Novedades BOE | Las medidas del “escudo social”, prorrogadas hasta el 31 de octubre

escudo social 2022
Foto | Juan Carlos Hidalgo (EFE)
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En el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este miércoles 4 de agosto se publica el Real Decreto-ley por el que se prorroga el paquete de medidas que el Gobierno ha bautizado como el “escudo social” en el ámbito sanitario, social y jurisdiccional hasta el 31 de octubre

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Entre estas iniciativas del «escudo social», se mantiene la prohibición de cortar los suministros básicos de agua, electricidad y gas natural y además se crea una nueva categoría de consumidor vulnerable para prorrogar el derecho a recibir el bono social. La suspensión temporal de desahucios seguirá vigente, así como la prórroga extraordinaria del plazo del contrato de arrendamiento por un máximo de seis meses.

Se extiende también la posibilidad de pedir la moratoria o condonación parcial de la renta si el arrendador es una empresa o gran tenedor, con más de diez viviendas. La compensación de los titulares de viviendas afectados podrán pedir una compensación hasta el 30 de noviembre, pues se modifica también el Plan de Vivienda Estatal 2018-2021. 

El real decreto incluye también la consideración de servicios esenciales los que se dedican a la protección y asistencia de las víctimas de violencia de género.

BOE y escudo social: el decreto de marzo de 2020

La extensión de este paquete de medidas se decidió el martes 3 de agosto en el último Consejo de Ministros previo a las vacaciones y prorroga el real decreto del 4 de mayo, cuyo vencimiento está previsto para el 9 de agosto en el periodo posterior al decaimiento del estado de alarma. 

La primera vez que se aprobaron estas medidas fue el 31 de marzo de 2020, con motivo de la crisis social y económica desatada por la COVID-19, y se ha ido aprobando su renovación. En el real decreto se reconoce que “aún continúa el riesgo de afectación a los sectores más vulnerables de la población, que son los destinatarios principales” de estas medidas. 

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Distribución del fondo extraordinario de 13.486 millones para las CCAA

El BOE publica también el Real Decreto 684/2021, de 3 de agosto, por el que se establecen los criterios y la distribución para la entrega de una dotación adicional de 13.486 millones de euros que se incluyó en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 y que se repartirá entre las comunidades y ciudades autónomas.

Estos recursos, que se encuentran al margen del sistema de financiación, busca respaldar a las autonomías ante la prestación de servicios públicos fundamentales como la educación, la sanidad y los servicios sociales en el marco de la pandemia. “Al tratarse de fondos no condicionados”, señala la norma, se podrán destinar a sectores especialmente dañados por la pandemia, como el transporte.

La cantidad que recibirá cada comunidad se fraccionará en dos pagos: el 70%, en septiembre, y el 30%, en noviembre de 2021. El criterio aplicado al cálculo de lo que le corresponde a cada región depende de la población ajustada definitiva de 2020 y destina 10.000 millones a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. De esta forma, las que más recursos recibirán son Cataluña y Andalucía, y las que menos, las dos ciudades autónomas.

Nace el título de especialista en Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia

En el Consejo de Ministros del martes 3 de agosto, el Gobierno decidió crear el título de médico o médica especialista en Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia. El Real Decreto 689/2021, de 3 de agosto, publicado este miércoles en el BOE, actualiza también algunos aspectos del título de especialista en Psiquiatría. 

De acuerdo con el real decreto, los programas formativos de las dos especialidades tendrán una duración mínima de cinco años y compartirán el programa en los dos primeros cursos. Además, se creará la Comisión Nacional de la Especialidad de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia en un plazo de tres meses y la Comisión Delegada de Psiquiatría del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud en un mes desde la entrada en vigor de esta decisión, el 5 de agosto.

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“Este real decreto no implica incremento de gastos de personal ni precisa de nuevas dotaciones presupuestarias” del sector público, puntualiza la norma.

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