En el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este miércoles 27 de octubre se publica el Real Decreto-ley por el que se prorroga el paquete de medidas que el Gobierno ha bautizado como el “escudo social” en el ámbito sanitario, social y jurisdiccional hasta el 28 de febrero de 2022.
La norma incluye una modificación del Real Decreto-Ley de medidas urgentes de apoyo a La Palma que permite adaptar la prestación por cese de actividad de autónomos a las necesidades específicas de la isla debido a la erupción del volcán de cumbre vieja.
Además, se establecen un paquete de medidas para consumidores vulnerables ante la subida de precios del gas y la electricidad y se incluyen dos subvenciones con cargo al Plan de Recuperación: uno en inclusión social y otro para fomentar la internalización de la industria audiovisual española.
Escudo Social hasta 2022: segunda prórroga del decreto de marzo de 2020
La extensión del paquete de medidas del “escudo social” se decidió el 26 de octubre en Consejo de Ministros, ya que el vencimiento de estas estaba previsto para el 31 de octubre, según la prórroga que el Gobierno aprobó en agosto.
Entre estas iniciativas aprobadas en el BOE, se mantiene la prohibición de cortar los suministros básicos de agua, electricidad y gas natural. También permanece la categoría de consumidor vulnerable para prorrogar el derecho a recibir el bono social hasta el 28 de febrero de 2022.
La suspensión temporal de desahucios seguirá vigente hasta 2022 como parte del escudo social, así como la prórroga extraordinaria del plazo del contrato de arrendamiento por un máximo de seis meses. Además, se extiende la posibilidad de que los arrendatarios que se encuentren en situación de vulnerabilidad soliciten la moratoria o condonación de la renta cuando el arrendador sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor (persona física con más de diez viviendas).
En esta nueva extensión de la norma, el real decreto-ley vuelve a incluir la consideración de servicios esenciales los que se dedican a la protección y asistencia de las víctimas de violencia de género hasta que finalice febrero de 2022. Así, la administración pública debe seguir garantizando a las víctimas de violencia de género la prestación de servicios de acogida, de información o asesoramiento jurídico 24 horas.
El Gobierno justifica esta prórroga hasta 2022 del escudo social por “razones de urgencia” porque “continúan presentes los efectos del COVID-19 y la recuperación social y económica se está llevando a cabo de forma progresiva”. La primera vez que se aprobaron estas medidas fue el 31 de marzo de 2020, con motivo de la crisis social y económica desatada por la COVID-19, y se ha ido aprobando su renovación.
Medidas urgentes de apoyo a La Palma para autónomos
Dentro del mismo real decreto-ley se incluye una modificación de otra norma, la que contenía las medidas urgentes de apoyo a los afectados por el volcán de La Palma. Este cambio contemplaba medidas dirigidas a los trabajadores autónomos que han tenido que cesar su actividad y que no se hubiesen podido acoger a lo regulado hace un mes.
Para los que se han visto directamente afectados estará vigente la prestación por cese de actividad sin que se computen, a efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos, los cinco primeros meses de percepción de la prestación.
Si han tenido que paralizar su actividad por daños tendrán derecho a una prestación económica por cese de actividad de naturaleza extraordinaria. La cuantía será del 70% de la base mínima de cotización que les corresponda por la actividad a la que se dedicaban.
Medidas para los consumidores ante el precio de la energía
El Consejo de Ministros también aprobó un paquete de medidas diseñado para consumidores vulnerables ante la subida de precios del gas y la electricidad el 26 de octubre de 2021. Un día después, el BOE las recoge en un real decreto-ley que además dispone incluir una mayor transparencia en los mercados mayorista y minorista de electricidad y gas natural. Entrará en vigor el 28 de octubre.
Las medidas atañen especialmente a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 17/2021. Con esta nueva norma se incrementan los descuentos del bono social eléctrico desde el 40 hasta el 70% para los consumidores vulnerables severos y desde el 25 al 60% en los consumidores vulnerables. La medida tendrá efecto hasta el 31 de marzo de 2022.
También se duplicará el presupuesto para el bono social térmico durante este 2021: pasa de 102,5 millones de euros a 202,5 millones de euros. La cuantía mínima de ayuda a los beneficiarios de este bono también se incrementa, de 25 a 35 euros.
Para mejorar la transparencia se incluye en la Ley del Sector Eléctrico que obligue a las comercializadoras a facilitar a la administración información sobre producción, consumo, venta de energía. Deberán publicar información transparente, comparable y actualizada sobre los precios aplicables a todas las ofertas disponibles en cada momento para clientes con consumo anual inferior a 50.000 kWh.
Además, tendrán que informar del efecto de las modificaciones de los contratos. En el mercado mayorista eléctrico, las compañías deberán aportar mensualmente datos sobre los acuerdos y coberturas que suscriban, tanto con terceros como dentro del mismo grupo empresarial.
Subvención de 110 millones para inclusión social
El BOE también incluye una concesión directa de 109.787.404 euros para el despliegue de políticas de inclusión ligadas al Ingreso Mínimo Vital (IMV). Estas ayudas destinadas a las entidades del Tercer Sector (se detalla un listado de las que pueden presentarse) están financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que canaliza parte de los fondos europeos.
Las subvenciones irán destinadas al desarrollo de itinerarios de inclusión social en el ámbito laboral, educativo, de salud, de vivienda, entre otros, con personas beneficiarias del IMV. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha establecido un importe máximo para cada entidad.
Los colectivos prioritarios serán: niños y jóvenes, mayores, discapacitados, migrantes, mujeres víctimas de violencia de género y víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual, las personas víctimas de discriminación, las personas sin hogar, las procedentes de minorías étnicas, las personas trans, reclusos y exreclusos, entre otras.
Subvención de 5 millones para internacionalizar de la industria audiovisual
Con cargo al citado Plan de Recuperación, el BOE también publica a través de un real decreto la concesión de una ayuda de cinco millones de euros a Spain Film Commission para fomentar la industria audiovisual española atrayendo rodajes internacionales.
Las acciones que se lleven a cabo con cargo a la subvención estará destinada a la puesta en marcha de cinco programas: la creación de una red social que reunirá al talento audiovisual español; el fortalecimiento de la red territorial de Spain Film Commission; la creación una plataforma transmedia y la potencialización de la estrategia de marketing y comunicación a través de la cual se fomenta la imagen España como destino de rodajes e inversiones del sector audiovisual.
Esta ayuda se enmarca dentro del programa ‘España hub audiovisual de Europa’ Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Cese de la Embajadora en Misión Especial para la Igualdad de Género en la Política Exterior
El BOE también dispone el cese de la Embajadora en Misión Especial para la Igualdad de Género en la Política Exterior, Clara Cabrera Brasero, para la que no se ha nombrado aún un sustituto.
Cabera Brasero reemplazó a Clara Girbu, cesada a su vez el 5 de agosto de 2020. Newtral.es dio conocimiento de las tareas de este cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación aquí.
