ha tomado ninguna acción, “el proyecto de ley caduca y el Congreso no puede votar para revivirlo”, como explica la página web de la Casa Blanca. Si las cámaras aún desean aprobar la legislación, deben iniciar el proceso entero desde el principio.
La Cámara de Representantes, el Senado y los partidos: cómo se organizan
La Cámara de Representantes de Estados Unidos está compuesta por 435 miembros elegidos cada dos años por circunscripciones electorales. Por otro lado, los senadores son 100, dos por cada estado, y su renovación es distinta. Cada dos años se vota a un tercio de la Cámara Alta.
La diferencia legislativa entre uno y otro, según explica Corres, es que el Senado es el órgano que decide sobre los nombramientos presidenciales, como los de la Corte Suprema, los nombramientos a la vicepresidencia y cualquier tratado que involucre el comercio exterior. Mientras que la Cámara de Representantes es donde se suelen iniciar el resto de proyectos legislativos, donde se debaten y emiten las leyes.
- Página web de la Casa Blanca
- María Corres, profesora del departamento de Relaciones Internacionales e Historia Global de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y del departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid