Las agresiones a sanitarios tramitadas por la vía penal en 2022 han aumentado un 48% desde la pandemia

El Ministerio del Interior ha registrado 2.310 agresiones a sanitarios tramitadas por la vía penal en los últimos cinco años para los que hay información disponible. Si en 2017 las autoridades registraron 61 infracciones, para 2022 la cifra subió hasta los 653 casos en total. Si se comparan los datos con el primer año de pandemia, con 440 casos en 2020, las infracciones penales registradas han crecido un 48,4%. Así consta en una respuesta obtenida por Newtral.es vía ley de transparencia. Estos datos recopilan los casos reportados por las autoridades policiales nacionales y locales, incluidas las navarras (a excepción del País Vasco y Cataluña cuyos datos no se incluyen) al Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC) del Ministerio del Interior.

Estas 2.310 infracciones corresponden a casos que han llegado a los juzgados de lo penal por agresiones a personal médico, enfermería o celadores, entre otros. Según indican las fuentes expertas consultadas por Newtral.es, no todos los casos llegan a los juzgados (que principalmente tratan casos de agresiones físicas) y, además, la mayor parte de las veces ni siquiera se denuncia por miedo a represalias. 

Si se tiene en cuenta la tasa por cada 100.000 habitantes, este tipo de violencia se registra mayoritariamente en la provincia de Ávila. En valores absolutos, las provincias con más casos registrados son Sevilla y Málaga con 206 y 202 casos cada una desde 2017. 

[«Sabíamos que pasaríamos de aplausos a agresiones«]

No es posible saber si estos casos denunciados completaron todo el proceso judicial

Para estos casos Interior no registra cómo acaban estas infracciones. De hecho, en su respuesta vía ley de transparencia recomienda acudir a los juzgados españoles para saber la resolución de los mismos. Por lo tanto, no es posible saber si estos casos denunciados completaron todo el proceso judicial o si recayó o no una sentencia sobre los agresores.

Así lo explica a Newtral.es Ana Isabel de Juan Mazuelas, doctora de la Universidad de Valladolid y autora de la tesis “La jurisdicción penal ante las agresiones al personal sanitario (2016)”. «Con los datos [se desconoce] por ejemplo, si la víctima desiste durante el proceso o el juez instructor entiende que no hay suficiente base para continuar», señala. 

• La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia en el lugar de trabajo como «todos aquellos incidentes en los que la persona es objeto de malos tratos, amenazas o ataques en circunstancias relacionadas con su trabajo, incluyendo el trayecto entre el domicilio y el trabajo, con la implicación que se amenace explícita o implícitamente su seguridad, su bienestar y su salud».

Desde el año 2015 se consideran actos de atentado los actos cometidos contra funcionarios públicos docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo o con ocasión de ellas. Así figura en el artículo 550 del Código Penal. 

La cifra de casos tramitados por la vía penal ha subido en 213 más respecto a 2020

Si se tiene en cuenta el número de infracciones tramitadas a lo largo del tiempo, la cifra ha pasado de 61 casos en 2017 a 653 infracciones en 2022. Sin embargo, estos datos no reflejan el total de agresiones a sanitarios. Faltan aquellas notificaciones que no pasan al ámbito penal, pero que sí se ponen en conocimiento de las autoridades, tal y como figura en el último informe disponible de agresiones a profesionales del Sistema Nacional de Salud (2021).

Aquí figura por ejemplo que, a través del sistema AlertCops, una aplicación de móvil usada para dar avisos a la policía, las autoridades atendieron 51 alertas de agresiones a sanitarios entre el año 2020 y 2023. Según la Policía Nacional, en 2022 se llevaron a cabo más de 8.000 actuaciones policiales en este ámbito, tanto en centros sanitarios como en atenciones domiciliarias, que se saldaron con 60 detenidos.

En las agresiones al personal sanitario existe «una gran infranotificación e infradenuncia»

Además, entre los datos también faltarían todas aquellas agresiones que no se ponen en conocimiento de las autoridades. «Existe una gran infranotificación e infradenuncia», explica Ana Isabel de Juan Mazuelas. Así, los casos denunciados son tan sólo la punta del iceberg de la violencia real existente contra estos profesionales. «La mayor parte de la violencia permanece oculta».

En sus palabras, existe una gran reticencia de las víctimas a notificar la agresión tanto para la verbal como la física. La verbales, señala, se debe a la minusvaloración de la importancia de la agresión, a su consideración como parte del trabajo y al escaso apoyo recibido por parte de la dirección de centros de trabajo.

En el caso de las agresiones físicas a sanitarios, detalla que suelen ser las que más se denuncian y llegan a los juzgados. Aunque estas no siempre se ponen en conocimiento de las autoridades.

«Los procedimientos judiciales suelen dilatarse mucho en el tiempo y existe un elevado coste para la víctima, sobre todo los de tipo emocional». Así, cuenta que los profesionales tienen miedo a las posibles represalias por parte del agresor o su entorno.

Según los informes, quienes principalmente padecen este tipo de violencia son mujeres, con una edad comprendida entre los 35 y los 55 años. Además, las consultas, las áreas de hospitalización y las urgencias son los lugares donde más ataques se producen.