El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles 10 de marzo la formalización de un contrato por 1,5 millones de euros para el servicio telefónico 016 de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género.
BOE y violencia de género
La Secretaría de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género adjudicó el 28 de enero este contrato a Servicios de Teleasistencia S.A., que ahora se publica en el BOE.
Cabe recordar que en mayo de 2020, según datos del Ministerio de Igualdad, durante el primer estado de alarma aumentaron las peticiones de ayuda a servicios de asistencia a víctimas de violencia de género en comparación con el periodo del 14 de marzo de 2019 (día en que se decreta el estado de alarma) al 15 de mayo de 2019 (último día con datos disponibles).
Estos servicios de asistencia que citaba en su informe el Ministerio de Igualdad serían los relativos a las llamadas telefónicas al 016, a consultas online al 016 (escribiendo al correo [email protected]), así como al servicio de WhatsApp de atención psicológica, puesto en marcha el 21 de marzo de 2020 -por lo que no hay datos del año anterior para comparar-.
Así, según este informe, hubo 18.700 peticiones de ayuda a alguno de estos servicios durante el primer estado de alarma (del 14 de marzo al 15 de mayo de 2020), suponiendo un incremento del 61,5% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando hubo 11.575 peticiones de ayuda.
Impuesto de sociedades
Además, el BOE incluye el real decreto aprobado el pasado martes en el Consejo de Ministros, por el que se modifican la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, y la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en relación con las asimetrías híbridas. En este sentido, Hacienda busca luchar contra la evasión fiscal y la norma trata de evitar que se produzcan dobles deducciones de un mismo gasto en dos países al mismo tiempo.
Asistencia jurídica gratuita
También publican el Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo, por el que se aprueba el nuevo Reglamento de asistencia jurídica gratuita para “reforzar el derecho a la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos”.
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