España y los apátridas saharauis: 45 años de un conflicto sin resolver

En España hay unas 6.000 personas apátridas, según los datos de 2020 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la mayoría de ellas (el 94% atendiendo a las estadísticas del Ministerio del Interior) son saharauis.

El origen de esta cifra se encuentra en el abandono por parte de España del Sáhara Occidental (también conocido como el “Sáhara Español”) en 1976, que dejó a miles de saharauis sin patria y les obligó a huir a Argelia. Pasados 45 años, el conflicto sigue sin resolverse.

Las solicitudes y concesiones de apatridia en datos

En 2019, 1.691 personas solicitaron en España acogerse al Estatuto del Apátrida. El  94% de ellas eran saharauis, según datos del Ministerio del Interior, que ese mismo año aprobó 1.790 solicitudes y rechazó 203.

Desde 2011, 11.608 personas han pedido el estatus de apátrida en nuestro país. En 2017 se detectó el mayor incremento: 2.418 solicitudes en un solo año. No obstante, no existe un dato exacto de apátridas reconocidos en España, ya que no hay un censo oficial. Pese a ello, ACNUR calcula que pueden llegar a ser unos 7.000 u 8.000, superando ampliamente los 6.000 que están contabilizados oficialmente.

Apátridas en España y el origen del conflicto con el Sáhara Occidental

La razón por la que el 94% de las solicitudes para alcanzar la condición de apátridas realizadas en España sean hechas por saharauis se remonta a 1976, año en el que España abandonó el Sáhara Occidental.

Esta colonia africana se había convertido oficialmente en una provincia española mediante real decreto en 1958, un estatus ratificado y confirmado por la Ley 8/1961. Como consecuencia, los saharauis pasaron a ser “españoles de pleno derecho” y el Sáhara Occidental “una provincia española más”, en palabras de Alberto Maestre, doctor en Historia y miembro del Centro de Estudios sobre el Sáhara Occidental de la Universidad de Santiago de Compostela.

No fue hasta 1974 cuando España aceptó de forma oficial las exigencias de las Naciones Unidas y se comprometió a celebrar un referéndum de independencia en el Sáhara. Sin embargo, esta consulta todavía no ha tenido lugar, ya que un año después, España entregó el territorio africano a Marruecos y Mauritania mediante los Acuerdos de Madrid de 1975. 

La situación actual de los saharauis

“Cuando Marruecos entró en el Sáhara Occidental, muchos saharauis huyeron a Argelia. Allí fundaron campamentos de refugiados que en un principio eran temporales, pero en los que todavía viven”, relata Maestre.

Estos asentamientos están bajo soberanía de la República Árabe Saharaui Democrática, que está reconocida por unos 85 países y bajo protección de la Misión de Naciones Unidas para la Organización del Referéndum en el Sáhara Occidental (Minurso). “Los saharauis pueden viajar a los Estados que reconocen su República -la mayoría sudamericanos o africanos- pero en muchas ocasiones hay que hacer escala en algún país que no la reconoce, lo cual es un problema”, resalta el experto. 

¿Españoles, marroquíes o argelinos?

Otra cuestión es la disputa sobre si los saharauis deben tener la nacionalidad española o si, por el contrario, deberían asumir la nacionalidad marroquí (Estado que hoy por hoy ocupa el territorio del Sáhara Occidental), o argelina (país donde la mayoría de ellos residen en calidad de refugiados). 

El doctor de Derecho y Filosofía Política Manuel Jesús López Baroni ubica en el Real Decreto 2258/1976 el inicio de esta discusión. “Se reconoce el derecho a optar por la na­cionalidad española a los naturales del Sáhara que, residiendo en territorio nacional, estén provistos de documentación general española”, manifiesta dicha norma. Además, da un año a los saharauis para que expresen su deseo de continuar siendo españoles ante un juez encargado del Registro Civil o de un cónsul.

El contexto en que se publica este decreto, marcado por la guerra con Marruecos y la huída a los campos de refugiados en el desierto –con la consiguiente dificultad para las comunicaciones, y la existencia de muertos y desaparecidos– “tienen como consecuencia que de un colectivo potencial de decenas de miles de personas solo se materializaran 21 solicitudes”, critica López Baroni. “Muchos saharauis ni se enteraron”, lamenta.

El rechazo inicial de la apatridia de los saharauis

Los primeros años de los 2000, las concesiones del estatuto de apátrida en España son considerablemente bajas en comparación con las solicitudes. Las resoluciones favorables se disparan después de 2007, pasando de 26 ese año a 832 en 2008. 

La razón es, según López Baroni, la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo entre 2007 y 2012 en torno al tema del estatus legal de los saharauis. “La Administración española y la Audiencia Nacional rechazaron inicialmente las peticiones de apatridia de esta comunidad. Pero finalmente el Tribunal Supremo las estimó”, concreta.

La denegación inicial del estatus de apátrida a los saharauis por parte de España se fundamentaba en dos cuestiones principales, según López Baroni: la existencia de un Estado saharaui –no son, por tanto, un pueblo sin nación– y la posibilidad de esta comunidad de acceder a la nacionalidad marroquí o argelina.

También complica la concesión de la apatridia la protección que la ONU ejerce sobre el Sáhara Occidental, único territorio en el continente africano clasificado por Naciones Unidas como “no autónomo”, es decir, todavía pendiente de descolonización. 

Esto es porque la Convención sobre el estatuto de los Apátridas de 1954 establece que, si bien una persona es apátrida si ningún país lo reconoce como nacional suyo, para conseguir dicho estatuto no puede estar bajo la asistencia o protección de la ONU, ni tener un estatus similar al de los nacionales del país donde resida.

Saharauis y apátridas en España: La jurisprudencia del Tribunal Supremo

No obstante, el Tribunal Supremo desmontó estos tres argumentos entre 2007 y 2012, según explica López Baroni. 

Por un lado, sobre la existencia de la República Saharaui, el alto tribunal resaltó el hecho de que España nunca la ha reconocido. Además, en lo que respecta a las posibles nacionalidades alternativas para los saharauis, el Supremo consideró que “no se puede imponer a una comunidad la nacionalidad forzosa de su estado invasor (Marruecos), ni del país que le sirve de refugio (Argelia)”, en palabras del experto. 

Por último, la Sala señaló que, si bien la protección de la ONU se autorizó en 1991 con el objetivo último de celebrar un referéndum de autodeterminación, este cometido aún no se ha logrado. Por tanto, el tribunal consideró que esta protección no es efectiva y, en todo caso, afectaría a los refugiados afincados en Argelia, no a los que han llegado a España, indica López Baroni.

La apatridia en el mundo y sus consecuencias

En el mundo existen al menos 4,2 millones de personas apátridas –sin ninguna nacionalidad–, según los datos de ACNUR, que reconoce que la cifra real es mucho más alta, pero que no existen registros oficiales. Los países que concentran la mayoría de apátridas son Costa de Marfil, Bangladesh, Birmania, Tailandia, Letonia y Siria. 

Las consecuencias de la apatridia afectan a todos los aspectos de la vida. Dado que el reconocimiento de la nacionalidad es la llave para acceder a muchos derechos como la educación, la atención sanitaria, el empleo y la igualdad ante la ley, las personas que carecen de ella son de las más vulnerables del mundo, explica el experto en apatridia de ACNUR, Francisco Ortiz.

Una persona apátrida puede tener la imposibilidad de trabajar legalmente, tener propiedades o abrir una cuenta bancaria. Algunos no están autorizados a asistir a la escuela o la universidad, o pueden tener problemas para acceder al sistema judicial, casarse o registrar los nacimientos y las defunciones.