La ley de calidad alimentaria cumple 10 años como marco común de control en todo el territorio nacional

La norma que establece una regulación común para certificar la calidad de los alimentos cumple  10 años este viernes 1 de agosto. Esta ley unificó el sistema de control de calidad alimentaria de productos, ingredientes y piensos, desde su producción hasta su comercialización en todo el territorio nacional. 

• La ley sustituyó a un real decreto de 1983 para alinear la norma a directrices europeas sobre los controles oficiales de calidad de alimentos. 

El cambio. La iniciativa reformó el concepto de calidad alimentaria, incluyendo en este el cumplimiento de las normas de etiquetado, la presentación del producto o sus orígenes. 

• Igualdad entre comunidades. Otro de los cambios que introdujo esta norma fue la igualdad en los sistemas de controles de calidad en las distintas comunidades autónomas. Hasta ese momento, cada autonomía podía decidir qué tipo de normas sobre controles de calidad establecía en su territorio. 
• Un caso, Galicia. La comunidad autónoma de Galicia aprobó en 2005 su propia ley de promoción y defensa de la calidad alimentaria. 

La nueva ley no restó competencias a las comunidades pero forjó un marco común para todo el Estado de forma que las autonomías aplicaran los mismos criterios de calidad y que los controles fueran equivalentes en todo el país a través del consenso entre el Ministerio de Agricultura y las comunidades. 

• Con ella, también se creó la red de intercambio de información de calidad alimentaria (Riica), un organismo encargado de gestionar la comunicación entre los actores implicados en el proceso de calidad alimentaria para gestionar posibles incidencias. 

Régimen sancionador. La norma actual contemplaba un régimen sancionador en el que se preveían multas que podían llegar a los tres millones de euros en función de la infracción cometida. 

• En 2016 el Tribunal Constitucional declaró nulos e inconstitucionales los artículos de la norma que hacían referencia a las infracciones por ser considerados una intromisión en las competencias de las comunidades autónomas. 

Desde Europa. Los reglamentos sobre legislación alimentaria y sobre los controles oficiales de calidad alimentaria son las dos normas que esta ley adaptó. Este último reglamento, ya derogado, fue sustituido por una norma posterior a la ley española, el reglamento sobre controles oficiales.

Un real decreto de 1983. Esta norma regulaba las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción alimentaria. El texto contemplaba un régimen sancionador que distinguía entre sanciones leves, graves o muy graves con multas de hasta 600.000 euros o el cierre temporal de los locales que incumplieran con sus medidas.

“Recentralizar competencias”. El debate parlamentario previo a la aprobación de esta norma se centró en la cuestión de las competencias autonómicas. Una de las críticas respecto a ella fue la que realizaba la diputada de Esquerra Republicana Teresa Jordá. “El principal objetivo del presente proyecto de ley es recentralizar competencias autonómicas, como hacen en la mayoría de las leyes que ustedes aprueban”, argumentaba la parlamentaria en el hemiciclo en reproche al Partido Popular, al frente del Gobierno en 2015. 

• El diputado Joseba Andoni Agirretxea (PNV) aludía en su momento a un sobrepaso de las competencias que se recogen en la Constitución como propias del Estado. En este caso, el diputado hacía referencia a que Euskadi ya contaba con la ley 17/2008, equiparable a la de controles de calidad de Galicia y que recentralizar el sistema era restar competencias a la comunidad autónoma.