El Gobierno de Israel aprobó el domingo un plan para reabrir el proceso de registro de tierras en una amplia zona de la Cisjordania ocupada para declararlas como “propiedad del Estado” si los palestinos no pueden demostrar su titularidad, según un comunicado al que han tenido acceso diversos medios israelíes, como la cadena pública Kan y Srujim. Esta actuación por parte del país hebreo constituye una forma de “anexión de facto” del territorio ocupado, según los expertos.
- La decisión abre el camino para la reanudación de los procesos de “arreglo de títulos de propiedad de tierras”, que han estado congelados desde la ocupación de Cisjordania por Israel en 1967 y afectará a la denominada Zona C, que constituye alrededor del 60% del territorio este de Palestina.
- Qué dice Palestina. La Presidencia de la Autoridad Palestina ha emitido un comunicado denunciando que la decisión israelí consolida la ocupación de los territorios palestinos mediante la expansión ilegal de asentamientos, lo que supone una violación del derecho internacional y las resoluciones de la ONU.
Qué es el registro de tierras. El proceso de registro de tierras, también conocido como liquidación de títulos de propiedad, es un procedimiento jurídico con el que se identifica, documenta y certifica oficialmente quién es el propietario de cada parcela de tierra de forma “definitiva y vinculante”.
La liquidación de títulos para determinar la propiedad de la tierra se comenzó a realizar en Palestina cuando el territorio se encontraba bajo Mandato Británico (1920-1948). Jordania pasó a administrar Cisjordania a partir de 1949 y continuó con el proceso, llegando a cubrir aproximadamente el 30% de esta área, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).
Israel ocupó Cisjordania durante la Guerra de los Seis Días de 1967. A raíz de ello, el entonces fiscal general militar israelí emitió una orden para suspender estos procesos de titularidad en el territorio palestino, ya que el procedimiento contraviene el derecho internacional al ser Israel una potencia ocupante.
- Según la FAO, en Cisjordania solo el 48% de las tierras se encontraban registradas en 2018, mientras que en Gaza este porcentaje ascendía al 90%.
La medida. La propuesta fue presentada por los ministros de Finanzas, Bezalel Smotrich, Justicia, Yariv Levin, y Defensa, Israel Katz, supuestamente con el objetivo de regular las explotaciones agrícolas y aclarar el estatus de las zonas ocupadas en Cisjordania.
- El Gobierno israelí justifica su decisión en que la legalización de los terrenos “pondrá fin a las disputas legales y permitirá el desarrollo de la infraestructura y la comercialización de tierras de forma regulada”, según las declaraciones recogidas por el medio público Kan.
- Se prevé autorizar un presupuesto de 244 millones de NIS (66,5 millones de euros) para el proceso de registro de tierras entre 2026 y 2030, así como que la Autoridad de Registro y Liquidación de Derechos Inmobiliarios del Ministerio de Justicia israelí sea la encargada de realizar los procedimientos de liquidación.
Dónde se aplica. La iniciativa aprobada por el Gobierno israelí este domingo tiene como objetivo las tierras situadas dentro de la zona C de Cisjordania. Se trata de una de las tres áreas administrativas en las que se dividió de forma “transitoria” este territorio palestino con la firma de los Acuerdos de Oslo en la década de 1990:
- La zona C constituye el 59% de Cisjordania y está administrada por las autoridades israelíes. En este territorio residen 377.000 palestinos y es el mayor área de asentamientos hebreos.
- Por su parte, las zonas A y B, que en conjunto alcanzan el 35% de Cisjordania, quedaban bajo gestión de la Autoridad Nacional Palestina. Esta tiene control total sobre la administración civil en ambas zonas, aunque Israel puede intervenir en asuntos de seguridad en la segunda de ellas.
Sergio Castaño, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), explica a Newtral.es que la Zona C “contiene la mayor parte del territorio estratégico con asentamientos, carreteras, áreas agrícolas fértiles, recursos hídricos, zonas militares y espacios abiertos”.
Julio Guinea, profesor de Derecho Internacional en la Universidad Europea, señala a este medio que Israel se ha centrado en la zona C ya que “es el centro de gravedad territorial y el espacio administrativamente más accesible para este tipo de medidas planteadas”.
- Que la zona C esté bajo control israelí “hace que cualquier política de registro o planificación sea mucho más ejecutable allí que en las zonas A y B”, además de que se trata de un área clave para el desarrollo de la economía palestina.
Qué implica. Guinea indica que con la medida aprobada por el Gobierno hebreo lo que se hace es “activar un procedimiento de asentamiento o de registro de títulos para inscribir formalmente parcelas de Cisjordania en un registro administrado por las autoridades israelíes”.
- El resultado, indica, será que la titularidad del terreno pasará a ser declarado estatal si no se acredita de forma suficiente una propiedad privada previa.
- “En la práctica eso convierte el procedimiento en un filtro muy exigente para los propietarios palestinos, con el riesgo de que amplias áreas terminen recalificadas como estatales”, añade.
Castaño apunta a que esta decisión tomada por Israel tiene varias consecuencias. Constituye una forma de “anexión de facto”, se “permite legalizar o expandir asentamientos israelíes, obliga a los palestinos a demostrar propiedad con estándares casi imposibles, e incrementa el control civil directo de Israel sobre territorio ocupado”.
Asimismo, ambos expertos coinciden en que el derecho internacional prohíbe a una potencia ocupante modificar la propiedad de la tierra del territorio ocupado:
- El Reglamento de la Haya exige respetar la propiedad privada y prohíbe su confiscación, al mismo tiempo que el Cuarto Convenio de Ginebra no permite asentamientos o transferir población de la potencia ocupante al territorio ocupado.
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