Este martes el Consejo de Ministros ha aprobado el plan de ayudas al sector del turismo, la hostelería y el comercio minorista, conocido como Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías). Se trata de un real decreto ley con medidas urgentes de ámbito laboral, fiscal y financiero para reducir los costes y apoyar al sector, uno de los que más ha sufrido por la pandemia del coronavirus.
Entre las medidas, que tienen un impacto económico de 4.220 millones de euros, hay aplazamientos fiscales para autónomos y pequeñas empresas hasta finales de 2021 o rebajas del 50% en los alquileres a locales de hostelería y comercio, entre otros. El objetivo, es “aliviar los costes fijos que soportan las empresas” y “facilitar su liquidez”, según ha asegurado la Ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
Explicamos aquí el plan de ayuda a la hostelería, el turismo y el comercio que el sector considera “insuficiente”.
¿Qué opina el sector sobre el plan de ayudas?
En el último mes las previsiones que ha presentado la patronal Hostelería de España sobre el sector es que preveían cerrar 2020 con una caída de la facturación superior al 50%, lo que supondría una pérdida de hasta 67.000 millones de euros y la destrucción de más de 1,1 millones de empleos, según sus datos. Es por ello por lo que en varias ocasiones han pedido ayudas al Gobierno.
Tras la presentación del plan, José Luis Yzuel, presidente de Hostelería de España, ha calificado las medidas como “muy insuficientes” y de “poca afectación” y han anunciado que estudiarán el plan. Aún así reclaman ayudas directas para el sector.
Por su parte, la Unión de Autónomos Uatae ha denunciado que el plan “no contempla ayudas directas y conduce a más frustración”. “Las medidas no contemplan ayudas directas a los sectores más golpeados ni moratorias de obligaciones financieras, y las rebajas en los alquileres sólo están garantizadas en los locales de grandes tenedores”, critican a través de una nota de prensa.
Así, la asociación pide que se establezcan ayudas directas “alineándose con los planes políticos aplicados en países como Italia, Alemania, Portugal, Bélgica, Reino Unido y Francia”.
También Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), se ha pronunciado sobre el plan que considera que “llega tarde, es escaso y sin ayudas directas a los sectores afectados, que va a dejar fuera a muchos autónomos que necesitan esta ayuda” y que el Gobierno ha tenido “poca sensibilidad con el colectivo de autónomos”.
¿Cuánto dinero se destina a las ayudas para la hostelería, el turismo y el comercio?
El plan aprobado por el Consejo de Ministros tendrá un impacto en torno a 4.220 millones de euros, y al que “además se suma a medidas que ya se adoptaron previamente desde el inicio de la pandemia sanitaria”, según ha comentado la portavoz del Gobierno.
“Desde que se inició la pandemia con la aparición del virus se han movilizado más de 51.500 millones de euros en ayudas públicas tanto para proteger al sector del turismo como al sector del comercio”, asegura Montero, que señala como las medidas más significativas los ERTE y el fondo COVID que se puso a disposición de las CCAA. “De las 660.000 personas que seguían todavía en ERTE en septiembre, aproximadamente la mitad pertenecían justamente a este sector”, afirma.
En el nuevo plan las medidas que tendrán más impacto económico son las tributarias, que supondrán 2.809 millones de euros. Tras estas están las laborales con 567 millones; seguidas por las de liquidez, con 520 millones; y el arrendamiento, que supone 324 millones de euros.
Uno de los elementos que se ha puesto en cuestión por parte del sector es el modelo de ayudas que ofrece este nuevo plan presentado por el Ejecutivo centradas en aliviar costes, ya que critican que no recoge ayudas directas.
“El debate lo tenemos que centrar en la eficacia de las medidas y el Gobierno ha demostrado que las medidas son eficaces”, ha comentado en rueda de prensa la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que añade que el Ejecutivo “ha demostrado con toda la amplitud de medidas que ha adoptado que también hemos adoptado ayudas directas, como las nuevas prestaciones que hemos creado por ejemplo para autónomos con un esfuerzo de 880 millones de euros”.
Además, ha recordado que “hay esquemas de ayudas directas que tienen las CCAA y que la semana que viene” van a ver “en qué se puede reforzar”.
Por su parte, María Jesús Montero ha asegurado que estas medidas “son la forma de expresar ayudas directas que tiene el Gobierno de España”. “Evidentemente no es una administración que tenga una proximidad que le permita dar un cheque, una ayuda directa a los miles y miles de negocios que están distribuidos por toda la geografía española”, comenta.
Así, la ministra de Hacienda explica que otras administraciones de límite más acotado pueden hacer llegar ayudas directas de esa manera, pero que el Estado al no tener esta posibilidad, su “cheque” lo hacen llegar con “exenciones fiscales, reducciones de la cuota a la seguridad social o con reducciones del pago de las rentas”.
Para Montero, son ayudas directas aquellas que “no tendrán que devolver estas empresas están en el marco de no tener que hacer frente a la factura del alquiler o no tener que pagar por ejemplo el tributo por el módulo que venían pagando o no tener que pagar la cuota de la seguridad social en el entorno que venían pagando”.
“Por tanto, estamos proporcionando, digamos en la expresión que son las ayudas directas del Estado, más de 2.000 millones de euros que se están poniendo a disposición en el día de hoy a este sector especialmente castigado por la crisis. Luego, hay otros casi 2.500 millones que son moratorias en los pagos, alivios a la carga financiera que tienen que soportar las empresas durante este trimestre”, calcula la portavoz del Gobierno.
¿Qué medidas introduce el plan de ayudas? ¿Quién puede beneficiarse de la reducción del precio de su alquiler?
Las ayudas aprobadas por el ejecutivo se publican en el Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 23 de diciembre de 2020. Las medidas son de liquidez y financiación, laborales, fiscales y de confianza y seguridad.
Uno de los objetivos principales de este plan es reducir los costes fijos de las empresas. Entre las medidas para este propósito destacan las de arrendamiento de los locales comerciales. Así, el Gobierno propone la reducción del precio de los alquileres en función de que el propietario del inmueble sean grandes tenedores (más de 10 inmuebles) o pequeños.
En el caso de los grandes propietarios, se propone que a sus inquilinos se les lleve a cabo una rebaja de un 50% en el alquiler de los locales de hostelería y comercio durante el tiempo que dure este estado de alarma. También se da la posibilidad de optar por una moratoria en el pago de la renta sin penalización ni pago de intereses.
Estas medidas se aplicarían de manera automática durante el estado de alarma, sus prórrogas, y los cuatro meses adicionales, teniendo que abonar la renta una vez pasado este periodo durante los dos años posteriores a la finalización de la moratoria. Según los cálculos del Ejecutivo, se podrán beneficiar de la ayuda alrededor de 190.000 empresas o comercios de los que 33.000 van a corresponder al turismo y 157.000 a locales comerciales.
En el caso de que el dueño del local sea un pequeño arrendador, se han aprobado incentivos fiscales para promover la rebaja del alquiler. Los propietarios podrán computar como gasto deducible en el IRPF la rebaja del precio del alquiler que acuerden con los inquilinos durante el primer trimestre de 2021. Esto, según el Gobierno, permite un ahorro potencial a estos sectores de 324 millones de euros para más de 323.000 beneficiarios.
Así, pueden beneficiarse de la ayuda autónomos y pymes, independientemente de que su arrendador sea un pequeño o gran tenedor. En este último supuesto, se pueden acoger a la ayuda si las partes no hubieran alcanzado un acuerdo referido a la rebaja o condonación de la cuota por causa de la pandemia.
¿En qué consisten las medidas de liquidez y tributarias? ¿Qué pagos pueden aplazarse?
Para facilitar la liquidez “para que las empresas puedan hacer frente a las obligaciones y a los compromisos de gasto” se mejoran las condiciones de devolución de los préstamos ICO COVID-19. “Las líneas ICO COVID-19 nos está permitiendo tener financiación y poder proporcionársela a más de 256.000 empresas de estos sectores turísticos, hosteleros y del comercio”, ha asegurado Montero, que añade que “el importe de los créditos que se han concedido superan ya los 40.000 millones de euros”.
Ahora, en el decreto ley, se incorpora el aplazamiento de la devolución de los intereses de los préstamos y se crea un nuevo tramo de préstamos para pymes y autónomos del sector dotado con 500 millones de euros con una garantía de hasta el 90%. También se establece un aplazamiento de las cuotas de la Seguridad Social devengadas entre diciembre de 2020 y febrero de 2021 en el caso de empresas. Para autónomos será entre los meses de enero de 2020 y marzo de 2021, con un interés del 0,5%.
“Las agencias de viajes y operadores turísticos además podrán utilizar esta financiación que se avala por el ICO para la devolución de los anticipos de clientes por viajes combinados y derecho de resarcimiento”, explica Montero. Es decir, podrán usarlo para devolver el dinero de las reservas de viajes no disfrutados de los particulares.
En cuanto a la carga fiscal, se bajan impuestos como la reducción del rendimiento neto en estimación objetiva (IRPF) -pasando la reducción del 5% actual al 20% en el general y al 35% en el horeca- y la cuota del régimen simplificado (IVA). “Una reducción muy importante que va a tener una factura fiscal de 117 millones de euros y que tendrá efecto ya en el cuarto pago fraccionado de 2020 y para el primer pago de 2021”, ha asegurado la portavoz del Gobierno.
También se aplazan los pagos de impuestos y un nuevo aplazamiento en el pago de impuestos durante seis meses con tres meses de carencia hasta un máximo de 30.000 euros. “La medida va a permitir que tanto las pymes como los autónomos no tengan que pagar en abril los impuestos correspondientes al primer trimestre del año 2021 y puedan aplazarlo hasta octubre de ese mismo año”, explica la ministra de Hacienda. El impacto potencial asciende a 2.600 millones de euros, según Montero.
Para autónomos, se facilita el pasar de tributación por módulos (en este modelo el rendimiento neto de la actividad se calcula en base a unos módulos fijados por Hacienda para cada actividad según sus características y el sector al que pertenece. Por lo tanto, antes de iniciar la actividad, el autónomo ya sabrá lo que tiene que pagar) a estimación directa (en la que se paga en función de lo facturado durante el año) .
¿Qué medidas laborales y regulatorias se introducen?
En cuanto al plano laboral, se reducen las cotizaciones de algunos trabajadores con el objeto de aliviar también esa parte de coste fijo de los negocios. En concreto, se amplían las bonificaciones del 50% para la contratación de trabajadores fijos discontinuos.
También se flexibilizan los requisitos para el mantenimiento de los incentivos regionales y se aplica un “régimen transitorio” para modificar temporalmente los criterios exigidos para declarar o mantener una zona de gran afluencia turística para el año 2021, adaptando estos lugares a la situación de la pandemia.
¿Qué sectores se añaden al catálogo de ultraprotegidos?
El decreto ley también amplía el catálogo de sectores ultra protegidos por los ERTE, incorporando el comercio al por mayor de bebidas, restaurantes y puestos de comida, establecimientos de bebidas, actividades en los jardines botánicos, parques, zoológicos o reservas naturales. También lo hacen las “actividades de juegos de azar y apuestas”.
Con esto, estas empresas van a estar exoneradas de pagar parte de las cotizaciones sociales que se devengarían en los meses de diciembre y enero de 2021. En concreto, se recoge una reducción del 85% durante esos dos meses si tienen menos de 50 trabajadores y del 75% si tienen 50 o más empleados.
La medida afecta a 682.461 beneficiarios potenciales y tiene un coste de 289 millones de euros, según ha asegurado la ministra de Hacienda.
¿Cuándo entra en vigor este plan?
Según el documento del BOE, el plan entra en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín. Es decir, el 24 de diciembre de 2020. “Desde mañana mismo los comerciantes, los hosteleros, se van a poder beneficiar de este plan”, ha asegurado Maroto en la rueda de prensa de presentación de las ayudas.
El plan será presentado a las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) el día 28 de diciembre, cuando tendrán lugar conferencias sectoriales de Comercio y Turismo, para que estas administraciones puedan complementar las ayudas con sus aportaciones.
“Las competencias del Estado deberán complementarse con las competencias propias de las CCAA y ayuntamientos”, ha señalado María Jesús Montero.
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