La aplicación de la amnistía queda en manos de los jueces a la espera de los posibles recursos

La ley de amnistía entrará en vigor cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A partir de aquí, la norma establece que se levantarán de inmediato las medidas cautelares y órdenes de detención para los implicados en el procés, y los jueces dispondrán de dos meses para aplicar la amnistía a cada caso concreto. Sin embargo, este plazo podría quedar en suspenso en el caso de que se eleve la norma ante el Tribunal Constitucional o a la justicia europea.

• La ley de amnistía recoge que los tribunales y jueces que investiguen o que hayan condenado delitos que ahora se exoneren deberán aplicar la amnistía en el plazo de dos meses. Esta se tramitará con carácter “preferente y urgente” por los órganos judiciales, administrativos o contables en cada caso “cualquiera que fuera el estado de tramitación del procedimiento o del proceso”.

No obstante, los jueces que tengan una causa del procés entre manos pueden presentar una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) o una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si consideran que la ley puede colisionar con el derecho comunitario. 

• De esta forma, el proceso que el magistrado lleve quedará en suspenso hasta recibir una respuesta de uno de los organismos. Aunque, según dice la propia ley, las medidas cautelares que restrinjan “libertades y derechos fundamentales” quedarán levantadas incluso tras la cuestión prejudicial.

En este sentido, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños señaló que “la decisión última sobre la aplicación de la ley la tienen los jueces”.

Las comunidades populares. Por otro lado, varios gobiernos autonómicos dirigidos por el PP, como el de Andalucía, Comunidad Valenciana o Comunidad de Madrid, han anunciado que impondrán recursos de inconstitucionalidad de la ley de amnistía ante el Tribunal Constitucional una vez que esta se publique en el BOE y entre en vigor.

El Constitucional, donde el plazo medio de resolución es de un año, considera que la amnistía es un asunto prioritario por su calado político, por lo que podría resolver en cuestión de meses, según publica EFE.