En 2021 la Administración General del Estado terminó el año con 746 altos cargos en activo. Esto supone casi un centenar más de trabajadores de este rango en comparación con el número de altos cargos ejerciendo en 2015: un total de 653. Tienen la condición de altos cargos los miembros del Gobierno, los subsecretarios, los directores generales y asimilados y los embajadores y altos cargos de organismos públicos, entre otros, como recoge el Portal de Transparencia. Este número indica los cargos que han estado en activo a diciembre del año pasado, pudiendo ser más el número de altos cargos que han pasado por el Ejecutivo.
Así se desprende de los datos que eleva semestralmente la Oficina de Conflictos de Intereses a las Cortes Generales para informar sobre el cumplimiento de estos cargos en sus obligaciones como la presentación de la declaración de actividades, de bienes y derechos, o la comunicación de cambio de actividad.
La oficina también da detalle a las Cortes Generales de las infracciones cometidas por incumplimiento de la ley reguladora del ejercicio de alto cargo y por la ley de transparencia. En 2021 se han iniciado seis expedientes sancionadores y se ha resuelto uno.
Cada año hay más altos cargos del Gobierno
A 30 de junio de 2015 la Administración General del Estado tenía 649 altos cargos en activo. En ese momento el presidente del Gobierno era Mariano Rajoy, quien tres años después dejó la administración con 22 altos cargos más.
Ahora, el gobierno de coalición de Pedro Sánchez alcanza el récord de estos trabajadores de la administración en activo, con un total de 746. Como se puede ver en el siguiente gráfico hay fechas en las que estos miembros han sido menos y se aprecia cómo después la curva ha aumentado sustancialmente. Estas variaciones coinciden con periodos marcados con elecciones generales y cambios de Gobierno, en los que la administración se remodela.
Más de 40 peticiones para trabajar en la empresa privada
Cuando un alto cargo deja su puesto en la administración pública, no puede trabajar, durante los dos años siguientes, en entidades privadas que “hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado” según el artículo 15.7 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo.
La Oficina de Conflicto de Intereses es la encargada de dar permiso a los ex mandatarios que soliciten pasarse a la actividad privada durante ese tiempo limitado. Así, estos ex trabajadores públicos deben dirigirse a la OCI para comunicar la decisión y ésta debe aprobar la compatibilidad.
En 2021 esta oficina recibió más de 48 comunicaciones sobre cambio de actividad, de las cuales 41 fueron para irse a la actividad privada. De hecho, algunos ex altos cargos agrupan varias comunicaciones como el ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, que se ha dirigido a este organismo hasta en siete ocasiones para trabajar como colaborador en medios de comunicación (Cadena Ser, TV3, periódico Gara), como profesor y para ser presidente de la Fundación Instituto 25 de Mayo para la Democracia.
Aparecen también en este listado quien fue secretario general de Sanidad, Faustino Blanco, que comunicó su fichaje como director general de la Fundación para la Investigación e Innovación Biosanitaria del Principado de Asturias (FIMBA), y el ex jefe de apoyo logístico de la armada, Salvador Delgado, como asesor en Petronor.
Desde 2015 hasta junio de 2021 tan solo se han vetado nueve solicitudes, según la información facilitada a Newtral.es a través de una petición de información realizada a través del Portal de Transparencia. Aquí puedes consultar las nueve resoluciones denegatorias.
