El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles 23 de febrero el Real Decreto-ley 2/2022, de 22 de febrero, por el que se adoptan medidas en materia de cotización y desempleo para los trabajadores de la isla de La Palma afectados por la erupción del volcán de Cumbre Vieja y se prorrogan algunas medidas como la prohibición de desahucios a población vulnerable y el corte de suministros de agua, luz y electricidad.
Ayudas a trabajadores de La Palma y plan nacional de vigilancia sísmica
El real decreto ley recoge el aplazamiento y moratoria en el pago de las cuotas de trabajadores por cuenta de La Palma afectados por la erupción volcánica registrada en la zona de Cumbre Vieja. Podrán solicitarlo con relación a cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta.
Además, prorroga hasta el 30 de junio los ERTE especiales de la isla, las exoneraciones de las cotizaciones sociales y la prestación a autónomos que se han visto obligados a cesar en la actividad como consecuencia directa de la erupción volcánica.
Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado la creación de un Plan Nacional de vigilancia sísmica, vulcanológica y de otros fenómenos geofísicos para la optimización de los recursos y mejora de los sistemas de vigilancia, detección y regulación técnica.
Tendrá una vigencia cuatrienal y será el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana el encargado de constituir un grupo de trabajo para su elaboración.
Prórroga de medidas de protección social
El BOE incluye otras prórrogas que afectan a medidas y ayudas dirigidas a colectivos vulnerables y a trabajadores.
- Exenciones a autónomos hasta el 30 de junio.
El RDL recoge medidas dirigidas a trabajadores como exenciones en la cotización a favor de los autónomos que hayan percibido alguna prestación por cese de actividad asociada al Real Decreto-ley 18/2021. Esta exención entra en vigor el 1 de marzo y finaliza el 30 de junio de 2022 y se fijan los porcentajes de exoneración entre el 90% y el 25%.
Por otro lado, se mantiene también desde el 1 de marzo la prestación extraordinaria por cese de actividad a los trabajadores autónomos que se hayan visto obligados a suspender su actividad por medidas de contención contra la COVID-19, y con fecha de fin en junio de 2022.
- Prórroga de los ERTE hasta el 31 de marzo para transicionar a los nuevos expedientes de regulación temporal de empleo contenidos en la reforma laboral
- Prórroga del Plan MECUIDA hasta el 30 de junio. Este plan regula la adaptación o reducción de la jornada laboral de trabajadores para atender a los cuidados como consecuencia de la COVID-19.
- Suministros: se prorroga hasta el 30 de junio la prohibición de corte de suministro de energía eléctrica, gas natural y agua a los consumidores con la condición de vulnerabilidad
- Desahucios: se amplía hasta el 30 de septiembre la prohibición de desahucios de vivienda habitual para personas vulnerables. También se prorroga el plazo de solicitud de compensación por parte del arrendador.
Reducción de jornada por el cuidado de menores enfermos
Otra medida incluida en este RDL permite que aquellos trabajadores que han tenido reducción de jornada para el cuidado durante la hospitalización y tratamiento continuado, de un menor a cargo por cáncer o por cualquier otra enfermedad grave, y que ha finalizado por el cumplimiento de los 18 años, puedan volver a solicitar la reducción de jornada.
Esto afecta a aquellos que vieron finalizada esta reducción antes de que entrase en vigor la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 que aumentó el límite de edad a los 23 años.
Subida del Salario Mínimo Interprofesional
El BOE también lleva este miércoles la subida del salario mínimo interprofesional para 2022 hasta los 1.000 euros brutos al mes en 14 pagas. La norma que entra en vigor mañana jueves, toma efecto desde el 1 de enero de 2022 con efectos retroactivos.
Además, recoge que los trabajadores eventuales, temporeros y empleadas del hogar temporeras cuyos servicios no superen los 120 días en la misma empresa tienen derecho a percibir un mínimo de 47,36 euros por jornada legal.
Por otro lado, las personas dedicadas al servicio del hogar, tienen que cobrar un mínimo de 7,82 euros brutos por hora trabajada.
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