A pesar de incluir la reforma de la ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza, en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, fue el Partido Nacionalista Vasco (PNV) quién presentó en el Congreso de los Diputados una proposición para modificar la norma en 2019. Aunque como recoge la Cámara baja y como refleja Amnistía Internacional en un informe, la ley mordaza todavía no se ha modificado.
Este miércoles Amnistía Internacional presenta en el Congreso de los Diputados una investigación que demuestra cómo, desde hace siete años, esta ley ha reducido el derecho de protesta pacífica de los ciudadanos. La organización expone su estudio con la intención de alentar el debate y que se descongele la reforma de la ley.
Algo que Mertxe Aizpurua, diputada de EH Bildu, recordó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la sesión de control al Gobierno del 2 de noviembre. “La ley de vivienda y la de seguridad ciudadana están bloqueadas y atascadas”, aseguró la diputada (minuto 15:30).
Los elementos que han cambiado el derecho de protesta en España desde 2015
El balance que hace Amnistía Internacional tras siete años de aplicación de la ley mordaza analiza siete pilares: la reforma del Código Penal de 2015, la aprobación de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, la discrecionalidad y arbitrariedad otorgadas a las fuerzas de seguridad en su actuación durante las manifestaciones pacíficas, la utilización de armas menos letales como pelotas de goma o balas de foam, la frecuente interpretación de los tribunales a favor de la versión policial, las contradenuncias de policías a manifestantes o periodistas y la falta de mecanismos efectivos de rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad.
Para Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España, “esta nueva investigación muestra la necesidad de cambiar el rumbo legislativo, policial y judicial para facilitar y garantizar, de acuerdo a los estándares internacionales, el derecho humano a la protesta en España”. De hecho, una de las conclusiones del informe de la asociación es que han aumentado los delitos de atentado y resistencia en España a raíz de la aprobación de la ley mordaza.
Tras el confinamiento hubo más delitos de atentados contra la autoridad
En relación con el delito de atentado contra la autoridad, Amnistía Internacional destaca cómo han aumentado el número de casos, según los datos de la Fiscalía General del Estado. De los 15.992 procedimientos del 2020 se pasó a 18.512 en el 2021, lo que supone un incremento del 15,75%.
También contempla que los delitos de desórdenes públicos han experimentado un ascenso de un 48% de 2020 a 2021. En el 2020 se dictaron un total de 10.617 sentencias por delitos contra el orden público, mientras que en el 2021 fueron 14.360, lo que supone un incremento del 35%. Aun así, todo ello debe entenderse en el contexto de la pandemia y los meses en los que no estaba permitido salir de casa.
Tal y como recoge Amnistía Internacional sobre la ley mordaza y la reforma del Código Penal del 2015 añadió en uno de sus artículos un tipo agravado que sanciona con una pena mayor, de uno a seis años de prisión, los desórdenes públicos, cuando estos actos se lleven a cabo en una manifestación o reunión numerosa.
Es por ello que desde la asociación reivindican el derecho a la protesta y la manifestación con mayor libertad, ya que para ellos la ley mordaza “otorga el poder a los cuerpos policiales de valorar qué conductas pueden considerarse como desobediencia, falta de respeto o resistencia a la autoridad sin establecer adecuados mecanismos de control y rendición de cuentas”. Para ellos, esta medida ha conducido a una mayor arbitrariedad policial e indefensión de la ciudadanía que vulneran el ejercicio a la libertad de expresión y reunión pacífica.
Las recomendaciones de Amnistía Internacional para la modificación de la ley mordaza
Con la intención de que tenga impacto en el debate político, Amnistía Internacional recomienda que en la modificación de la ley mordaza se defina de forma precisa cómo se sanciona la resistencia, desobediencia o la negativa a identificarse, y que se elimine la sanción a la difusión de imágenes de las fuerzas de seguridad. Según la organización esto supone “una limitación innecesaria y constituye un riesgo para el derecho a la libertad de información”.
Sobre la reforma del Código Penal sugieren que se modifique el artículo que define lo que se considera atentado contra la autoridad, que se atienda el principio de proporcionalidad, y diferencie claramente los actos de resistencia pasiva y los actos de intimidación grave y agresión, así como su diferente pena.
- Amnistía Internacional
- Congreso de los Diputados
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