El 30% de los pisos turísticos anunciados por Airbnb en Barcelona no tienen licencia

Los datos recogidos por el proyecto Inside Airbnb: Adding Data to the Debate (Dentro de Airbnb: añadiendo datos al debate), estiman que el 30% de los pisos turísticos ofertados por Airbnb en Barcelona no tienen licencia. 

El proyecto, iniciado en 2016 por Murray Cox, investigador de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), se centra en estudiar la situación del alquiler ilegal y la gentrificación que se derivan de la expansión de la plataforma de alquiler turístico Airbnb en aquellas ciudades donde está presente.

En los últimos años, varios ayuntamientos han comenzado a implementar regulaciones para controlar el alquiler de este tipo de pisos turísticos. Por ejemplo, en Madrid se requiere una licencia de vivienda de uso turístico para ofrecer apartamentos a turistas. 

Inside Airbnb estima que el 30% de los pisos turísticos de Barcelona no tienen licencia

Barcelona ha intentado controlar el aumento de pisos turísticos en la ciudad a través del Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (Peuat), con el que restringe el alquiler de habitaciones de uso turístico a aquellas que se abran en viviendas turísticas y se reconviertan en residencia habitual.

Aun así, Inside Airbnb estima que el 30% de los alojamientos con actividad en Barcelona en 2023 no tienen una licencia de uso turístico. Para hacer el cálculo, la iniciativa monitorea los pisos que han recibido comentarios en los últimos seis meses y registran más de 60 días de reserva. La plataforma muestra que Ciutat Vella y el Eixample son los distritos de Barcelona donde hay la mayor concentración de pisos anunciados en Airbnb que no cuentan con licencia, 348 y 200, respectivamente. 

De hecho, en 2015, el Ayuntamiento de Barcelona llegó a suspender la entrega de licencias, y en 2019 la Generalitat volvió a recurrir a esa estrategia. En opinión de Iván Murray, profesor de Geografía en la Universidad de las Islas Baleares y miembro del Grupo de Investigación en Sostenibilidad y Territorio (GIST), las limitaciones impuestas por algunas administraciones “no son suficientes”. 

“Las capacidades de incidir en el asunto se deben dar en tipos laboral y fiscal”, indica el investigador a Newtral.es. “Si hay una comercializadora de viviendas en estos pisos ilegales con personas contratadas para hacer limpieza, es posible que estas personas no estén sujetas a los convenios del sector. A veces, ni siquiera están aseguradas. No es lo mismo hacer una inspección a un hotel que ir de vivienda en vivienda esparcidas en todo el territorio. Hay un sector vulnerable”, añade.