Tres altos cargos del Gobierno están siendo investigados por supuestas irregularidades en contratos COVID sobre la compra de material sanitario durante los primeros meses de la pandemia, según adelantó El Confidencial y ha podido confirmar Newtral.es. La investigación procede de una querella presentada por Vox en 2020.
El jueves 7 de marzo declararon ante el Juzgado 26 de Madrid los responsables de los entes que agruparon muchas de las adquisiciones realizadas por el Ejecutivo para tratar de contener el avance del coronavirus. En concreto, el director general del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), Alfonso Jiménez; la directora general de Racionalización y Centralización de la Contratación, Paloma Rosado, y la directora general de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Patricia Lacruz.
La querella, presentada por Vox, se dirige a estos tres altos cargos por supuestos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y fraude.
Fuentes jurídicas han confirmado a Newtral.es que estas personas han sido llamadas a declarar y por el momento el procedimiento judicial está en fase de investigación, por lo que se está a la espera de la decisión procesal que tomará el juzgado una vez oídas las declaraciones.
¿Cómo se inicia el tema que vincula a estos altos cargos con los contratos COVID?
Vox presentó en mayo de 2020 una querella en la que sostiene que, tras la aprobación del real decreto ley 7/2020, el Gobierno cerró una serie de contratos de “la forma más irregular”. Denuncian que se adjudicaron por un precio “muy elevado al de mercado” y “con empresas sin solvencia técnica ni profesional en este sector”, según recoge el texto de la denuncia a la que ha tenido acceso Newtral.es.
- Lo que decía este decreto ley. El Ejecutivo estableció que se recurriera a la “tramitación de emergencia” -poco transparente y sin concurso público- para contratar “todo tipo de bienes o servicios que precise la Administración General del Estado para la ejecución de cualesquiera medidas para hacer frente al COVID-19”.
¿Qué se está investigando?
La querella de Vox que inició este procedimiento pide investigar 56 contratos concedidos entre el 13 de marzo y el 30 de abril de 2020 que tendrían un valor total de 310 millones de euros. Vox mantiene en su escrito que al menos doce se concedieron a empresas de “dudosa existencia”.
Según el texto de la querella al que ha tenido acceso Newtral.es, estas dudas procederían de que en opinión de Vox “solo se conoce una denominación social”, pero supuestamente no consta “su identidad fiscal” o se desconoce “si tienen establecimiento físico alguno. También, bajo el punto de vista de la formación, hay casos en los que las compañías no tenían un objeto social declarado o ejercían una actividad sin relación con el material contratado. “No tienen establecimiento en nuestro país, haciendo imposible la fiscalización de los mismos [los contratos] y por ende el análisis impositivo del contrato]”
Con todo, este partido solicita que se identifique a todos los que han intervenido en estos procesos mediante la solicitud de los contratos, albaranes, facturas y documentación de carga de cada adjudicación. Asimismo, pide los justificantes de los pagos, los documentos de AENA que acrediten el registro de los vuelos con la recepción de la mercancía y los documentos aduaneros correspondientes.
¿Qué alegan los altos cargos imputados?
Durante su comparecencia, según fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial, Jiménez, Rosado y Lacruz alegaron que cumplieron el protocolo correspondiente. Este quedó fijado en el decreto ley 7/2020 que establecía cómo se debía actuar durante el estado de alarma.
¿Qué contratos COVID se mencionan en la querella a estos tres altos cargos?
Según la información publicada por El Confidencial y la querella a la que ha tenido acceso Newtral.es, entre los contratos COVID que pide investigar Vox con su denuncia a estos tres altos cargos estarían la compra de 1.000 dispositivos de ventilación mecánica a la empresa china Sysmed o 56,2 millones de mascarillas sin clasificación sobre el nivel de protección a la compañía Hongkong Travis Asia Limited.
Contratos con un objeto social sin relación con el producto
- Value and Bro SL. Se le abonaron 4,2 millones de euros (sin impuestos) por suministrar 700.000 hisopos. Su objeto social era el asesoramiento legal o laboral.
- FCS Select Products. Se adquirieron 10 millones de pares de guantes de nitrilo, 150.000 gafas y 20 millones de mascarillas quirúrgicas por 10,06 millones de euros (sin impuestos). La actividad de la empresa estaba relacionada con el comercio de toda clase de productos alimenticios, bebidas y tabacos.
Entre las adjudicaciones también aparece una empresa china con sede en las Islas Caimán que apareció en los ‘Paradise Papers’: Angelina Environmental Spain SL.
Un contrato COVID que incumplió la empresa
- Hyperin Grupo Empresarial. Se le transfirieron 2,7 millones de euros (sin impuestos) por adelantado por la compra de 144 respiradores que nunca llegaron. La empresa era de reciente creación y se dedicaba a la fabricación de yeso. Nunca devolvió el dinero enviado por transferencia a Estados Unidos.
Diferencias de precio en productos similares
- Según recoge la denuncia y basándose en los cálculos realizados por Vox, en los contratos investigados se habrían detectado variaciones de precio que en la querella se denominan “sobrecostes” que, de media, alcanzaron el 300% teniendo en cuenta el precio unitario de algunos productos, concretamente guantes de nitrilo.
Uno de los casos mencionados está relacionado con batas desechables que se compraron por lotes que tenían un precio unitario que fue de los 0,27 céntimos a los 22,07 euros. Esta diferencia de precio se habría realizado con apenas unos días de diferencia aunque a empresas distintas. Concretamente el 23 de marzo se habrían comprado batas desechables por 0,27 euros a Suministros Hospitalarios SA y el 27 de marzo el precio por cada bata habría subido a 22,07 euros en el paquete adquirido con Weihai Textile Group Import and Sport.
