El Boletín Oficial del Estado (BOE) de este lunes 12 de septiembre recoge el traspaso de competencias de la Administración General del Estado a Canarias en materia de ordenación y gestión del litoral, que tendrá efecto a partir del 1 de enero de 2023. De este modo, la comunidad autónoma pasará a desempeñar distintos cometidos, entre los que se encuentran:
Uso de las playas. Se encargará de gestionar, vigilar y sancionar –en su caso– todo lo relacionado con las autorizaciones de usos de temporada en las playas y en el mar territorial, de actividades en las que concurran circunstancias especiales de peligrosidad y las de ocupación del dominio público marítimo-terrestre con instalaciones desmontables o bienes muebles.
Autorizaciones. Canarias otorgará las autorizaciones en zonas de servidumbre de tránsito y acceso al mar, y también se encargará de su control. Esta zona es una franja de 6 metros de anchura medidos desde la línea interior de la ribera del mar donde no está autorizada la construcción de ninguna instalación.
Concesiones. La comunidad autónoma asume la renovación, modificación, extinción y gestión, así como la recaudación de las multas, de los ingresos que se deriven de las ocupaciones recogidas en el artículo 64 de la Ley de Costas. Igualmente, se encargará del registro de concesiones en dominio público marítimo-terrestre en el ámbito de la comunidad autónoma.
Obras. Planificar y ejecutar los proyectos de obras en el litoral canario que no sean de interés general.
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Aprobado el traspaso de competencias en costas a Canarias
Asimismo, otras competencias continuarán siendo del Estado y no serán transferidas a la comunidad autónoma de Canarias. Por ejemplo, se reserva la función de emitir un informe preceptivo en relación a la garantía, tanto de la integridad física como del uso del dominio público marítimo-terrestre. Igualmente, mantiene las funciones de fijar el importe de los cánones de ocupación del dominio público marítimo-terrestre y de ejercer la titularidad sobre los derechos económicos devengados por su utilización.
Además, se traspasan una serie de medios patrimoniales entre los que se encuentran siete vehículos y dos edificios; y medios personales. Para llevar a cabo todo ello, se destinarán un total de 805.368,77 euros.
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