El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este viernes 25 de febrero la ley 3/2022, de 24 de febrero, de convivencia universitaria y la ley 2/2022, de 24 de febrero, por la que se aprueba la exención en el pago del IRPF a los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y otras prestaciones.
Ley de convivencia universitaria
El Ministerio de Universidades publica la Ley de convivencia universitaria, aprobada recientemente por el Senado, que establece un régimen de sanciones para las novatadas, el acoso sexual y el plagio, entre otras conductas. La medida entra en vigor desde este sábado 26 de febrero.
La ley considera, en este sentido, faltas muy graves realizar novatadas en la universidad cuando haya un grave menoscabo para la dignidad de las personas, así como acosar sexualmente o por razón de sexo, discriminar por razón de sexo, orientación sexual, identidad de género, pertenencia a grupo étnico, clase, discapacidad, y plagiar total o parcialmente una obra en la elaboración de Trabajo de Fin de Grado, Trabajo de Fin de Máster o la Tesis Doctoral.
La sanción por falta muy grave conlleva la expulsión de dos meses hasta tres años y la pérdida derechos de matrícula parcial, durante un curso académico
Exención del pago del IRPF para los perceptores del IMV
Por otro lado, el BOE publica la ley 2/2022, de 24 de febrero, de medidas financieras de apoyo social y económico y de cumplimiento de la ejecución de sentencias, recoge la exención de pago del IRPF a los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y de las prestaciones económicas de las comunidades autónomas en concepto de renta mínima de inserción.
La normativa también aplica a aquellas ayudas que atienden a personas y familias que carecen de medios económicos suficientes, de manera que el IMV y esas prestaciones estarán exentas hasta un importe máximo anual conjunto de 1,5 veces el indicador público de rentas de efectos múltiples, que equivale a 12.159,42 euros anuales.
Además, esta ley recoge la ampliación de crédito del Ministerio de Hacienda por importe de 638 millones de euros para el pago de la sentencia del Tribunal Supremo en relación con el Proyecto Castor.
Para las discriminaciones por índole sexual, discapacidad, etc.. se quedan cortos, si por mi fuera no les dejaría matricularse en una universidad de por vida y un par de años en la sombra, no estaría tampoco mal.