Felipe VI ha presidido este jueves el acto de apertura del año judicial en el Tribunal Supremo, el primero con normalidad institucional tras un bloqueo de cinco años y medio en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano que ya preside la magistrada Isabel Perelló, la primera mujer en ocupar este cargo en toda la historia del órgano de gobierno de los jueces. Ella misma lo ha calificado como un “hecho histórico” en este acto.
- Uno de los principales objetivos del nuevo CGPJ será hacer frente a casi un centenar de nombramientos pendientes en la cúpula judicial del país, 27 de ellos del Supremo, que tiene más de un tercio de su plantilla de magistrados sin cubrir, según detalla la agencia EFE.
Perelló, en su primer discurso apenas 24 horas después de tomar posesión de su cargo, ha señalado que “ningún poder del Estado puede dar indicaciones ni instrucciones a los jueces” sobre aplicar la ley, por lo que ha reclamado a los partidos políticos que “respeten el trabajo de los jueces”.
La agenda judicial. Se presenta un año de retos para los jueces como la aplicación de la ley de amnistía, el caso Begoña Gómez, el presunto fraude de la pareja de Isabel Díaz Ayuso a Hacienda y la posterior imputación al Fiscal General del Estado por esta investigación.
- Directo del acto de apertura del año judicial
- Agencia EFE
Estoy totalmente conforme con la necesidad de que no existan indicaciones a los jueces y magistrados desde otras administraciones. Pero eso es un tren de doble dirección.
No, no es así. Ninguno de los otros poderes del Estado le puede decir a la judicatura qué debe hacer o qué no debe hacer. Sin embargo, la judicatura sí puede, bajo condiciones muy específicas, corregirle la plana al legislativo y también el ejecutivo. En el primer caso, la judicatura puede sentenciar que una ley es anticonstitucional o contraria a principios y normas de rango superior. En el segundo caso, la judicatura no podrá decirle al gobierno que debe hacer en cuanto gobierno pero sí puede decirle qué no es legal hacer o disponer. Esto es teoría política jurídica elemental. La judicatura asegura la congruencia de todo poder del Estado con las leyes en vigor mediante dictámenes y sentencias particulares, mientras que el parlamento sólo puede cambiar las leyes que la judicatura va aplicar y el gobierno, a pesar de Alfonso Guerra, jurídicamente, en teoría al menos, no en la práctica de la socialchusmocracia y las dictaduras progres, no puede entrometerse ni en la labor del parlamento ni en la de los jueces. No es una simetría a tres bandas y no es un juego de tijera, piedra, papel.