Las versiones contradictorias de Reyes Maroto y la empresa sobre la venta de Alcoa

El 19 de julio la ministra de Industria, Turismo y Comercio Reyes Maroto se reunió con el CEO de Alcoa, Roy Harvey, en Pittsburgh, como parte de su visita oficial a Estados Unidos. Tras la reunión, la ministra dijo que “Alcoa ha sido receptiva a nuestras propuestas y el CEO se ha comprometido a desbloquear el proceso de venta de la planta y a analizar las propuestas que les hemos presentado, y nos dará respuesta en las próximas dos semanas”. Reyes Maroto también afirmó respecto a Alcoa que “el señor Harvey ha reconocido que está dispuesto a vender directamente a terceros”.

Sin embargo, después de estas declaraciones, la empresa emitió otro comunicado (puedes leerlo aquí) que contradice las declaraciones del Gobierno. En él, Alcoa “lamenta que no incluyan una venta directa a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Durante la reunión, Harvey accedió a revisar la propuesta del Gobierno, pero no se comprometió a realizar una venta directa a un tercero”, y anunció que esperaba “recibir de la ministra una propuesta viable de los próximos pasos referentes a la participación de SEPI”.

José Antonio Zan, presidente del comité de empresa de la fábrica de Alcoa en A Mariña, Galicia, explica a Newtral.es que tras el intercambio contradictorio de comunicaciones por parte de la empresa y del Ministerio de Industria, “hemos pedido una reunión en la mesa multilateral” porque “o estuvieron en dos reuniones distintas o no sabemos muy bien qué pasa”.

Tras el comunicado de Alcoa, Maroto habló en una rueda de prensa. Dijo que no compartía el comunicado y esperaba hablar pronto con el CEO de Alcoa España porque “creo que genera más confusión y que Alcoa España debería explicar por qué la posición que a mí me traslada la multinacional es cuanto menos distinta a la que ellos trasladaron a los trabajadores”.

El papel de la SEPI en la venta de la empresa en Galicia

La SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) es un organismo público adscrito al ministerio de Hacienda, que gestiona la participación del estado en distintas empresas (Correos, Mercasa, RTVE, Navantia…). Su objetivo es “rentabilizar las participaciones empresariales y orientar todas las actuaciones atendiendo al interés público”.

Tanto los trabajadores de la fábrica como Alcoa quieren que se venda la fábrica a la SEPI, y que este sea el que elija el comprador final. Según Zan, si la venta no se organiza a través de la SEPI, y el Gobierno no proporciona una alternativa clara “lo que tenemos es que va pasando el tiempo y los únicos que están sufriendo son los trabajadores”.

Alcoa también presiona para que se involucre a la SEPI. De esta manera, la empresa no sería responsable del comprador final de la fábrica, como ocurrió en las ventas de las fábricas de Alcoa en A Coruña y Avilés. Según el comunicado de Alcoa, se “ha puesto de manifiesto los riesgos de vender plantas inviables en las que el vendedor es el que contribuye económicamente en la transacción, a pesar de contar con la supervisión de todos los actores involucrados en el proceso».

“La SEPI para nosotros es una garantía. La SEPI no va a vender a un fondo buitre. Se va a responsabilizar de que a quién le venda le vaya bien”, dice Zan. “Pero para Alcoa también es una garantía, porque sabe que si le vende a la SEPI, no va a tener problemas”.

El conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, se mostró también a favor de que la SEPI sea parte de las negociaciones. El día 20 de julio antes de participar en un acto en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela dijo a los medios que “​​tanto el Ministerio como la SEPI tienen que ser partes activas en el proceso de negociación. Alcoa también tiene que dar pasos para ser facilitador del proceso de venta con las condiciones de mercado, pero facilitador al fin y al cabo”, como confirma la información facilitada por la Xunta a Newtral.es.

Alcoa y Reyes Maroto: La venta de la fábrica de A Mariña 

Alcoa defiende en el comunicado que “la inviabilidad de la planta tiene relación directa con la falta de competitividad del marco energético en España, que aún no ha sido resuelto por el Gobierno español”.

La empresa ya alegó esto el año pasado cuando anunció que no continuaría operando en San Ciprián. Alcoa citaba los costes energéticos, y también una bajada en los precios del aluminio a nivel global, que habían provocado unas pérdidas netas de 45 millones de dólares (unos 36,8 millones de euros). 

“Entendemos que sí hay un acuerdo, y si la empresa que entra invirtiera y el Gobierno apoyara a esta empresa hasta que empezara a funcionar, podríamos tener una solución”, dice Zan a Newtral.es. “Pero se tiene que regular el marco energético y la empresa que venga tiene que tener un plan energético a largo plazo”. 

Las fábricas de Alcoa en A Coruña y Avilés y Reyes Maroto

Zan explica que para los trabajadores es importante que la SEPI elija al comprador final y no Alcoa. Porque “lo que nos encontramos es que Alcoa va a elegir al peor de los cuatro. No va a poner al mejor competidor a dirigir la empresa. Y más habiendo sido condenada por vender de forma sospechosa dos fábricas, porque no había sido a un comprador fiable y solvente”, dice Zan. Alude a una sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a Alcoa por la venta a Parter Capital de fábricas en A Coruña y Avilés. 

Las fábricas de Avilés  y A Coruña tenían 317 y 369 trabajadores, respectivamente. Cuando Alcoa decidió cerrar la fábrica, alegando motivos similares a los de A Mariña, llegó a un acuerdo para venderlas al grupo suizo Parter Capital. Como parte del acuerdo, Alcoa debía vender las fábricas a “un comprador serio, solvente y riguroso que se haga cargo de las plantas y con ello del empleo, propósito que solo puede resultar exitoso si se acomete la necesaria adaptación y reindustrialización de las instalaciones”. Y también debía garantizar el empleo durante dos años para todos los empleados. 

Esto, según la Audiencia Nacional, exigía cuantiosas inversiones para modernizar las fábricas. Sin embargo, la sentencia recogió que Alcoa no había ofrecido ningún dato sobre los compradores que “permita siquiera inferir que cumplen con el perfil del comprador serio, solvente y riguroso que debe acreditar”. 

Después Parter Capital vendió las fábricas al Grupo Industrial Riesgo. La Audiencia Nacional consideró que ninguno de los dos cumplió “mínimamente el perfil de comprador serio, solvente y riguroso”. En la sentencia se decía que ambos “habían contribuido a la situación de desolación en que se encuentran las plantas y sus trabajadores”.

Al no cumplir las condiciones del acuerdo, el tribunal consideró que Alcoa no dejó de ser el empresario real de los trabajadores. Por ello debía cumplir las condiciones de contratos que se produzcan y de recolocación externa. Cumpliendo así los términos que se fijaron en los acuerdos alcanzados el 15 de enero de 2019 en las plantas de Avilés y A Coruña.