En el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este viernes 9 de julio se publica la ley de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales del Gobierno de Canarias. También se incluye la prórroga de la cuarentena para las personas procedentes de la India, así como la ley de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía.
El objeto de la normativa canaria es regular las medidas y procedimientos para reconocer una serie de derechos como la libre autodeterminación de la identidad y expresión de género, garantizando el libre desarrollo de la personalidad sin sufrir presiones o discriminación por ello o el poder acceder a una documentación acorde con su identidad, entre otros.
Además, la ley establece que las personas trans e intersexuales menores de edad tienen derecho a recibir de la comunidad autónoma la protección necesaria para promover el desarrollo integral de su personalidad. En este sentido, determina que estas personas tienen derecho a recibir la atención sanitaria, educativa y social relativa a su identidad o expresión de género.
El BOE que recoge la ley de género de Canarias expresa, sobre estas personas menores, la norma especifica que “tienen derecho a ser oídas y a expresar su opinión en atención a su madurez y desarrollo a cualquier edad, siempre si superan los doce años de edad, y su consentimiento deberá ser recabado de manera clara e inequívoca si superan los dieciséis años de edad, en relación a toda medida que se les aplique”.
Prórroga de la cuarentena para los viajeros procedentes de la India
Los viajeros procedentes de la India que lleguen a España deberán continuar guardando cuarentena durante los diez días siguientes a su llegada. Con la publicación de la prórroga de esta medida se amplían hasta el 24 de julio las restricciones a las que deben someterse las personas procedentes de este país por la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
Lucha contra la corrupción y protección de la persona denunciante
El objeto de esta ley andaluza es la creación de una Oficina contra el Fraude y la Corrupción. Además, regula el procedimiento a seguir para la investigación e inspección de los hechos que pudieran ser constitutivos de fraude, corrupción, conflicto de intereses o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de intereses públicos o financieros.
Además, la ley contempla la protección de las personas que formulen denuncias ante dicha oficina y les otorga confidencialidad, regulada en el artículo 14. “Las personas al servicio de la Oficina, para garantizar la confidencialidad de las investigaciones, estarán sujetas al deber de sigilo que perdurará, sin límite temporal, también después de cesar en el cargo o de ocupar los puestos de trabajo adscritos a la Oficina”, apunta.
Con ello se pretende evitar perjuicios a las personas investigadas, a los denunciantes, y también para garantizar la eficacia del procedimiento que se pudiera iniciar en consecuencia.
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