Lo que sabemos del contrato para mascarillas que la Comunidad de Madrid adjudicó a una empresa que se vincula al hermano de Díaz Ayuso

El 1 de abril de 2020 la Comunidad de Madrid adjudicó un contrato a la empresa madrileña Priviet Sportive S.L. para obtener 250.000 mascarillas por 1.512.500 euros (con IVA) que irían destinadas al pabellón 10 de IFEMA, donde se había instalado un hospital temporal. Distintos medios vinculan al presidente de esta empresa, Daniel Alcázar Barranco, con un hermano de la presidenta del ejecutivo madrileño, Tomás Díaz Ayuso. La propia presidenta ha confirmado que su hermano «tuvo relación comercial» con esa empresa. La hipótesis de una supuesta comisión presuntamente irregular o ilegal cobrada por parte del hermano de la presidenta madrileña ha provocado un terremoto político en el seno del Partido Popular nunca visto.

La semana arrancó con distintas informaciones en varios medios de comunicación sobre una trama de espionaje urdida por la sede nacional popular de Génova para conseguir información, presuntamente comprometedora, de Isabel Díaz Ayuso y su entorno familiar. Fue la presidenta la que primero llevó el asunto a una comparencia pública inédita el jueves en la sede del gobierno de Madrid, en Sol, para arremeter contra el «entorno de Pablo Casado» ante estas informaciones difundidas en prensa.

Eso fue a las 13:00h, y dos horas después respondía, ya en Génova 13, el secretario general del PP, Teodoro García Egea. El número dos de la organización explicaba en rueda de prensa que la dirección nacional recibió en el mes de septiembre información sobre “un supuesto cobro de comisiones relativo a un contrato sanitario de la Comunidad de Madrid en beneficio del entorno de Isabel Díaz Ayuso“. García Egea afirmó que el PP había comenzado una investigación al respecto. Según El Confidencial, se pusieron en contacto con varias empresas de detectives para sondear la posible contratación de sus servicios. Un punto que el secretario general de los populares, sin embargo, negó tajantemente. No obstante, anunciaba la apertura de un expediente informativo sobre el caso, que pronto se acabaría cerrando.

Ese mismo día el diario ABC hacía públicas las suspicacias de Génova: la cúpula del partido sostiene que el hermano de Díaz Ayuso cobró 280.000 euros de comisión por mediar en el contrato. Pero aún no contarían con una prueba lo suficientemente sólida para llevar el asunto a la Fiscalía, explica el medio.

El viernes, en una entrevista en COPE, Pablo Casado daba sus primeras impresiones ante la polémica de la supuesta comisión cobrada por el hermano de Díaz Ayuso, pidiendo a la presidenta de la comunidad que aclare si ese pago se realizó y si se hizo conforme a la legalidad. 

“Habrá quien pueda pensar que el hermano de Ayuso ha utilizado a un testaferro para ser el adjudicatario del contrato”, ha llegado a decir Casado durante la entrevista, en la que además ha explicado cómo tuvo acceso a la información de la adjudicación. “Me llega una información a final del verano, con datos fiscales y bancarios”, ha dicho el presidente del PP, que pese a no aclarar de dónde procedía dicha información dijo que podría inferirse su origen de “alguna institución pública”, al contener esos datos.

Casado, que calificaba la situación de “estrambótica”, aseguró que Ayuso no contestó a su petición de información respecto a este asunto, que realizó en privado en septiembre. El líder de la oposición señaló además que las noticias sobre un presunto espionaje de Génova a Ayuso son un «montaje» para tapar las sospechas sobre Díaz Ayuso por el contrato a su hermano.

Inmediatamente después de la entrevista a Casado en COPE, Isabel Díaz Ayuso intervenía en el mismo programa para contestar a la versión del presidente de su partido. Ayuso ha reconocido que su hermano recibió una “comisión” por este contrato, descartando nada ilegal.

Ese mismo viernes, en un comunicado posterior, la presidenta dio más detalles. Afirmaba que este cobro no se trataba de una «comisión», como dijo durante la entrevista, sino de una “contraprestación por su trabajo“. “La factura a Priviet Sportive no es una comisión por obtener el contrato de la Administración, sino el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid, que es distinto“, dice el texto. Además, según este comunicado hecho público por la Comunidad de Madrid, ese pago habría sido de 55.850 euros más IVA.

Fuentes de la dirección nacional del PP informaron el sábado sobre un encuentro al que Casado convocó el viernes por la tarde a Ayuso en la sede nacional del PP para buscar una solución. En dicha reunión, según fuentes del PP nacional, Casado trasladó a Ayuso que cerrarán el expediente informativo que se le había abierto al considerar que se han aportado las explicaciones pertinentes. El comité de Garantías del partido, presidido por Andrea Levy será el encargado de dar por concluido este expediente. Pese a ello, desde la Comunidad de Madrid se ha trasladado a los medios que la reunión fue «infructuosa», según recoge la Agencia EFE.

Una única adjudicación pública de la Comunidad de Madrid 

El contrato que ha provocado uno de los mayores cismas en el PP se trata de una adjudicación otorgada a la empresa Priviet Sportive S.L. para la obtención de material de protección en los peores meses de la pandemia. Es la única asignación de la que ha sido beneficiaria esta empresa en la Comunidad de Madrid, según ha podido comprobar Newtral.es mediante el Portal de Contratación del gobierno autonómico.

Tampoco aparece un acuerdo distinto a este en la Plataforma de Contratación del Sector Público, donde desde 2017 se aúnan las convocatorias de contratos de todas las administraciones y entidades públicas de España. Por tanto, si la búsqueda que arroja este servicio público es correcta, la empresa que preside el conocido de la familia de Ayuso no habría servido a ninguna otra administración pública desde su fecha de constitución, que la plataforma Axesor sitúa en 1994.

El contrato no se hizo público hasta junio de 2020. Aunque el contrato se firmó pocos días después del inicio del primer estado de alarma ocasionado por la pandemia para “garantizar la protección de pacientes y profesionales sanitarios”, no se hizo público hasta el 10 de junio. En un primer momento se indicó que la Dirección General de Proceso Integrado de Salud había dado conformidad para adquirir las mascarillas el 24 de marzo de 2020, pero esta fecha fue modificada después al 1 de abril de 2020.

Procedimiento de urgencia. El trámite se llevó a cabo por procedimiento de emergencia, es decir, sin concurso público ni publicidad. Una vía excepcional que contempla la Ley de Contratos española, que permite adjudicar acuerdos de forma rápida, sin abrir expediente y con poca transparencia. Está limitado a tres supuestos: acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave peligro y necesidades que afecten a la defensa nacional. 

• Esta vía ha sido frecuente desde que empezó la pandemia en todas las administraciones, como reflejó el último informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas

¿Cuál es la versión de la presidenta Isabel Díaz Ayuso?

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una comparecencia tras las informaciones publicadas por varios medios, ha asegurado que todos los contratos están publicados en el portal de transparencia y que no hay nada ilegal al respecto. «Podré cometer errores, pero no ilegalidades», afirmaba.

De hecho, Ayuso ha confirmado que preguntó a su hermano y que este le confirmó las “relaciones comerciales” con esta empresa a la que se le adjudicó el contrato de mascarillas, insistiendo en que “todo era completamente legal”. Ayuso ha recalcado en su comparecencia que espera que los miembros de la dirección nacional del PP “prueben que ha habido tráfico de influencia y prueben que ha habido un solo contrato irregular”.

Sobre el presunto espionaje por parte del PP, la presidenta madrileña afirma ser conocedora desde hace dos meses de rumores acerca del intento del partido de contratar a un detective privado y pide que se depuren responsabilidades en el partido tanto a nivel nacional como regional. 

Por qué cree Génova que el contrato vinculado al hermano de Ayuso puede ser irregular

Tras la intervención de Ayuso el jueves, fue el secretario general del PP, Teodoro García Egea quien, en rueda de prensa, ha afirmado que el partido recibió información sobre un «supuesto cobro de comisiones relativo a un contrato sanitario de la Comunidad de Madrid en beneficio del entorno de Isabel Díaz Ayuso» y que emplazó a la misma en el mes de octubre a aportar la información correspondiente.

Por otro lado, el secretario general del PP desmintió que el partido se haya puesto en contacto con un detective privado para investigar la cuestión y la existencia de un dossier interno sobre Díaz Ayuso. 

En su declaración, García Egea señalaba que los servicios jurídicos están estudiando “las actuaciones que puedan proceder”. Además, confirmó que, el partido había abierto un expediente informativo “para culminar las averiguaciones que se han venido llevando a cabo”. El secretario del partido, añadía: “Con las conclusiones, nos reservamos las actuaciones oportunas”.

Este sábado, fuentes de la dirección nacional del PP, aseguraron que el partido cerrará dicho expediente informativo al considerar que la presidenta ha aportado las explicaciones requeridas después de hacer público el comunicado en el que admitía que su hermano cobró 55.000 euros por sus servicios para la empresa adjudicataria. Desde Génova consideran, según recoge la Agencia EFE, que este expediente concluye así «satisfactoriamente».

Según reveló El Mundo, hubo un intento de contratar detectives para investigar a la familia de la presidenta madrileña desde el entorno de Génova para obtener datos fiscales y bancarios de su hermano. Sin embargo, fuentes conocedoras de los hechos han desvelado a El Confidencial que, al enterarse de que Díaz Ayuso tenía constancia de esta operación, decidieron atribuir la responsabilidad a una empresa pública del Ayuntamiento de Madrid, Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS).

Frente a esto, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida negó un espionaje a Isabel Díaz Ayuso o a su familia. “No hay ningún contrato de la Empresa Municipal de la Vivienda ni con el detective ni con la empresa para la que trabaja, una vez hechas todas estas averiguaciones”, declaró a los medios en el Palacio de Cibeles.

Martínez-Almeida ha zanjado que «si hubiesen sido ciertas» las noticias sobre el supuesto espionaje al entorno de Díaz Ayuso desde alguna empresa municipal, él, como alcalde, habría adoptado «todas las medidas oportunas» para evitar que se repitieran hechos de ese tipo.

El dinero público que ha recibido de otras administraciones la empresa cuyo contrato de la CAM se vincula al hermano de Ayuso 

La empresa Priviet Sportive S.L. de la que Daniel Alcázar Barranco es presidente, ha sido beneficiaria de varias subvenciones públicas del Estado y de la Junta de Castilla-La Mancha en los últimos años, según la información consultada por Newtral.es en la base nacional de subvenciones y ayudas públicas (BDNS). 

Según recoge la plataforma Axesor, la compañía está dada de alta en la actividad de “cultivo no perennes” y declara que ha realizado ventas de “comercio al por mayor de textiles”, en base a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE). Desde Newtral.es hemos llamado a la empresa para confirmar cuál es su actividad actual, pero no han querido hacer ninguna declaración.

Créditos ICO

En 2020 y 2021 Priviet Sportive S.L se ha acogido a los créditos ICO para empresas y autónomos para paliar efectos del COVID19, convocados por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación  y gestionados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Así, le concedieron ayudas por importe de 200.000 euros, 320.000 euros y otros 200.000 euros en 2020. Y un aval de 160.000 euros en 2021. En total, 880.000 euros en créditos ICO.

Ayudas de Castilla-La Mancha

Como recoge la BDNS, Priviet Sportive S.L. ha recibido subvenciones de la Junta de Castilla-La Mancha a través de la Dirección General de Agricultura y Ganadería.

La última concesión fue en septiembre de 2021 por un importe muy bajo, o al menos eso refleja el portal, de 65,07 euros, por una convocatoria de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla-La Mancha en aplicación de las ayudas al régimen de pago básico, sus pagos relacionados, otras ayudas directas a los agricultores y a los ganaderos. En junio de ese año se le concedió otra ayuda por 6.417,80 euros procedente de la misma convocatoria.

En 2020, Priviet Sportive S.L. percibió otra subvención por parte de esta administración autonómica por 39,206.38 euros. En esta ocasión, por la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales para la ejecución de tratamientos selvícolas en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha (2014-2020).

Seguro agrícola

La empresa que preside Daniel Alcázar fue beneficiaria en 2018 de dos subvenciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios – Enesa, por importes de 305,37 euros y 547,47 euros.

Se trata de unas subvenciones dirigidas a pymes y personas físicas para los seguros agrícolas, ganaderos y forestales comprendidos en el 39º Plan de Seguros Agrarios Combinados.

Reacciones de la oposición ante la polémica del contrato vinculado al hermano de Ayuso en la Asamblea: comisión de investigación y traslado a la Fiscalía 

Como refleja la actividad parlamentaria de la Asamblea, desde el inicio de la pandemia la oposición ha impulsado diversas iniciativas para tratar de conocer más datos sobre la adjudicación de este tipo de contratos por parte del Gobierno regional durante la pandemia. 

El pasado mes de noviembre, una diputada del PSOE, Carmen López, fue expulsada del hemiciclo por sugerir posibles irregularidades llevadas a cabo por el hermano de Díaz Ayuso. La socialista se negó a retirar sus palabras del diario de sesiones, petición que le hizo la presidenta del parlamento autonómico, María Eugenia Carballedo (PP). Toda la oposición acabó abandonado la Asamblea por la actitud de la parlamentaria popular.

Comisión de investigación en la Asamblea. El jueves, 17 de febrero, los grupos parlamentarios de izquierda en la Asamblea de Madrid, ─Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos─, han registrado una iniciativa para crear comisión de investigación para detectar posibles irregularidades en los contratos relacionados con el COVID-19 adjudicados mediante tramitación de emergencia. Además, el portavoz socialista, Juan Lobato, ha anunciado que llevarán la cuestión ante la Fiscalía.

El contrato, a la Fiscalía. Los grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid, Más Madrid y PSOE, han anunciado que presentarán una denuncia ante la Fiscalía este viernes para que se investige el supuesto cobro de comisiones. «Si el PP tiene sospechas sobre una posible irregularidad en estos contratos le exigimos que vayan a la Fiscalía y si Ayuso está denunciando espionaje que vaya a la Fiscalía y lo denuncie. Nosotros lo vamos a hacer», dijo Juan Lobato, portavoz socialista. Por su parte, Mónica García, de Más Madrid, aseguró que «vamos a ir a la Fiscalía para que las últimas piezas del puzle que nos faltan les den luz a un juez».

La falta de transparencia en la contratación durante la pandemia

Desde Newtral.es hemos contactado con una experta en contratación pública para conocer su análisis sobre el contrato que ha protagonizado la polémica. Silvia Díez Sastre, doctora de Derecho Administrativo en la Universidad Autónoma de Madrid, señala la dificultad de analizar un contrato público sin poder consultar el expediente completo, donde se recogen las distintas actuaciones, las ofertas de las licitadoras y la valoración realizada por el órgano de contratación. 

Respecto a esta contratación llevada a cabo por la Comunidad, Díez explica que es “uno de los tantos contratos millonarios” que se adjudicaron durante la pandemia mediante tramitación de emergencia, cuya regulación aparece recogida en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

“El principal problema es determinar si, efectivamente, concurrían las causas que permitían utilizar esta modalidad de contratación, y si se ha dado suficiente publicidad a este tipo de contratos. Uno de los problemas más graves ha sido, a mi juicio, la falta de transparencia en la contratación pandémica”, apunta en declaraciones a Newtral.es.

Otros aspectos a tener en cuenta

Díez sostiene que es habitual encontrar casos en los que se afirma que el contrato se ha adjudicado a alguien cercano a una persona que ocupa un puesto de responsabilidad política. En este sentido, aclara que hay que aplicar las reglas de conflictos de intereses. 

“Hay que determinar si la persona que ocupa el cargo público tenía competencia y responsabilidad directa en la adjudicación o no, y si se tomaron medidas para que el posible conflicto de intereses no contaminara la toma de la decisión”, señala. Por ello, considera que para poder pronunciarse sobre el caso de Ayuso habría que tener más información sobre el proceso de adjudicación.

*Este artículo se ha actualizado para incluir la decisión sobre el cierre del expediente informativo por parte de la sede central del PP y la reunión de Casado y Ayuso el viernes por la tarde.