Qué implica que la amnistía se tramite como proposición de ley y no como proyecto del Gobierno 

La amnistía para los líderes del ‘procés’ pactada entre el PSOE y ERC esta semana será finalmente una proposición de ley en lugar de un proyecto del Gobierno y se prevé que sea registrada en los próximos días. La fórmula elegida se debe a que un Ejecutivo en funciones no puede presentar proyectos de ley en el Congreso de los Diputados, según los límites que establece la ley del Gobierno. De este modo, y ante la exigencia de los grupos independentistas de que la ley quede registrada antes de la investidura, queda la vía de registrar una proposición de ley, que debe ir firmada por 15 diputados o por un grupo parlamentario, de acuerdo con el Reglamento de la Cámara Baja.

• Contexto. El Ejecutivo de coalición se encuentra en funciones desde el 24 de julio, día posterior a las elecciones generales del 23-J, por lo que tiene unos cometidos acotados, pues ya no cuenta con la confianza de las nuevas Cortes Generales elegidas en las urnas. 

Pero, además de las limitaciones del Gobierno en funciones, la tramitación de la amnistía a través de una proposición de ley tiene otras implicaciones en los plazos y el procedimiento.

El recorrido parlamentario de la norma como proposición de ley

La fórmula elegida por el PSOE para tramitar la amnistía será una proposición de ley. Como te contamos en Newtral.es, a diferencia del proyecto de ley, la proposición evita que se tengan que solicitar distintos informes preceptivos, como el del Consejo General del Poder Judicial, que podrían dilatar la tramitación. Además, existe la posibilidad de pedir que se lleve a cabo por el procedimiento de urgencia, es decir, para que se acorten los plazos a la mitad.

• Ocho vocales del CGPJ han emitido un comunicado en el que piden un pleno extraordinario para tratar la ley de amnistía. El mandato del CGPJ lleva caducado desde 2018, como te contamos aquí. 

Una vez registrada la iniciativa, la Mesa del Congreso, con mayoría del PSOE, Sumar y sus socios, le daría luz verde para que sea debatida en un primer pleno que decide si se empieza con su recorrido parlamentario o no. Una vez aprobada la tramitación, pasaría a la comisión correspondiente para que las formaciones políticas incluyan las enmiendas que consideren oportunas a la norma.

Después de su paso por la Cámara Baja, la proposición de ley de amnistía será enviada al Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta. Es aquí donde se podría encontrar con un escollo: El PP ha registrado una reforma del Reglamento del Senado —concretamente el artículo 133—, para dar potestad a la Cámara para decidir si es pertinente o no aplicar el procedimiento de urgencia a las proposiciones de ley que envíe el Congreso. De esta forma, los populares podrían dilatar la tramitación de la ley en el Senado.

• Contexto. El Senado dispone de 20 días naturales para aprobar las iniciativas declaradas ‘urgentes’. Por lo que, la reforma del PP podría alargar la tramitación de la ley de amnistía hasta dos meses, el límite establecido para los proyectos no urgentes.

Hablemos de tiempos: la reforma del delito de sedición y de malversación como ejemplo

Si las fuerzas que apoyan al PSOE y Sumar apuestan por tramitar la posible ley de amnistía como proposición de ley por el procedimiento de urgencia, esta podría estar aprobada en un máximo de dos meses. 

Un ejemplo. La proposición de ley que reforma los delitos de sedición y de malversación culminó toda su recorrido parlamentario en 36 días. Se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG) el 17 de noviembre de 2022 y el 23 de diciembre ya estaba en el BOE.