El 12 de abril el Parlamento andaluz fue el escenario de una polémica votación: la ampliación de regadíos en Doñana. Con los votos del PP y Vox, la proposición de ley presentada por ambos partidos sigue adelante pese a las advertencias de los científicos. Sin embargo, un día después de la votación, el portavoz de campaña de los populares, Borja Sémper, aseguró en La Hora de la 1 que “la Comisión Europea no se ha pronunciado sobre esta proposición de ley” segundos después de afirmar que este organismo “lleva años alertando sobre la situación de Doñana” (a partir del min. 1:18:21).
Sin embargo, desde Bruselas han advertido de posibles sanciones si se aprueba de forma definitiva esta norma. Lo han hecho a través de una carta (cuya veracidad ha confirmado a Newtral.es la Comisión Europea) al embajador representante permanente de España ante la Unión Europea, Marcos Alonso. Pero también lo hicieron en enero de 2022, como señala esta última misiva, después de que PP, Ciudadanos y Vox registraran varias proposiciones de ley para aumentar el regadío en Doñana.
Desde Newtral.es hemos preguntado al gabinete de prensa del PP por las declaraciones de Borja Sémper sobre Doñana. Por el momento, no hemos obtenido respuesta.
Bruselas amenaza con un nuevas sanciones si sigue la tramitación de la norma sobre Doñana pese a lo que dice Sémper
“La Comisión ha tenido conocimiento de que el pasado 3 de marzo de 2023 se presentó ante el Parlamento de Andalucía una nueva proposición de ley, para ser tramitada por el procedimiento de urgencia, que pretende la regularización de cultivos de regadío ilegales en el entorno de Doñana”. Así arranca la carta que la directora general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Florika Fink-Hooijer, envió a las autoridades españolas en marzo cuando el Parlamento andaluz aceptó a tramitación por vía urgente la proposición de ley presentada por el PP y Vox.
Es decir, pese a lo que afirma Borja Sémper, Bruselas advirtió a las autoridades sobre el plan de Doñana un mes antes de la votación en la cámara andaluza. De hecho, en esta misma carta, la Comisión Europea asegura lo siguiente: “De prosperar esta tramitación en los términos anunciados, se estaría produciendo una violación flagrante de lo dispuesto en la sentencia del Tribunal de Justicia (de la Unión Europea, TJUE)” que sancionó a España en 2021.
En este sentido, esto supondría que se “tomaría en consideración la adopción de todas las medidas necesarias, incluyendo la interposición de un nuevo recurso ante el TJUE en el que se solicitaría que se impongan sanciones pecuniarias (monetarias)”.
Esta sería la segunda carta que ha mandado el organismo europeo. En la primera, enviada a inicios de 2022, como recoge EFE, Fink-Hooijer transmitió la “honda preocupación” del organismo por la regulación de los regadíos del parque natural que propuso entonces la Junta de Andalucía con el apoyo del PP, Ciudadanos y Vox. Además, en esta misiva ya advirtió de la posibilidad de volver a recurrir al TJUE para reclamar más multas.
La Comisión Europea multó a España en 2019 y el TJUE la sancionó en 2021
En su intervención, Borja Sémper hace referencia a la postura de la Comisión Europea respecto a Doñana para afirmar que esta “lleva años alertando sobre la situación” del parque natural.
Y es que, en enero de 2019, el organismo europeo llevó a España ante el TJUE por “la desprotección del humedal de Doñana”. En junio de 2021 la justicia europea dio la razón a Bruselas al considerar que España incumplió “las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva marco sobre el agua en dos aspectos”, que son los siguientes: el primero, “no tuvo en cuenta las extracciones de agua ilegales y las extracciones de agua para el abastecimiento urbano”, y el segundo, “no previó (…) ninguna medida para evitar la alteración de los tipos de hábitats protegidos provocada por las extracciones de agua subterránea para abastecer el núcleo turístico de Matalascañas (Huelva)”.
Resumen
El portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, aseguró que “la Comisión Europea lleva años alertando sobre la situación de Doñana” para, segundos después, concluir que este mismo organismo “no se ha pronunciado sobre esta proposición de ley”.
Sin embargo, Bruselas advirtió en 2022 y en marzo de 2023, cuando el PP y Vox registraron el proyecto de ley que se votó esta semana, que “de prosperar esta tramitación en los términos anunciados, se estaría produciendo una violación flagrante” de la sentencia del TJUE.
Por tanto, consideramos que la afirmación de Sémper es engañosa ya que mezcla elementos que son correctos (la Comisión Europea ha advertido en más ocasiones y en otros años a España sobre la situación de Doñana) con otros que no lo son (la Comisión Europea sí se ha pronunciado sobre la norma propuesta en el Parlamento andaluz, pese a lo que dice Sémper).
