Hace tiempo que circula en las redes sociales un mensaje que afirma que el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha sido condenado a pagar más de medio millón de euros en concepto de costes procesales por su litigio contra el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena en Bélgica.
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Es falso. No se le ha impuesto ninguna pena económica porque el proceso judicial aún no ha terminado. Además, las tarifas públicas de la justicia belga fijan un tope de 36000 euros para este tipo de costes, aunque en este caso concreto llegaría como máximo a 360 euros, según indican tanto las partes implicadas como desde prensa de la cámara de justicia.
En Bélgica, los costes procesales están preestablecidos por la administración, pero para conocer el precio final hay que esperar hasta el fin del contencioso. «Depende del valor de la disputa legal», resumió para Verificat el abogado belga Simon Bekaert [representante del exconseller de Cultura Lluís Puig], y se determina en función de las tarifas de la Cámara Nacional de los Agentes Judiciales de Bélgica en su página oficial. Los precios previstos llegan a un máximo de 36.000 euros, según ha explicado a Verificat el departamento de prensa de esta cámara, pero en el caso del proceso de Puigdemont y Llarena, como se trata de una reclamación por daños morales valorada en un euro, según confirma a Verificat el abogado de Puigdemont Gonzalo Boye, el máximo a pagar serían 360 euros.
En su día, en agosto de 2018, el ministerio de Justicia anunció en un comunicado que la administración española iba a destinar cerca de 550.000 euros (IVA incluido) a financiar los gastos del bufete de abogados contratado para representar al estado y al juez Llanera en el pleito. Sin embargo, la indemnización del proceso judicial que tiene que pagar la parte perdedora en Bélgica es independiente del coste de la defensa de la parte ganadora, según ha confirmado a Verificat el área de prensa de la cámara.
Partiendo de las tarifas públicas, la indemnización que tendría que pagar Puigdemont son esos 360 euros, aunque como ha admitido la cámara, es raro que un condenado llegue a pagar el precio máximo si el caso no se dilata de manera extraordinaria. Lo más probable, por un caso de este tipo sin imprevistos, sería que tenga que pagar una indemnización de 180 euros. Boye lo califica de “simbólico”.
El origen de la demanda
En junio de 2018, Puigdemont y los exconsellers instalados en el extranjero denunciaron por la vía civil al juez Llarena, el instructor del juicio del procés, por «vulneración de los derechos fundamentales«. Tal como explicó el también abogado de Puigdemont Paul Bekaert en una entrevista en TV3 (minuto 00:30) en 2018, la demanda surgió después de que Llarena emitiera «su opinión sobre el caso que está llevando como juez fuera de la audiencia y fuera de la sentencia. Un juez puede dar su opinión, pero tiene que quedar dentro de la sala del tribunal y solo se puede emitir en el marco de la sentencia».
Boye confirmó en 8 al dia de 8TV que se trataba de unas manifestaciones de Llarena en Oviedo donde, según él, el juez habló de sus defendidos y reflejó «cuál es su sentimiento íntimo a la hora de tomar las decisiones». Llarena, que en agosto de ese año recibió el amparo del CGPJ, había dicho en febrero que no consideraba que los políticos encarcelados fueran «presos políticos».
La causa sigue abierta
Gonzalo Boye ha explicado a Verificat que la causa no fue archivada en abril de 2020, como han informado muchos medios de comunicación, sino que fue «desestimada en primera instancia» y ahora está «en proceso de apelación». En consecuencia, los costes procesales «se resolverán al final del pleito«.
El Ministerio de Justicia del Gobierno español, que ha contratado un bufete de abogados para representar a Llarena en Bélgica, también ha confirmado a Verificat que «la otra parte ha recurrido en casación y apeló» y que, por lo tanto, «el proceso continúa». «No conocemos el importe total porque solo ha terminado la primera instancia. (…) Cuando esté cerrado, sabremos el importe total», detalló el departamento de prensa del Ministerio a Verificat en un correo electrónico. Justicia también ha avanzado que «en principio no se formulará reclamación» para recuperar los costes procesales.
Las tarifas en Bélgica
Volviendo a las tarifas de la Cámara Nacional de los Agentes Judiciales de Bélgica y más allá de los casos en los que la disputa legal no se puede valorar en dinero, Simon Bekaert afirma a Verificat que los jueces generales aplican la basisbedrag (la tasa estándar o básica) de la tabla. Por ejemplo, explica, «si demandas a alguien que dañó tu propiedad y exiges una indemnización de 8.000 euros, la tarifa estándar es de 1.080 euros».
Bekaert añade que «la ley establece que si el caso es especialmente complejo y fuera necesaria una cantidad anormal de trabajo, el juez puede aplicar una tasa más alta»; en el caso anterior, puede llegar hasta los 2.400 euros. Por otro lado, «si el mismo caso fuera anormalmente simple (por ejemplo, porque la parte perdedora nunca impugnó su reclamo y prácticamente no tuvo trabajo para obtener el fallo), el juez puede aplicar una tasa más baja»; en este ejemplo, 600 euros.
La tarifa más alta es de 36.000 euros y corresponde a «disputas legales por valor superior a un millón de euros y donde el juez dictamina que el caso era anormalmente complejo y necesita una gran cantidad de trabajo», añade Bekaert, que sostiene que «esta tasa casi nunca se condena».
El abogado belga Pierre Henry confirmó a Newtral.es que en Bélgica el único pago que debe hacer el demandante que pierda un caso es el de los costes judiciales fijados por la autoridad y que en ningún caso incluye el coste de los abogados de la otra parte, a diferencia de otros sistemas judiciales. Al igual que Bekaert, Henry coincide en que «es muy poco común que se alcance el máximo de los 36.000 euros».
Resumen
Por tanto, tal y como confirman desde el ministerio de Justicia y desde la defensa procesal de Puigdemont, la causa vinculada con el juez Llarena aún no se ha resuelto. Y en caso de resolverse en contra del expresidente de la Generalitat, el coste máximo de «costas procesales» no alcanzaría, a diferencia de los que afirma el texto que estamos verificando, los 500.000 euros.
Este artículo es fruto de la colaboración entre Verificat y Newtral
