A Antonia Correa le dijeron que si quería abortar, tenía que irse a Madrid. Era 2014, tenía 34 años y acababan de diagnosticarle una malformación grave a su bebé. La iba a llamar Ana, el nombre favorito de su abuela. En su centro sanitario, el Hospital General Universitario Santa Lucía (Cartagena, Murcia), le habían hecho todo el seguimiento de su embarazo. Pero cuando dijo que quería interrumpir, los cuidados y el acompañamiento se tornaron en soledad y ausencia. “Se desentendieron de mí”, cuenta a Newtral.es. Ahora, el Tribunal Constitucional le ha dado la razón al considerar que denegarle un aborto en Murcia, obligándola a viajar a otra comunidad, es una vulneración de derechos fundamentales. El Servicio Murciano de Salud deberá indemnizarla.
En estos casi diez años, Antonia Correa ha estado embarazada dos veces más. Una de ellas, de su hijo Alejandro, un bebé prematuro que falleció una semana después. El segundo tiene ahora cinco años y corretea a su alrededor mientras ella explica por teléfono que no ha vuelto a pisar el Santa Lucía: “Volver allí me daba tal ansiedad que decidí llevar esos dos embarazos en otro hospital, en el de la Arrixaca. Me angustiaba encontrarme cara a cara con el médico que me había tratado tan mal”, explica.
Dice que el fallo del Constitucional, cuya sentencia íntegra todavía no es pública, le dieron “ganas de llorar y gritar”: “Es verdad que a mí ya no me solucionan nada, pero espero que nadie tenga que volver a pasar por esto”, añade.
Así vivió Antonia Correa aquellas semanas
“Depresión, ansiedad y estrés”. Con esas tres palabras describe Antonia Correa parte de su vida después de que le denegaran el aborto terapéutico en Murcia. Como ya habían pasado 22 semanas, límite legal para abortar con autorización médica, tuvo que someterse al criterio del comité clínico. “Me dijeron que el comité había autorizado la interrupción pero que tenía que ser en Madrid y que ya me llamaría la clínica. No me explicaron nada, me dejaron totalmente sola”, explica.
Una vez la clínica El Bosque, en Madrid ciudad, le dio cita, Antonia Correa tuvo que trasladarse en coche hasta allí. “Fui con mis padres y mi marido. A mi hijo mayor, que entonces tenía cuatro años, le dejé con mi hermana. Menos mal que teníamos un familiar en Arganda del Rey y nos pudimos quedar en su casa, sino habría tenido que pagar también el hotel”.
El día de la interrupción, primero se produjo el feticidio —parar el latido del bebé— y, después, tuvo que parirlo. “Para la muerte perinatal hay protocolos: te dejan despedirte del bebé y te dan atención psicológica. Yo no pude despedirme de mi bebé ni recibí atención psicológica. Mi hija iba a morir al poco de nacer o iba a sufrir muchísimo porque la afectación era muy grave. ¿Qué vida le esperaría? ¿Por qué si tengo un aborto espontáneo la sanidad pública me acompaña pero si decido no prolongar el sufrimiento me tratan como una criminal?”.
Como ya explicaba a Newtral.es un experto en medicina fetal, uno de los principales motivos para mantener en los hospitales a pacientes que interrumpen por malformación fetal es por la importancia “del estudio de necropsia, del de anatomía patológica y del genético” del feto una vez realizado el aborto. “Estos estudios no se realizan sistemáticamente si la paciente es remitida a un centro privado concertado, por lo que perdemos información muy valiosa de cara a futuros embarazos”, añadía el experto.
Y como señalaba Sonia Lamas, una de las portavoces en Madrid de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), las clínicas no tienen “acreditación para un laboratorio de estudio patológico fetal”. Es decir, no pueden realizar estos análisis posteriores a la interrupción. “A mi bebé tampoco lo estudiaron. Simplemente, horas después de abortar, me dijeron que ya me podía ir a casa y que en unos diez días, mi hospital debería hacerme una revisión para ver que estaba todo bien, algo que nunca hicieron. Simplemente se lavaron las manos”, apunta Antonia Correa.
Le denegaron un aborto en Murcia alegando que todos los médicos eran objetores
A Antonia Correa le denegaron el aborto en Murcia porque “ningún facultativo de la Región de Murcia había pedido practicar abortos”. Esto es lo que alegó como defensa el Servicio Murciano de Salud tras la denuncia de la paciente, tal y como recoge el fallo del Constitucional.
Sin embargo, ya en 2014, la ley del aborto aprobada en 2010 contemplaba la prestación por defecto. Es decir, los facultativos no tenían que solicitar que querían practicar interrupciones, sino al contrario: en caso de querer objetar, debían informar previamente y por escrito.
Por tanto, señala el Constitucional, esta justificación habría sido válida si todos y cada uno de los profesionales de la sanidad pública murciana implicados en esta prestación hubiesen objetado, uno a uno, de forma anticipada y por escrito. Algo que no sucedió, como explica el TC. A la paciente le indicaron que la derivaban a Madrid porque, según el Servicio Murciano de Salud, todos y cada uno de los facultativos eran objetores de conciencia, a pesar de que no era cierto.
Así consta en el documento que remitió el Servicio Murciano de Salud, al que ha podido acceder Newtral.es. Al ser preguntados por la objeción de conciencia en torno al aborto en Murcia, responden lo siguiente: “Por las noticias que tiene esta Dirección Gerencia, el cien por cien de los facultativos especialistas en ginecología/obstetricia del Hospital y Servicio Murciano de Salud están acogidos a la objeción de conciencia para la práctica de abortos en los hospitales públicos de la Región, por lo que esta prestación sanitaria se lleva a cabo, cuando se cumplen los requisitos establecidos, mediante la derivación a las clínicas privadas inscritas para ello por la Consejería de Salud. Finalmente le indico que tampoco existe ningún registro de facultativos en relación a la objeción de conciencia en el derecho al aborto voluntario, porque ningún facultativo ha pedido poder practicar interrupciones voluntarias de embarazo en la sanidad pública de la Región de Murcia”.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional señala que no ha quedado acreditado que el 100% de los facultativos fuesen objetores en los términos que marcaba la ley.
Esta fue una de las claves para Esteffanny Molina, la abogada que ha llevado el caso de Antonia Correa y miembro de la organización internacional Women’s Link Worldwide: “El documento que presentó el Servicio Murciano de Salud era oro para nosotras porque decían textualmente algo que era contrario a la ley”, explica a Newtral.es.
El camino no fue fácil. Tras agotar la vía administrativa, Molina y su equipo recurrieron a la judicial, donde tampoco recibieron sentencias favorables. “Tanto el Tribunal Superior de Justicia de Murcia como el Tribunal Supremo consideraron que no había habido vulneración de derechos. Presentamos entonces un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que sí ha sabido ver la gravedad del caso”, añade Molina.
Desplazarse a otra comunidad para abortar
Como Antonia Correa, cada año, miles de mujeres viajan a otras provincias o comunidades autónomas para poder abortar. Esto se debe a que en algunos lugares no solo no se practican interrupciones del embarazo por la supuesta objeción de conciencia, sino que tampoco hay centros privados acreditados con los que el servicio autonómico de salud tenga concertada la prestación, como ya explicábamos en Newtral.es.
La ley de 2010, que acaba de ser reformada ahora en 2023, ya establecía que los abortos a partir de la semana 15 deben realizarse “preferentemente en centros cualificados de la red sanitaria pública”. Ahora, la reforma legislativa trata de blindar esta cuestión al crear un registro de objetores y al establecer que la prestación debe llevarse a cabo en centros públicos de proximidad.
En relación a Antonia Correa y la denegación de abortar en Murcia, el Tribunal Constitucional señala que “la previsión legal que garantiza que la interrupción del embarazo ha de efectuarse en los centros de la red sanitaria pública de la propia comunidad autónoma, salvo en los supuestos excepcionales en los que el servicio público de salud no la pueda facilitar por una objeción de conciencia generalizada”.
Esto implica, prosigue el tribunal, “salvaguardar que la mujer que va a interrumpir el embarazo, que se encuentra en una situación de vulnerabilidad física y emocional, no salga de su entorno habitual y pueda contar con los apoyos de sus allegados para hacer frente a esta difícil situación del modo menos traumático posible”.
La abogada Esteffanny Molina apuntala que “en plena oleada de retrocesos en países europeos, como lo que se está viendo respecto al aborto en Polonia y Malta, esta sentencia lanza un mensaje de que hay derechos que son innegociables”. Además, señala que “el TC ya resolvió hace poco que la ley del aborto sí es constitucional”. “Junto con este fallo, es un pack que fortalece el derecho al aborto en un momento en que los derechos consagrados se están cuestionando. Además, hace hincapié en que debemos acabar con la discriminación geográfica, con esta práctica de expulsar de sus hogares a las mujeres”, añade.
Por su parte, Antonia Correa anima a otras mujeres “a denunciar”. “Hay que luchar. Solo nos queda que el dolor sirva para que las que vengan no tengan que pasar por esto”, concluye.
A mi me pasa un caso muy parecido. Tras ir a todas mis revisiones ecograficas previstas en la sanidad pública Andaluza, incluyendo la última ecografía de las 34 semanas, se me derivó a medicina fetal porque mi hijo, era un niño lo que esperaba, venía bajo de peso, pero la obstetra que me visitó me dijo que estuviera tranquila que eso seguro no sería nada. A la semana siguiente, hablamos ya de 35 semanas de gestación, me visitaron en medicina fetal, donde examinaron mi expediente con los resultados de todas las pruebas y ecografías realizadas en el mismo hospital coincidiendo en que al parecer todo iba bien, pero nuestra sorpresa y la del doctor que le tocó visitarme fue tal, que el hombre no sabía ni como decírmelo. Estaba de 35 semanas y ningún médico se había dado cuenta de las múltiples, enormes y garrafales deformaciones que traía mi hijo en sus órganos principales así como, en un principio, su aspecto exterior. El riñones izquierdo no se había desarrollado, el riñones derecho era hipoplásico y en forma de herradura, le faltaba el arco aórtico además de que los ventrículos izquierdos eran demasiado pequeños y los derechos muy grandes, todos los huesos largos venían extremadamente pequeños y el cerebro presentaba un cuerpo calloso hipoplásico. De todos esos fallos, nadie fue capaz de detectar no uno solo hasta que llegue al Departamento de bienestar fetal, ya digo, con 35 semanas y tres ecografías hechas. Me hicieron la amniocentesis urgente debido a mi adelantado tiempo de gestación y achacaron esas malformaciones a alguna trisonomia u otra malformación genética no detectada a pesar de haberme sometido al cribado voluntario, los resultados dieron negativos. Esto sucedió en semana Santa y nos mandaron a casa cinco días sabiendo que nuestro hijo estaba condenado a morir, pero ninguna información más, no se nos dijo si podíamos interrumpir embarazo, a donde acudir, que hacer... Estuve cinco angustiosos y agotadores, mentalmente, dias con sus noches sabiendo que mi hijo, ese que sentía moverse en mi barriga haciéndome saber que estaba ahí, se iba a morir, quizás al nacer, quizás a las horas, días o semanas, esa era la única información que teníamos. Pasaron los cinco días, volvimos a consulta y después de por fin darnos la información y decirnos que no había malformación genética decidimos interrumpir el embarazo, al pasar del límite de tiempo legal de aborto, estaba ya de 36 semanas, un comite ético debía decidir si me autorizaba la interrupción del embarazo o no, así que me volví a mi casa otros dos días, con mi hijo en mi barriga moviéndose feliz, sabiendo dentro de mi enorme angustia, que iba a paralizar el corazón de mi hijo, porque era el mejor regalo que le podíamos ofrecer, el no tener que nacer para luchar y sufrir sabiendo que no teni oportunidad de vivir. Pero tener que tomar una decisión de ese calado, para un madre con toda su ilusion de sentir a su hijo ya en brazos, me devastó, me destrozó y psicológicamente me hundió. El día del feticidio me tuvieron horas, horas, metida en un Despacho con mi marido al lado, esperando desde las 9 de la mañana que nos habían citado, hasta más de las 12 que no entre a consulta, sentada en un Despacho sabiendo a
lo que iba y allí me tuvieron esperando como si nada. Para empeorar la situación mi hijo se había atravesado y así no me podían provocar el parto y la cesárea se negaban en rotundo a autorizar la, así que otro día más, pero esta vez con mi hijo ya muerto en la barriga, hasta las 10 u 11 de la mañana que tras colocarlo manualmente de nalgas, porque bo pudieron hacer más, me pusieron la medicación para provocar el parto. Tuve que parir en un paritario rodeada de felices parturientas y llantos de recién nacidos al respirar por primera vez, allí se oía todo a la perfeccion, mientras yo pasaba dolores y angustia en aquella habitación sabiendo que mi hijo no lloraría al nacer, estaba pasando por un parto, que además fue largo, difícil y doloroso, física y mentalmente, para nada. Al día siguiente me dieron el alta y desde entonces nadie del SAS se ha preocupado de nosotros, solo tuvimos a las tres semanas una llamada del Departamento fetal dándonos los resultados del cariotipo, para decirnos que mi hijo no presentaba malformaciones ni genéticas ni congenitas, al parecer, era un niño normal. Me llamó una enfermera, ni siquiera un médico, una enfermera que no sabia darme más información que eso que Leia en el informe. Pedimos necropsia. Han pasado tres meses desde aquel 14 de abril a la 1 de la madrugada, fecha y hora que jamás olvidaré, nació de 37 semanas, y no sabemos resultados de necropsia, no hemos tenido apoyo psicológico ni médico que nos explique algo, ALGO, por el amor a Dios, cualquier cosa de cuando sucedió esas nalformaciones, porque nadie se dio cuenta, que tenía al final y que no, un mínimo de información y responsabilidad es lo que pedimos. Estamos solos, perdidos, sin saber nada, sin apoyos por parte de las instituciones... Nada. Pari, me dieron el alta y aquí como si nada hubiera pasado cuando fueron ellos los que cometieron, a mi parecer, una terrible y enorme negligencia.
Lo siento muchísimo Elvira. Ponte en contacto con Silvia Marte, de Vulnerables, y cuéntale tu caso. Ella está en Instagram.
Querida Elvira,
Leo tu experiencia y no salgo de mi asombro. Cuanta negligencia, falta de humanidad, desatino y diría que violencia contra una madre, y por extensión su familia. He llegado a leer tu historia por casualidad y no se a quien podrías recurrir, pero creo que este testimonio merece la pena ser conocido e investigado, y depuradas las responsabilidades. Poco se puede hacer ya por el pequeño, pero se podrían evitar casos como este en un futuro. Mucho ánimo, ya se que no son palabras de consuelo pero es que de verdad que no se ni lo que decir. Un abrazo muy fuerte.
Siento muchisimo todo el sufrimiento que habeis pasado.. como pueden pasar estas cosas en la sanidad? Como se puede tratar a una familia en esa situación sin la mas minima empatia? Un abrazo enorme. Mucho animo
Mucho ánimo, Antonia, ya has sufrido mucho por la falta de respeto a la ley de esta región nuestra atrasada y retrógrada.
Lo del hospital Santa Lucía es digno de estudio, sus ecógrafos de última generación no veían que mi hijo había perdido el riñón izquierdo en el útero materno y, sin embargo, en la privada ya me lo habían detectado.