Decomiso sin condena y transparencia en las donaciones a partidos: claves del anteproyecto de ley anticorrupción

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes (en primera vuelta) un anteproyecto de ley anticorrupción que prevé modificar 18 leyes, seis de ellas orgánicas, a través de 84 medidas de actuación para combatir las prácticas corruptas de las empresas. 

• El texto, llamado Anteproyecto de ley orgánica de integridad pública, se enmarca en el plan de lucha contra la corrupción anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en julio del año pasado en el marco del caso Koldo y la entrada en prisión de Santos Cerdán. 

La propuesta. La iniciativa planteada por el Ejecutivo pretende responder a la corrupción con 84 medidas entre las que destacan las siguientes:

• Registros públicos. Los registros de las empresas que tienen prohibido contratar con la administración pública deberán ser accesibles. 
• Penas a las prácticas corruptas. Modificando el Código Penal, se propone ampliar el tiempo que una empresa condenada por corrupción no puede volver a participar en un contrato público o percibir subvenciones y ayudas de los 15 años actuales a 20. Las multas a las personas jurídicas se extenderán hasta los diez años, con cuotas máximas del 50% de los ingresos o 20.000 euros. 
• Tráfico de influencias. Este delito se castigará con penas de entre uno y cuatro años de condena y la prohibición de contratar con administraciones públicas durante diez años. 
• Donaciones a partidos políticos. Las donaciones a los partidos políticos deberán ser publicadas cada mes y a partir de 2.500 euros, no a partir de 25.000 como hasta ahora. Además, los partidos tendrán que realizar auditorías externas de sus cuentas si reciben más de 50.000 euros de fondos públicos. 
• Prescripción de delitos. Se propone modificar el Código Penal para ampliar el tiempo de prescripción de los delitos de corrupción de cinco a siete años para dar más tiempo a las investigaciones complejas. 
• Detección del fraude. Para hacer un control mayor del fraude se obligará a usar de manera más amplia la herramienta Minerva, un mecanismo informático de la Agencia Tributaria que analiza el riesgo de conflicto de interés en procedimientos relacionados con fondos públicos. 
• Recuperar dinero malversado. Se refuerza el papel de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos y la capacidad del Estado para incautar bienes desde los inicios de una investigación con figuras como el decomiso sin condena o el de riqueza no justificada, dos formas de incautar los bienes antes de que existan condenas firmes o si la persona implicada no puede justificar el origen de esos ingresos de manera lícita. Se establece la obligación de aprobar una Estrategia Estatal de Recuperación de Activos  para planificar la localización, gestión y reutilización social de los bienes recuperados.
• Mapas de riesgo. Para luchar contra los riesgos de corrupción cada administración deberá identificar dónde pueden darse riesgos de fraude y qué medidas puede adoptar para evitarlo.
• Especialización judicial. Se propone crear secciones especializadas en corrupción en la carrera judicial a través de una modificación a la ley orgánica del Poder Judicial. 

Agencia Independiente de Integridad Pública. El texto que tramita el Gobierno propone crear una agencia independiente que ejercerá la lucha contra las prácticas corruptas y fraudulentas. Esta agencia reunirá tres organismos distintos:

• La Oficina de Conflictos de Intereses (OCI). Un organismo responsable de evitar las incompatibilidades entre cargos públicos. 
• La Autoridad Independiente de Protección al Informante. Un ente que respetará el anonimato de los denunciantes de casos de corrupción. Se atribuirá la categoría de persona protegida a aquellos que hayan informado de prácticas corruptas en el momento de la denuncia y durante los cinco años posteriores a ella, con la posibilidad de obtener indemnizaciones en función del daño que hayan podido sufrir. 
• El Servicio Nacional de Coordinación Antifraude. Un órgano público encargado de coordinar la protección de los intereses financieros de la Unión Europea contra el fraude. 

Componente europeo. La medida de recuperación y gestión de fondos malversados va en línea con la directiva europea de 2024 relativa a la recuperación y decomiso de activos, un texto que tiene como fecha límite de transposición noviembre de este año. 

Esta agencia tendrá rango de secretaría general y su presidencia sería nombrada por un proceso público y ratificada por el Congreso, su mandato sería de seis años no renovables. 

¿Tiene futuro? La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que cree que el texto va a “contar con todos los apoyos a nivel parlamentario”. 

• Próximos pasos. El texto aún tiene que ser aprobado en segunda vuelta por el Consejo de Ministros antes de llegar al Congreso para comenzar con la tramitación parlamentaria.
• Según las palabras de Montero, el Gobierno espera remitir el texto al Congreso antes de verano para que la Cámara Baja lo incluya en una sesión plenaria de septiembre de este año y que pueda estar tramitado y en el BOE antes de que acabe la legislatura a mediados de 2027.