Las asociaciones de víctimas del amianto piden que el fondo de compensación quede exento de impuestos

El fondo de compensación para las víctimas del amianto inicia el camino hacia su aplicación tras la aprobación del Senado. La proposición de ley, aprobada casi por unanimidad –salvo un voto en contra– contempla la creación de un fondo público para los afectados por amianto, un material cancerígeno cuyo uso se prohibió en España en 2001.

Las asociaciones de víctimas se muestran satisfechas con la puesta en marcha del fondo, a falta de que se haga efectivo en el reglamento correspondiente, en el que solicitan que se incluya una cuantía suficiente para los afectados, así como la exención fiscal de la indemnización.

El plazo previsto para el desarrollo y aplicación de la ley es de tres meses, si bien Juan Carlos Paúl, presidente de la Federación Española de Asociaciones y Colectivos de Víctimas del Amianto (Fedavica), indica a Newtral.es que “es habitual que se pueda superar” esa fecha. 

¿En qué consiste el fondo de compensación para las víctimas del amianto?

Con la aprobación del fondo de compensación, las víctimas del amianto podrán obtener una indemnización pública, incluso si la empresa en la que sufrieron la exposición a este material ha cerrado, ya que, como contempla la proposición, cuando aparece la enfermedad “podemos estar hablando de exposiciones que se produjeron de 20 a 50 años antes”.

Además, la aplicación de la ley pretende terminar con “la judicialización de los procesos”, para evitar que los afectados tengan que reclamar a través de los juzgados, algo que puede implicar tanto un coste económico como uno emocional.

Mientras, las organizaciones se muestran satisfechas con la medida, aunque consideran que falta por precisar la cuantía del fondo y exigen la exención fiscal de la indemnización. Jon García, portavoz de las asociaciones de víctimas del amianto en las negociaciones, cree que “de alguna manera, el Estado está reconociendo su responsabilidad en que haya enfermos de amianto”, lo que también les da visibilidad.

Según la proposición de ley, se prevé también la creación de una comisión de seguimiento del fondo. De acuerdo con el texto, tiene como objeto “la mejora de la respuesta en la protección de las personas expuestas al amianto y sus familiares”.

¿Qué queda por hacer, según las asociaciones?

Aunque el fondo se trata de un avance en las compensaciones a las víctimas por amianto, Fedavica y los sindicatos Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) opinan que es “todavía insuficiente”, como han compartido en un comunicado. 

“El texto aprobado todavía presenta una grave carencia: la falta del establecimiento de la exención tributaria para las indemnizaciones”, inciden. Por el momento, según señalan, las víctimas que reciban la compensación del fondo público tendrían que tributar “en los tramos más altos del IRPF, que en 2022 se sitúan entre el 45% y el 47%”.

(*) Desde UGT, Ana García de la Torre, secretaria de Salud Laboral del sindicato, indica que el reglamento debe establecer tanto quién será “el responsable de valorar, diagnosticar y determinar las causas de la enfermedad”, como la cuantía del fondo, la cual considera que será determinante para garantizar su eficacia.

También a juicio de Carmen Mancheño, coordinadora de Salud Laboral de la Confederación Sindical de CCOO, si la cantidad del fondo público no es suficiente y, además, existe un impuesto sobre la indemnización, los afectados que se lo puedan permitir podrían preferir acudir a juicio. “Hacemos víctimas de primera, de segunda y de tercera categoría”, reclama.

¿Quiénes serán los beneficiarios del fondo de compensación para víctimas del amianto?

El fondo busca la universalidad y quiere alcanzar a todas las víctimas, incluidas las situadas fuera de la Seguridad Social. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, las personas que se encargaban de la ropa expuesta al amianto o los enfermos medioambientales, afectados, por ejemplo, por los materiales usados para la construcción de edificios cercanos a su lugar de residencia.

Desde 1994 y hasta 2008, de acuerdo con la proposición de ley, se produjeron 3.943 fallecimientos vinculados al amianto. Posteriormente, según datos de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social proporcionados por el portavoz de las asociaciones de víctimas del amianto, de 2007 a 2018 se reconocieron 1.485 enfermedades profesionales producidas por la exposición a este material.

A las anteriores cifras habría que añadir los afectados por enfermedades que pueden no ser reconocidas, pese a tener relación con el amianto, y las que no pertenecen al ámbito profesional, lo que complica su reconocimiento como ocasionadas por amianto. (*) Según precisa Alfredo Menéndez Navarro, catedrático de Historia de la Ciencia de la Universidad de Granada, la falta de registros de exposición al amianto provoca que “la carga de la prueba recaiga en los propios afectados”.

“Incluso en procesos como los mesoteliomas [un tipo de cáncer], que solo reconocen la exposición al amianto como causa [de la enfermedad], algunas empresas, mutuas y en ocasiones el INSS [Instituto Nacional de la Seguridad Social] cuestionan la exposición del trabajador, lo que dificulta su reconocimiento como enfermedad profesional”, explica. Por esa razón, como apunta también García, “Nos movemos en una nebulosa cuando hablamos de datos”.

¿Cómo se determina si una enfermedad ha sido causada por amianto?

En este contexto, no es tan fácil determinar quién se ha visto afectado por el material cancerígeno y puede optar al fondo de compensación para las víctimas del amianto. Si bien el tiempo de exposición es suficiente a la hora de establecer quién está expuesto al material en el entorno laboral, la dificultad se incrementa en el caso de no haberse producido en ese ambiente.

De acuerdo con Teófila Vicente-Herrero, miembro del grupo multidisciplinar de la Asociación Española de Especialistas de Medicina del Trabajo y la Sociedad Española de Oncología Médica (AEEMT-SEOM), es en esas ocasiones cuando “tendríamos que establecer una relación epidemiológica y fisiopatológica entre la exposición y el cáncer”.

Uno de los problemas para vincularlos, según Vicente-Herrero, es el período entre el momento en el que el amianto afecta a la víctima y cuando surge la enfermedad. “El tiempo es muy largo: desde que una persona está expuesta al amianto hasta que aparece el cáncer pueden pasar normalmente muchos años”, explica.

¿Qué normativa sobre el amianto proviene de la Unión Europea ?

En septiembre de 2022, la Comisión Europea presentó una propuesta para asegurar un futuro sin amianto. “Aunque todas las formas de amianto están prohibidas en la Unión Europea desde 2005, el amianto se mantiene presente en edificios antiguos”, destaca en una nota de prensa.

La Comisión estima que entre 4,1 y 7,3 millones de trabajadores europeos “se exponen al amianto en la actualidad, con un 97% trabajando en la construcción y un 2% en la gestión de residuos”. Además, el riesgo se extiende a las construcciones previas a la prohibición del amianto.

Con el objetivo de eliminar la presencia de este material y de proteger a las víctimas, una de las medidas que propone Bruselas es reducir el límite de exposición de los trabajadores al amianto “hasta 10 veces menos que el valor actual”. “De 0,1 fibras por centímetro cúbico (f/cm³) a 0,01 f/cm³”.

*El artículo se ha actualizado para añadir las declaraciones de Ana García de la Torre, de UGT, y de Alfredo Menéndez Navarro, de la Universidad de Granada.