La violación de derechos humanos en Arabia Saudí, donde se juega la Supercopa de España

El traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí ha despertado malestar incluso entre los propios jugadores, que criticaron los motivos económicos detrás de la decisión. Pero además, el país árabe atraviesa una situación complicada en cuanto a las violaciones de derechos humanos, de las mujeres y la libertad de expresión. 

De hecho, el informe anual realizado por Amnistía Internacional señala a Arabia Saudí por sus violaciones de derechos humanos en temas relacionados con los derechos LGTBI, de las mujeres, y de las personas migrantes, entre otros.

Con la celebración de una segunda Supercopa de España, la compra de un equipo de fútbol inglés (Newcastle United F.C) y convertirse en escenario de competiciones de Fórmula 1, el país intenta mejorar su imagen al exterior, como explica Carlos de las Heras, portavoz responsable de deporte y derechos humanos en Amnistía Internacional en España a Newtral.es. Es un ejemplo de diplomacia “mediante el sportswashing, pero no puede distraer de las violaciones de derechos humanos”. 

Las mujeres en Arabia Saudí, sin proteción ante la violencia y discriminación

El 9 de enero de 2022, se conoció la noticia de que Basma bint Saud al Saud, una de las princesas de Arabia Saudí, había sido liberada tras tres años de prisión. Según De las Heras ha habido buenos avances en cuanto a los derechos de la mujer. En los últimos años a las mujeres se les permite conducir, asistir a eventos deportivos y vivir sin tutela masculina. El portavoz también cuenta que ahora pueden sacar el pasaporte sin la autorización de un hombre tutor. 

Aun así, estos avances son “pequeños granos de arena perdidos en el desierto”, dice el portavoz responsable de deporte y derechos humanos en Amnistía Internacional en España. 

El informe de Amnistía denuncia que continúan siendo discriminadas “en la ley y en la práctica en relación con el matrimonio, el divorcio y la herencia”. De la misma manera, siguen “sin recibir protección suficiente frente a la violencia sexual y otras formas de violencia”. 

Por ejemplo, explica De las Heras, en el caso de las mujeres que hayan sido víctimas de violencia de género. Si han tenido que acceder a centros de acogida, aún necesitan el consentimiento de un tutor masculino para salir del centro, ya sea un marido o un familiar. Podría darse el caso de “que una mujer necesite la autorización de su agresor”. Aunque no está documentado tal caso, “ya que no nos permiten acceder a esta información”, dice el portavoz. 

Formar parte de la comunidad LGTBI es delito en Arabia Saudí

“Públicamente no vas a encontrar personas que sean abiertamente parte de la comunidad”, explica De las Heras. Porque ser parte del colectivo LGTBI está penado en el país. 

En diciembre, la mayor autoridad religiosa del país, el grand mufti Abdulaziz al-Sheikh, dijo que la “homosexualidad era uno de los crímenes más hediondos”. En AI se señala el caso de Mohamed al Bokari. Fue condenado a 10 años de prisión por aparecer en un vídeo defendiendo los derechos de las personas LGBTI. 

Libertad de expresión restringida con una ley antiterrorista de 2011

De las Heras explica que antes de que se celebrase el G20 en 2021, que estuvo presidido por Arabia Saudí, el país intentó proyectar “una imágen reformista y moderna”. Esta visión se encuentra en el proyecto de Arabia Saudí 2030, que presenta al país como innovador, y comprometido a alcanzar la neutralidad en las emisiones de CO2 para 2060. “Se presenta una imágen reformista para ocultar la parte oscura del país”.

Según el portavoz de Amnistía Internacional, de cara a la reunión del G20, la represión de la libertad de expresión se redujó considerablemente. “Pero luego volvió a subir”, dice. “Por ejemplo, en 2020 antes del G20, las ejecuciones bajaron un 85% respecto al año anterior. Hubo 27 en todo el año. Pero solo en la mitad de 2021 ya habían tenido lugar 40 ejecuciones”. 

De cara a la anterior Supercopa de España, “se suspendieron muchas de las condenas a mujeres activistas. Pero esto tiene truco”, dice De las Heras. “Las condenas se suspendieron, no se anulan. Esto quiere decir que pueden volver a ser arrestadas en cualquier momento, y que tienen ciertas condiciones como no hablar con medios, abandonar el país o participar en activismo”. 

También  recuerda que el régimen de Riad “dice que ocho personas han sido condenadas por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Pero no han hecho públicos los nombres de estas personas, ni los procesos judiciales”.

Jamal Khashoggi fue asesinado tras su entrada en el consulado de Arabia Saudí en Estambul en el año 2019. Durante la investigación, The New York Times publicó que el príncipe heredero había hablado en una grabación de “meterle una bala” a Khashoggi si no volvía al país y cesaba sus críticas al Gobierno. 

Además, se recoge en el informe que se está usando una ley de 2011 para luchar contra el terrorismo para aumentar la censura en redes sociales en cuanto a críticas al Gobierno. Tampoco se permite la creación de partidos políticos, ni las reuniones que puedan tener como objetivo hacer campaña por los derechos humanos.